En todo el mundo es común que haya alumnos que metan la mano en el cajón del profesor para robarse el examen. Lo curioso en el caso de México es que la práctica se extienda a los profesores. Meten la mano a las arcas públicas para obtener plazas y canonjías a través de la tranza. Hay que aclarar: no es un mal endémico de los mexicanos, menos aún de la noble labor del maestro. La práctica corruptora existe por la ausencia de una autoridad autónoma que evalúe a los maestros de forma objetiva, para que éstos no puedan obtener una plaza o recibir más dinero según los “conectes” y malversaciones que tengan.
En el estudio “Escuelas Corruptas, universidades corruptas: ¿Qué hacer?” la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) identifica las cinco causas de la corrupción educativa: malversación, soborno, fraude, extorsión y favoritismo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, señala la institución, es ejemplo de un sistema gremial diseñado para permitir esos vicios como la venta de plazas de profesor. En tanto, la autoridad educativa, encabezada por la Secretaría de Educación Pública, no ha podido quitar al poderoso sindicato la prerrogativa de autorregularse, autoevaluarse y autofinanciarse, en ocasiones con fines partidistas o electorales.
Desde luego, es inviable una solución que se vaya al extremo contrario, es decir, una autoridad educativa que ponga y quite profesores de forma unilateral. La solución es por tanto crear una instancia que realice esa función al margen de los intereses de gobierno y sindicato. Para eso fue creado el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), un organismo nacido el sexenio pasado ex profeso para diagnosticar de manera objetiva los problemas de la educación en México.
El INEE ya ha demostrado su independencia y seriedad al criticar con datos duros tanto las ineficaces políticas educativas de los gobiernos como las rapacidades del sindicato. ¿Para qué brincar estando el suelo tan parejo? Si ya se cuenta con una institución de este calibre, legisladores y gobierno federal tendrían que dotarle de la autonomía y las facultades necesarias para definir mecanismos de ingreso y ascenso de los profesores.
La actual “alianza” educativa entre el sindicato magisterial y el gobierno federal, elaborada desde las cúpulas, ha demostrado no ser más que un simple pacto de buenas intenciones.
Mejor sería confiar la asignación de plazas e incentivos a una institución autónoma como el INEE que sustente sus acciones en procesos formales y no en intereses injustificables.
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