Pareciera que las comunidades de los pueblos originarios actuales en América Latina pudieran desarrollar un modelo democrático político más adecuado que la forma de Estado burgués moderno. Tal posición es defendida por aquellos que piensan que la disolución del Estado es condición de posibilidad de un ejercicio justo de la política.
En su última obra, Commonwealth, Antonio Negri considera nuevamente la forma Estado como una institución propia de la modernidad burguesa (lo mismo que J. Holloway y otros intelectuales) que hay que superar para iniciar lo que pudiera llamarse propiamente la política.
Esta tesis, como es sabido, fue defendida por el anarquismo (como el de Bakunin). K. Marx se opuso a este último en el sentido de que desde el campo social, por la lucha de clases en el nivel económico, había que superar a) el trabajo asalariado y b) el capital como condición de posibilidad de c) la disolución del Estado, y no por una lucha política directa (como los anarquistas) contra el Estado.
Esta triple negación es el tema que expone con gran solvencia el antiguo asistente de G. Lukacs, expulsado muy joven de Hungría, István Mészáros, en su obra reciente Más allá del capital (2006). La diferencia de Mészáros, con respecto de los otros pensadores nombrados, es que expone a partir de esa triple negación la manera como Marx llega a una importante conclusión: “De aquí que él [Marx] mantuviera su definición preponderantemente negativa de la política hasta en sus últimos escritos, a pesar de su claro reconocimiento de que es necesario involucrarse en la política” (Mészáros, p. 532), y por esto mismo “no resulta en modo alguna sorprendente que Marx jamás haya logrado trazar aunque fuese los perfiles desnudos de su teoría del Estado” (p. 564). Esto no niega que “la elaboración de una teoría marxista del Estado es tanto posible como necesaria hoy en día” (Ibid.). Es decir, la deficiencia del marxismo posterior a Marx en torno a la cuestión del Estado se origina en este “hueco teórico” del mismo Marx que debemos llenar urgentemente. Pero el “hueco teórico” no es sólo sobre el Estado, sino en una labor que Marx nunca pudo cumplir en el campo político; es decir, desarrollar una crítica de todo el sistema de las categorías de la filosofía política burguesa (crítica que realizó en el campo económico).
Hablando personalmente con Samir Amin en un Foro Social Mundial de Porto Alegre me decía: “El Estado egipcio fue el primer Estado en sentido estricto de la historia mundial, hace 5 mil años”. De la misma manera el incario en el Perú antes de la conquista, la organización política de las ciudades mayas o el altépetl azteca (como muestra) son estados tributarios (como los clasificaría Darcy Ribeiro en su obra El proceso civilizatorio). De manera que el Estado liberal moderno, manejado por la burguesía desde la revolución inglesa, es una forma de Estado particular, pero de ninguna manera la única. La superación de esta forma estatal no significa la disolución empírica del Estado como tal –que en sentido estricto es un postulado–. Y éste es el debate actual.
Algunos, como hemos dicho, en nombre de la organización política (o meramente social) de las comunidades originarias, tal como se encuentran hoy, las oponen a una forma de Estado liberal burgués, y se inclinan por el modelo de democracia directa de las comunidades indígenas actuales, sin Estado por lo tanto. En primer lugar, olvidan que las actuales comunidades son el resto de las naciones originarias que antes de la conquista (en las civilizaciones urbanas) tuvieron Estado, que comprendía a veces millones de miembros (como entre los incas). Allí había una organización estatal, no burguesa ni liberal, pero había Estado. En segundo lugar, pueden ser tomadas como un modelo ejemplar para ser aplicado a situaciones analógicas como las asambleas de barrios, pequeñas aldeas, fábricas, etcétera, donde la participación de democracia directa es esencial.
Pero, como hemos indicado en una colaboración anterior, esta participación en la base (y a través de mediaciones de la participación hasta el poder ciudadano en el nivel del Estado federal) no se opone, sino que debe fiscalizar las instituciones de la representación del Estado (transcapitalista, transliberal, transmoderno).
