El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya aceptó que las tarjetas o monederos electrónicos distribuidos por los partidos políticos (sólo el PRI los repartió), son "propaganda válida".
Muy bien, ahora que investigue si el monto repartido a través de las mentadas tarjetas que regaló el PRI es el permitido por la ley, porque en el caso del candidato Peña Nieto rebasaron con mucho el tope de campaña. Esto no sólo es un reclamo del Movimiento Progresista, sino de millones de mexicanos que siguen atentos el desenlace de los hechos ocurridos antes y durante la elección.
El TEPJF está obligado a revisar minuciosamente la infinidad de pruebas que ha presentado el Movimiento Progresista para solicitar la invalidez de la elección presidencial.
Antes de avalar las irregularidades y legalizar los recursos, de procedencia ilícita, que utilizó el PRI para comprar la voluntad de miles de mexicanos, el TEPJF está obligado a dar una explicación creíble por la que se avalará la llegada al poder mediante violaciones permanentes a la ley electoral vigente.
No es justificación decir que todos los partidos hicieron uso de "propaganda válida". Lo que se está demandando es el monto y la procedencia de los recursos que utilizó el PRI para su "propaganda válida".
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