Con tres años de atraso, el gobierno de Felipe Calderón se ha planteado “ganar la confianza de los mexicanos” y para ello pretende impulsar lo que denomina una “reforma política” que, al igual que ocasiones anteriores, difícilmente transitará.
Cabe señalar que no se trata de una verdadera reforma política, ya que ninguno de sus elementos representa una transformación del régimen político y queda a la zaga de los acuerdos alcanzados por las fuerzas políticas sobre la reforma del Estado. Se trata de ofrecimientos que si bien retoman iniciativas planteadas por la izquierda desde al menos dos décadas, como la iniciativa popular para que los ciudadanos puedan promover leyes y la figura de candidaturas independientes, con la cual los ciudadanos podrían hacer valer su derecho a votar y ser votados, mantienen serias limitaciones, pues deja pendiente una nueva generación de derechos que permitan el ejercicio de la democracia directa (plebiscito, referéndum, revocación de mandato, rendición de cuentas, presupuesto participativo); y si bien se avanza en romper el monopolio de los partidos en la representación popular, se endurecen los requisitos para crear nuevos partidos, al incrementar al 4% el requisito para el registro, lo que se agrava al promover la elección consecutiva, hasta por 12 años, de presidentes municipales, jefes delegacionales y legisladores, lo que dejaría en una profunda condición de indefensión a los candidatos independientes, pues al no definirse los mecanismos de financiamiento de las campañas y las reglas para enfrentar a los partidos y a los poderes fácticos, los cacicazgos locales y municipales se consolidarán. Basta Imaginar a un candidato independiente compitiendo contra los aparatos corporativos de los gobernadores Enrique Peña Nieto, Fidel Herrera o Ulises Ruiz.
Propuesta por demás ajena a las preocupaciones de los mexicanos, que se presenta justamente en el centenario de una revolución que luchó por el sufragio efectivo y la no reelección, y en un momento donde las instituciones de representación política enfrentan un severo cuestionamiento social y que difícilmente puede sostenerse en tanto no existan instituciones electorales acreditadas, que garanticen el respeto al derecho al voto, la autonomía de los congresos locales y los poderes municipales, y la no injerencia del dinero mal habido y los poderes fácticos en los procesos electorales.
En cuanto a la disminución de los integrantes del Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, ésta puede revisarse, siempre y cuando se conserve el principio fundamental de la representación proporcional plena. Por eso cualquier disminución en el número de legisladores debe contemplar la disminución en los distritos y en los integrantes de listas de representación proporcional para garantizar la representación de todas las fuerzas políticas y evitar la sobrerrepresentación de cualquiera de ellas.
En cuanto a la segunda vuelta en la elección presidencial. El escenario que se ha venido configurando, bajo la mala actuación de la autoridad electoral y la polarización política inducida por los poderes fácticos, es la de alentar un sistema bipartidista en el país. Lo que cobraría mayor vigor en un sistema, donde no hay garantías democráticas en el ejercicio del voto. Por lo que el establecimiento de una segunda vuelta fortalecería la tentación del bipartidismo y conduciría al desmantelamiento del incipiente sistema de partidos políticos.
Otras propuestas representan una regresión. En particular, al establecer el derecho preferente del Poder Ejecutivo para presentar al inicio de cada periodo de sesiones dos iniciativas de ley para que sean votadas en el mismo periodo, se introduce un esquema de afirmativa ficta que viola el esquema de contrapesos y autonomía entre poderes, cuando se plantea que si el Legislativo no vota estas iniciativas, se considerarían aprobadas. Ello conculca la facultad exclusiva e irrenunciable del Congreso de legislar, a lo que se suman la intención del Ejecutivo para hacer observaciones parciales a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, al igual que la facultad que se pretende otorgar a la Corte para iniciar leyes, cuando éste es el poder encargado de vigilar su aplicación.
El Congreso valorará estas propuestas, sin embargo para recuperar la truncada transición democrática del país, es necesario retomar las iniciativas y acuerdos alcanzados en ejercicios anteriores, dejando de lado el tema de la reelección que un siglo después seguirá dividiendo a los mexicanos.
PD: La foto publicada del cuerpo sin vida de Arturo Beltrán Leyva, ¿es mensaje al crimen organizado o a la disidencia? De cualquier forma, lo que muestra es que quienes combaten a los delincuentes actúan igual que los mismos.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
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