De manera que si oponer “representación versus participación” es una falsa contradicción (ya que hay que articularlas y definirlas en sus funciones distintas), de la misma manera “Estado versus comunidad democrática directa” es también una falsa contradicción, porque hay que saber articular ambas dimensiones en diversos niveles.
En un nuevo Estado (más allá del Estado moderno y burgués, que se iría acercando a la disolución del Estado por la disminución de la burocracia, la participación de las mayorías democráticamente en las decisiones, la transparencia de la representación, etcétera) la participación debe arrancar en la base de todas las instituciones (estatales) a partir de comunidades (cuya vida puede aprender muchísimo de los pueblos originarios tal como se encuentran en la actualidad en América Latina). Esto no se opone a que haya que inventar instituciones de participación a escala municipal, del Estado local o provincia, hasta llegar al Estado federal (por ejemplo, con el indicado poder ciudadano de la Constitución bolivariana). Pero esto no elimina, porque sería un idealismo voluntarista, la necesidad de la representación en los indicados niveles (municipal, del estado local o provincia, etcétera), que serían fiscalizado, mucho más estrictamente por las instituciones de participación.
Si alguien expresa: “La comunidad es socialismo-comunismo”, habría que tomarlo con cuidado. En el nivel de la base popular: sí. Pero esto no es lo mismo que el “socialismo-comunismo” en el nivel de las comunidades políticas de millones de ciudadanos como pueden ser las de Brasil, Ecuador o la India.
Intentar poner como modelo a) la organización de la comunidad en la base poco numerosa (con la participación del ciudadano por medio de una democracia directa, lo que debería implementarse) con b) la organización de millones de ciudadanos es idealismo político, moralismo anarquizante; es comprometerse sólo en el nivel social, y optar por una posición negativa ante la política (puerta que dejó abierta el mismo Marx en la interpretación de I. Mészáros), lo que hace cometer decisiones estratégico-políticas discutibles. Y la cuestión es aún políticamente más relevante en situaciones como las que se dan en Bolivia, Venezuela o Chiapas, y por ello son posiciones que deben ser debatidas explícitamente, para no caer en dogmatismos vanguardistas o utópicos (en el sentido negativo de este último término).
* Filósofo
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
“¿Reelegir a estos?”
Denise Dresser
En México comienza a debatirse un tema tabú: la reelección de legisladores y presidentes municipales. En aras de contribuir a la reflexión sobre el tema he agrupado los principales argumentos en contra, y ante ellos presento mis contra-argumentos a favor.
Argumento 1: “¿Para qué reelegir a los legisladores si son realmente pocos los comprometidos con el pueblo que los eligió?”.
Esa falta de compromiso es producto natural del modelo actual. La ausencia de reelección produce diputados cuyo destino depende más de los dirigentes de sus partidos que del voto popular. La falta de reelección engendra congresistas que carecen de incentivos para escuchar a sus supuestos representados. México rota élites pero no representa ciudadanos. México asegura la competencia entre partidos pero no los obliga a rendir cuentas. Y esto sólo se consigue con la reelección –una medida que no es suficiente en sí misma para remediar todos los males de la democracia mexicana, pero es una condición necesaria para comenzar a encararlos.
Argumento 2: “Los congresistas mexicanos son soldados de los partidos políticos, no representantes populares”.
Sin reelección, los legisladores continuarán actuando sin atender a sus representados, sin calibrar las consecuencias de sus actos, sin medir el volumen de sus gastos, sin recibir sanción por sus abusos. El Congreso –tal y como funciona hoy– no representa los intereses de los mexicanos, sino los intereses de las cúpulas partidistas o los poderes fácticos precisamente porque no hay reelección. La reelección ataría a los legisladores a las agendas ciudadanas. La reelección –con límites establecidos– serviría como un mecanismo democrático de supervisión.
Argumento 3: “El Congreso no asume un papel constructivo; reelegirlo sería perpetuar la ineficiencia”.
La consigna del pasado “Sufragio Efectivo, No Reelección” ha producido un panorama perverso en el cual el sufragio lleva a un diputado al Congreso sin que después pueda vigilarse lo que hace allí. Al no haber reelección, no existe la posibilidad de profesionalización. Al no haber reelección, los amateurs dominan la discusión. Al no haber reelección, quienes llegan al Congreso no lo hacen para quedarse, para crecer, para aprender. Llegan como bonsáis y se van del mismo tamaño.
