Que tras recibir a Felipe Calderón en el aeropuerto de Acapulco, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, se despidió del convoy presidencial tan solo para que, unos metros adelante, se subiera a la camioneta del Presidente y, lejos de los reflectores, pudieran sostener una conversación.
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Que a propósito de Acapulco, en un folleto que seguidores de Andrés Manuel López Obrador circulan en redes sociales se convoca a protestar contra el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.
Lo curioso es que piden ir disfrazados de “sociedad civil”, sin pancartas alusivas al tabasqueño ni al Movimiento de Regeneración Nacional.
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Que también las huestes del sindicato minero, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, planean presentarse en los actos de Enrique Peña Nieto para hacerle manifestaciones estilo Ibero, como parte de sus actividades de apoyo a los partidos de izquierda.
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Que el ex secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont visita Los Pinos no solamente para preparar la estrategia de Felipe Calderón ante la eventualidad de tener que enfrentar litigios cuando concluya su gestión.
Dicen que también acude para “sensibilizar” a funcionarios de la Oficina de la Presidencia, que encabeza Gerardo Ruiz Mateos, relacionados con el sector de las telecomunicaciones, representando los intereses de Telmex.
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Que el más álgido de los temas es el cambio del título de concesión de la telefónica para que pueda ofrecer video en sus redes.
Otro abogado que está muy activo en la tarea de Gómez Mont es el ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos.
De darse la modificación, en opinión de los operadores de telecomunicaciones, tales como los cableros, entre otros, quedará “en riesgo” la viabilidad económica del resto de los participantes en el sector, debido a la concentración actual del “operador incumbente”.
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Que el secretario de Educación, José Ángel Córdova, tuvo que dar su brazo a torcer al prometerle a la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, que los docentes no sufrirán ninguna sanción si se dejan evaluar antes de que termine el sexenio.
Sin embargo, el Acuerdo por la Evaluación que firmó el presidente Calderón en mayo de 2011, dicen quienes se oponen, estipulaba que los maestros que no presentaran el examen se harían acreedores a las consecuencias.
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