viernes, 13 de julio de 2012

AMLO: Estado de Derecho. EPN: $ufragio “con efectivo”- JANE DE LA SELVA

Se presentará un juicio de inconformidad bajo protesta.

El IFE no ha resuelto miles de quejas.

La FEPADE tiene cientos de denuncias para declarar orden de aprehensión contra los delincuentes electorales y no lo hacen.

La misma autoridad ha roto las reglas ha propiciado la inconstitucionalidad.

El TRIFE tendrá ahora la obligación suprema de evitar que se pisotee la Constitución.

Los agravios son: La inequidad del trato de los medios, el grosero rebase del tope de campaña, financiamientos encubiertos, coacción al voto, intervención ilegal, negligencia. Las pruebas en su mayoría han sido proveías por los ciudadanos.

La novedad 2012, fue un contrato negociado por 56 millones de dólares para manejar la imagen de EPN en USA, quien hizo el ridículo y se mostró como lo que es en una entrevista internacional de CNN: un “fake”, un impostor, un fiasco ante el público transnacional que lo escuchó.

Geaisa, Mitofsky, Parametría, Ulises Beltrán de Excelsior, Buendía y Laredo, empresas de la estadística que utilizaron en efecto sus encuestas como arma de propaganda que deliberadamente generaron la percepción de que las elecciones estaban decididas desde hace meses. Por supuesto que esta confesa manipulación también aporta lo suyo para la evidencia de tranza electoral.

A pesar de que desde el 8 de febrero AMLO solicitó al IFE una serie de medidas para garantizar la equidad electoral, fue desoído deliberadamente. Se insiste en la omisión del IFE. De falsear información incorrecta cuando por fin dio respuesta a esta justa exigencia del líder tabasqueño más de tres meses después.

El IFE no cumplió con el pueblo de México. Los casos más patentes de compra de votos en sus diferentes formatos de operación, fueron Veracruz, Zacatecas, Yucatán y Chiapas.

Televisa, TVAzteca, Milenio, Monex (caso gravísimo, aseveró el senador Monreal, esto que luce como monumental lavado de dinero y que a nadie parece interesar). Soriana: miles de ciudadanos arrepentidos que recibieron su “beneficio” cuando se enteraron de la realidad, fueron ante notario a declarar su rechazo e inconformidad contra esta empresa que utilizó a los ciudadanos con fines políticos.

La demanda al TRIFE será la invalidez de la elección. Esta es la ruta legal para impedir la imposición antidemocrática.

Porque es imprescindible según la Constitución que las elecciones sean “libres auténticas y periódicas” para declarar que se ha cumplido con el Estado de Derecho. Si no demandáramos esto, sería renunciar a la Democracia a la ética a la dignidad personal y colectiva. Sería permitir que se sigan pisoteando nuestros derechos.

Se violó la libertad de los ciudadanos más marginados con abundante e ilegal “efectivo” con el objeto de captar su sufragio lo que determinó el resultado de los comicios.

Todo científico de la ley mexicana y conozco a cantidad de ellos progresistas o conservadores, ha reconocido que existen los elementos suficientes para invalidar la elección. Punto.

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