Argumento 4: “Nos regresaría a tiempos porfiristas. La Revolución Mexicana se libró bajo el principio de ‘Sufragio Efectivo, No Reelección”.
Hay demasiados mexicanos indoctrinados con sus libros de texto gratuito, a los cuales generación tras generación se les ha enseñado a creer que la Revolución se libró bajo el principio de “No Reelección”. Pero era la no reelección de Porfirio Díaz. La Constitución de 1917 permitía la reelección, pero el PRI después la eliminó precisamente para instaurar el sistema que tenemos hoy a pesar de la alternancia. Un andamiaje creado para permitir la rotación de élites impunes. Para preservar las parcelas de poder de las élites. Para recompensar la lealtad. Y poco a poco se ha convertido en una cleptocracia rotativa que la democracia ha hecho poco para desmantelar. Como nadie tiene que pelear para reelegirse, nadie tiene que mantener las manos limpias.
Argumento 5: “Al no haber reelección nos aseguramos de que sólo se queden en el puesto –y roben en él– tres o seis años”.
En México no hay reelección pero sí hay trampolín. Cada tres años, entran diputados y salen otros; cada seis años, entran senadores y salen otros. Aterrizan en el presupuesto público, viven de las partidas de los partidos, hacen como que legislan y después se van. Saltan de la Cámara de Diputados al Senado y de allí a una presidencia municipal o a una diputación local, para regresar eventualmente al Congreso. Hacen todo eso sin haber rendido cuentas jamás porque no existe un mecanismo para castigarlos si no cumplen.
Argumento 6: “Más que la rendición de cuentas, la reelección sería la rendición ante las cuotas de representación”.
Con demasiada frecuencia la democracia mexicana termina capturada por poderes fácticos porque no cuenta con el contrapeso de la ciudadanía. Como la supervivencia política de un diputado no depende de la reelección en la urnas, sino de la disciplina partidista y la buena relación con Televisa y TV Azteca, los partidos acaban embolsados. Este comportamiento condenable existe y persiste, pero no porque la clase política mexicana tenga una propensión genética a la corrupción descubierta al descifrar el genoma mexicano. El problema no es cultural, sino institucional; los políticos en México se comportan así porque pueden. Porque no hay suficientes mecanismos institucionales para acotar el poder de los partidos –o de sus dueños– y aumentar el poder de quienes, con su voto, los eligieron.
Argumento 7: “La reelección de alcaldes sería una invitación abierta para el desvío del presupuesto con fines electorales, políticos y personales”.
Esos desvíos ya ocurren, y sin sanción. Todos gastan y nadie vigila. Hay pocos puestos mejores sobre el planeta que el de un político mexicano, ya sea diputado, senador o presidente municipal. No tiene que trabajar para cobrar su sueldo ni tiene que rendir cuentas para conservarlo. No tiene que explicar el sentido de su voto en el Congreso ni tiene que estar presente para otorgarlo. No tiene que responder a las necesidades del electorado ni establecer una relación con él. Puede ser abogado privado y político, boxeador y político, playboy y político, personaje de Big Brother y político, incompetente y político. Saltará a otro puesto al final de su periodo, independientemente de lo que haga allí.
Argumento 8: “Nuestra democracia no es lo suficientemente buena para adoptar la reelección; no estamos listos”.
Esta lógica perpetúa el excepcionalismo contraproducente del “Como México no hay dos”. ¿Para qué emular a los demás? ¿Para qué aspirar a ser mejores? ¿Para qué renunciar al orgullo de la extravagancia? ¿Para qué ser como esos países que dan derechos a sus ciudadanos y les rinden cuentas? ¿Para qué ser como esos gobiernos que generan el crecimiento económico y combaten la corrupción y promueven el interés público? Si México es tan excepcional gracias a la no reelección…
Argumento 9: “La reelección es un argumento ‘políticamente correcto’ y México no tiene por qué apoyarlo”.
