Estamos a unas horas de que pasó lo que ya había pasado, lo que hace tiempo había ocurrido, lo que se sabía, lo que estaba decidido. Se hizo realidad la historia, ha tiempo pergeñada y escrita. Fue ya la noticia del día. La calificación de la elección presidencial de 2012.
Una historia que podíamos leer desde hace tiempo, en el empañado espejo retrovisor de nuestro camino al porvenir. Una historia mandada a hacer por los poderes fácticos y las fuerzas fatídicas.
Será pronto realidad también ese correo que circula en las redes sociales, síntesis de la irónica desesperanza que nos ubica en la nostalgia de nuestro futuro: “Cambio de horario –anuncia–, el próximo 1º de diciembre no olvide retrasar 70 años su reloj”.
Pero yo no me quiero referir ahora a esa sentencia que fue leída con el solemne aparato previsto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que yo, al escucharla, interpreté en traducción simultánea: Culpable, sentenció el tribunal al pueblo de México; la pena, sin derecho a fianza, será, al menos, de seis años de regresión, opresión y trabajos forzados, y por tanto, de lucha social sin cuartel para defender una democracia que se desmorona, un patrimonio que desaparece, una soberanía que se esfuma y una dignidad nacional que se avasalla, frente a los embates de la corrupción y el entreguismo, hechos poder.
Seis años de un futuro que podemos escribir desde ahora, si bajamos los brazos y nos dejamos abatir por el desánimo, la depresión o la impotencia.
Una sentencia que nos obliga a llamar a la rebelión de las conciencias y sacudir el marasmo ciudadano; a levantarnos en armas: las de la razón, la inteligencia, la moral, la cultura, la civilidad, el amor por la patria y detener el avance de las nuevas –¿nuevas?– hordas de los Atilas de la modernidad, de quienes se sabe que donde pisa su caballada, por flaca que esté –y mientras más flaca, como es el caso, con mayor encono– no vuelve la hierba a crecer.
“Se puede –ahora cito a Maximiliano Robespierre, el incorruptible, el revolucionario francés conocido como el hombre más probo de su siglo– abandonar a una patria dichosa y triunfante. Pero amenazada, destrozada y oprimida, no se le deja nunca, se le salva o se muere por ella.”
Ese es mi razonamiento político, mi interpretación histórica, mi traducción personal, sujeta –y la sujeto– desde luego, a debate.
No, ahora quiero referirme a la sentencia del Trife y al antecedente que la hace posible, el documento elaborado exhaustivamente por el tribunal, el juicio madre –que en el nombre llevaba su destino–, por el que se desestiman las impugnaciones presentadas por los partidos del Movimiento Progresista y que múltiples opiniones, con las que concuerdo, consideran insatisfactorio, insuficiente, contradictorio, sesgado, lamentable.
Estos documentos requieren un profundo análisis jurídico, académico, formal e imparcial, de las voces más autorizadas, sin interpretaciones personales como la que expongo. Desde luego yo no soy persona que pueda, ni por mi formación profesional ni por mi involucramiento en un proyecto político en el que participo con convicción plena, hacer este análisis.
Pero soy un ciudadano convencido de que por la salud de la República y de sus instituciones, por el futuro de nuestra democracia, es necesario conocer la verdad-verdad y que las sombras de la duda no oscurezcan nuestro tránsito al porvenir.
Propongo por ello que las más prestigiadas instituciones de investigación y enseñanza del derecho en nuestro país, donde se encuentra el talento, el rigor académico y la honestidad intelectual de grandes juristas nacionales y extranjeros: Instituto de Investigaciones Jurídicas y Facultad de Derecho de la UNAM, la Escuela Libre de Derecho, la Barra Mexicana de Abogados, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Universidad Iberoamericana, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, en fin, todas las instituciones serias del país, tomen la sentencia del Trife y el documento que desestima los agravios planteados como caso de estudio y organicen debates, análisis, mesas redondas, talleres, seminarios, para someterlos a la más profunda, seria e imparcial de las pruebas. Harían una gran aportación al bienestar de la nación.
Porque es importante para el mejor futuro de México, que todo se esclarezca, que se ataque la corrupción en todas sus formas, desde todas las atalayas y particularmente la que se perpetra amparada por las lagunas o las interpretaciones sesgadas de la ley y la servil aquiescencia de sus tribunos. Porque es necesario lograr el imperio de la verdad, porque tenemos que superar la práctica del engaño y de la manipulación y la injusticia de nuestra justicia; porque es conveniente señalar ante todos, el papel que ha jugado, que juega y cómo lo ha jugado y lo juega cada protagonista. No es válido que la política envilecida venza a la democracia y sumerja a nuestra nación en un pozo sin fondo y en un ejemplo lastimoso de desprestigio internacional. El pueblo de México tiene derecho a saber la verdad sin velos ni cortapisa alguna.
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