martes, 8 de septiembre de 2009

Ricardo Rocha Detrás de la Noticia

Yo soy Jacinta y Teresa y Alberta






Por supuesto que regocija la posibilidad de que pronto pueda repararse una injusticia brutal para la memoria de este país: la prisión a que se ha visto sometida durante tres largos años Jacinta Francisco Marcial. Como saben, una indígena otomí del estado de Querétaro condenada a 21 años de cárcel, acusada por la Procuraduría General de la República de secuestrar a seis gorilones agentes de la AFI.

Luego de un largo y tortuoso proceso, el único secuestro ha sido el de la propia Jacinta, que no entendió nunca de qué la acusaban porque entonces todavía no hablaba español. Iniciándose así una larga cadena de aberraciones jurídicas ampliamente documentadas ante la opinión pública.

Ahora, después de todo este tiempo, la PGR informa en un escueto boletín que en el caso de Jacinta aplica la figura legal denominada “duda razonable” concerniente “única y exclusivamente a la responsabilidad penal de Jacinta Francisco Marcial”, por lo que adelanta que al cierre de la instrucción se presentarán “conclusiones no acusatorias”.


De ello se desprenden una verdad y una amenaza: primero, que la PGR nunca tuvo ni tiene elementos de prueba contra Jacinta; tampoco tuvo ni tiene los tamaños y el valor de reconocer que todo se debió a un capricho para castigar al pueblo de Santiago Mexquititlán por su rebeldía a los abusos de los afis; y que mintió tan flagrantemente que el agente que dio por secuestrado jamás se ha presentado a ratificar su declaración.


Pero, en el colmo de una necedad abyecta, la PGR amenaza desistir de la aberración con Jacinta, pero persistir en el atropello a Teresa González y Alberta Alcántara. También acusadas por los mismos hechos, también mujeres, también pobres y también indígenas ñha-ñhus, que seguirían en la cárcel otros 18 años y cuya única diferencia procesal es que ellas fueron defendidas por abogados particulares y no por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez que asumió la defensa de Jacinta.


Pareciera que el gobierno federal a través de la PGR quiere enviar un doble y absurdo mensaje: a la opinión pública, que no se equivocaron del todo en este vergonzoso episodio; y a sus esbirros, que pueden seguir abusando impunemente de los más desprotegidos.


Se equivocan también por partida doble. Nada de lo que hagan ahora podrá eximirlos del juicio popular que derivará en un juicio penal. Y si alguna vez fuimos Jacinta, ahora también sabremos ser Teresa y Alberta. Y todas las Jacintas, Teresas y Albertas que para vergüenza de este país siguen presas en este México que ya no está para más injusticias. Ni le busquen.

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