“El gobierno de los ricos y socialmente influyentes, el de la mafia o el del populacho, dejan ver, cada uno a su modo, las desventajas de un gobierno sin derecho en comparación con uno de derecho”, escribe Richard Bellamy al comentar a Bobbio (Doxa, Cuadernos de filosofía del derecho, número 28, 2005).
Al explorar conceptos de gobierno y de estado de derecho, casi da ternura la candidez con que el gerente en turno del poder oligárquico traza un retrato de su propio régimen al ensayar definiciones y descripciones del crimen organizado: “la organización criminal que a través de la violencia o la amenaza busca apoderarse de las rentas de las empresas lícitas o ilícitas en una comunidad”; “... una vez hecho el ‘arreglo’, los delincuentes controlan la autoridad y, una vez que la han sometido, se apoderan de la plaza sin restricción alguna y no existe límite a sus abusos sobre la población” (“La lucha por la seguridad pública”, Felipe Calderón Hinojosa, 14 de abril de 2010). Daría ternura, pero “la recuperación de la seguridad de las familias mexicanas” ha generado lo contrario y ha costado ya 23 mil muertos. Y mientras asistimos de manera obligada a la carnicería, el saqueo de los bienes públicos permitiría cubrir con una fila de monedas de a peso la distancia de aquí a Júpiter.
“Apoderarse de las rentas...” Al leer eso, uno piensa en la manera en que la alianza gobernante enjaretó a la mayoría de la sociedad un incremento de impuestos que habría podido evitarse si los altos funcionarios, los legisladores y los magistrados moderaran las facturas por viajes y comidas que endosan al presupuesto.
Además, las líneas citadas obligan a recordar que esta administración y las anteriores han saqueado impunemente a Petróleos Mexicanos, no para beneficiar al conjunto de sus propietarios –es decir, a la población–, sino para beneficiar a un puñado de magnates, trasnacionales y funcionarios públicos, ya sea mediante contratos que les dan a ganar miles de millones de dólares en perjuicio de las arcas públicas; ya por concesiones con 80 por ciento de descuento (adjudicación de frecuencias a Televisa y Nextel); ya por el otorgamiento de exenciones y privilegios fiscales escandalosos, como los que el propio Calderón reconoció el 29 de octubre del año pasado; ya por transferencias extrasalariales del erario a servidores públicos, como las que se otorga Francisco Mayorga, titular de la Secretaría de Agricultura.
Las caracterizaciones de la delincuencia que formula Calderón evocan también los atropellos a la ley cometidos en la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en la concesión a particulares de actividades constitucionalmente reservadas a la nación, en “la violencia o la amenaza” empleadas contra los mineros y los electricistas, en el uso de la fuerza pública para beneficio de la fuerza (financiera) privada de Grupo México: “los delincuentes –afirma Calderón– controlan a la autoridad y, una vez que la han sometido, se apoderan de la plaza sin restricción alguna y no existe límite a sus abusos sobre la población”.
Volviendo a Bellamy: “No es justo que los tiranos tengan el hábito de asegurarse la legitimación legal después de la toma del poder, y no antes de ésta”.
Si en algo acierta el panista es en que no fue la acción del gobierno la que provocó la violencia y que ésta es más bien fruto de los enfrentamientos entre distintos grupos de la criminalidad. Porque gobierno, lo que se llama gobierno, no hay mucho que digamos.
Otro que comenta a Bobbio, el colombiano Álvaro Acevedo Tarazona (Reflexión política, Universidad Autónoma de Bucaramanga, volumen dos, número tres, 2000), extrae de la lectura de El futuro de la democracia una conclusión local: “Si bien estamos viviendo en un país nominalmente ‘democrático”, a diario nos enfrentamos al desafío de reconstruir una verdadera democracia, en la cual el imperio de la ley, las libertades y la justa convivencia sean su sustento”. En México se puede decir más claro: la sociedad debe construir un gobierno.
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