El secretario de Agricultura contestó: Ni por ética. Seguirá recibiendo, él y su familia, dinero del programa Procampo, destinado supuestamente a la mejora de la competitividad de los agricultores del país. No le importa que el asunto haya detonado en escándalo, tampoco que esté bajo sospecha de ilegalidad o que haya quedado desacreditado frente a la población y los campesinos que no gozan, como él, de un subsidio. La pregunta es, ¿nadie más puede hacer algo? Desde luego que sí. El Ejecutivo federal tiene la palabra.
Algo muy grave sucede con un país cuando uno de sus secretarios de Estado deja de temer a las leyes y la opinión pública. El colmo sería que el secretario Francisco Javier Mayorga creyera realmente en el argumento de que la ley le permite actuar sin ética. Incluso si asumimos como cierta la suposición, significaría que el funcionario pudo haber cometido corrupción a través de contratos con empresas, tal vez nepotismo vía la estructura burocrática de la Sagarpa, o quizá renta de plazas a sus subalternos. Total, siempre hay manera de encontrar vericuetos legales para enriquecerse a costa del erario.
El aludido, Francisco Javier Mayorga, debió desistir de inmediato de los recursos que recibe, ya no digamos por principios y convicción, sino porque así conviene al ejercicio de su labor. ¿Cuánta confianza y credibilidad podrán ahora otorgarle los productores del campo a este administrador de programas sociales cuando los primeros beneficiados son él mismo y su familia? Por ese motivo habría sido congruente que renunciara, por ética, pero también porque en la política el descrédito vuelve obsoletos a los funcionarios a la hora de querer efectuar acuerdos y negociaciones.
Sin embargo, no perdamos de vista que el secretario de la Sagarpa no es la autoridad competente para determinar la legalidad de sus actos, ni siquiera la conveniencia social y política de los mismos. Para eso están la Secretaría de la Función Pública y su jefe, el Presidente de la República.
Meses después de que este diario denunciara por primera vez que cientos de funcionarios se benefician de Procampo, la Función Pública sigue sin pronunciarse, menos ha sido capaz de actuar. No es cosa trivial. Ese es el órgano que de inmediato debió aclarar si lo que hizo Mayorga era legal o no. Para eso está; para eso se le paga.
Si la Secretaría de la Función Pública no puede, entonces el Presidente de la República, Felipe Calderón, tendría que tomar cartas en el asunto. ¿Permitirá que en su gabinete los secretarios reciban dinero de los programas sociales? El silencio sería un mensaje muy claro. El que calla, otorga.
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