En efecto, la reelección es un instrumento ‘políticamente correcto” que ha durado más de 200 años; una moda de las democracias parlamentarias que decidieron empoderar a sus ciudadanos y erigir instituciones que los representaran; una moda con razón de ser, tan universal como la ropa interior y los zapatos. Una moda que 187 países –con la excepción de México y Costa Rica– han adoptado. Un derecho esencial que el sistema político priista quitó a los mexicanos que ahora creen que no lo necesitan.
Argumento 10: “Con la reelección, el narcotráfico y los poderes fácticos se infiltrarían en las elecciones”.
Ese no es un argumento suficiente para desacreditar la reelección. Si lo fuera, la reelección no existiría en ninguna parte y existe en todas excepto en Costa Rica y aquí. Junto con ella habría que instituir mecanismos para controlar el influjo del dinero en las campañas, tal y como lo hacen otros países. Junto con ella habría que crear reglas para que no vuelva a repetirse lo que México ya padeció: los Amigos de Fox y el Pemexgate y la Ley Televisa y tantos otros ejemplos de compra y captura e infiltración. Hoy los poderosos ya han capturado a los políticos; hoy el dinero privado ya compra funcionarios públicos. Y eso ocurre sin la reelección legislativa, lo cual coloca al país en el peor de los mundos: una clase política al servicio de intereses económicos poderosos y sin rendición de cuentas.
Argumento 11: “No se debe promover la reelección porque la población se opone a ella”.
Pero a veces es imperativo mostrar un poco de liderazgo. Tomar decisiones impopulares por el bien de la democracia. Hacer lo que han hecho otros líderes en contra de la opinión pública prevaleciente en sus países: abolir la esclavitud, otorgar el sufragio a las mujeres, reconocer los derechos civiles de los afroamericanos, eliminar el apartheid. Gobernar para la historia y no para el partido.
Argumento 12: “La reelección no resolvería los múltiples problemas de la democracia mexicana”.
Es cierto, la reelección legislativa no resuelve el conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo; no resuelve la falta de acuerdos. Tampoco cura el acné o previene la caída del cabello. La reelección no es una panacea para todos los males ni busca serlo. Es un instrumento diseñado para acotar el poder de los partidos y aumentar el poder de los ciudadanos. Es un mecanismo que permite castigar a los legisladores que aumentan los impuestos, a quienes otorgan exenciones fiscales a Televisa, a quienes eliminan candados a la fiscalización del gasto, a quienes ejercen el poder de manera impune.
Quienes se oponen a la reelección legislativa quieren desviar la atención de un problema central. El poder en México está concentrado en un manojo de partidos corruptos. El poder está en manos de un grupo de políticos que se rehúsan a ser juzgados. Los partidos corruptos y los políticos opacos producen malos gobiernos. Los malos gobiernos no proveen bienes públicos para su población. No producen empleo ni garantizan la seguridad ni respetan los derechos civiles. Por ello México no cambia aunque sus habitantes quieren que lo haga.
Y no cambiará mientras su clase política siga imponiendo la voluntad de algunos sobre el destino de muchos. Mientras haya tantos que no quieren someterse al escrutinio de los electores, que no quieren enfrentarse a quienes votaron por ellos, que no quieren regresar a sus distritos para explicar lo que hicieron con su tiempo y con el dinero de los contribuyentes. Porque viven muy bien así. Porque cobran muy bien así. Porque saltan de un puesto a otro muy bien así. Porque controlan al país muy bien así. Porque mantienen maniatados a sus habitantes muy bien así.
Esa seguirá siendo la situación mientras el sistema político funcione para rotar a cuadros partidistas en vez de representar a ciudadanos. Mientras los partidos rechacen la reelección legislativa porque no quieren perder el control ni compartir el poder. Mientras los legisladores se rehúsen a ser juzgados. Mientras los “representantes populares” prefieran quedar bien con Manlio Fabio Beltrones o con Beatriz Paredes o con Elba Esther Gordillo o con Televisa o con Carlos Slim o con Enrique Peña Nieto antes que quedar bien con quienes los eligieron.
No hay comentarios:
Publicar un comentario