La tragicomedia de Iztapalapa comenzó el 16 de junio, a poco más de dos semanas de los comicios para elegir jefe delegacional. Ese día, Andrés Manuel López Obrador anunció que ante la decisión del Tribunal Electoral federal de desconocer la candidatura de Clara Brugada por el PRD —en favor de Silvia Oliva, integrante de otra corriente del sol azteca—, apoyaría al abanderado del PT, Rafael Acosta, quien tras conseguir el triunfo cedería su lugar a Brugada.
Acosta, alias Juanito, aceptó la encomienda y ganó, pero, como es sabido, quiso quedarse con el poder y, según lo refirieron versiones periodísticas, negociar hasta la mitad de las plazas de la demarcación o de su presupuesto. Al final, tras una reunión con el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, optó por pedir licencia aduciendo “problemas de salud”. Ahora, sin embargo, nuevamente ha decidido hacerse presente y asumir el cargo que legal y formalmente ostenta, aunque con esto no hace sino complicar el ambiente político y social en la delegación más poblada de la capital.
Si con tal de expulsarlo el GDF y la Asamblea Legislativa recurren al decreto de estado de ingoberanabilidad —alternativa prevista en el artículo 108 del Estatuto de Gobierno—, podrían abrir para el resto del país una puerta en extremo peligrosa. Por lo delicado del asunto, cabe exigir a los responsables de un posible defenestramiento que sean pulcros y escrupulosos en el procedimiento jurídico. Deben tener en mente que este asunto puede terminar en la Suprema Corte y que el precedente que dejaría, a su vez, serviría ya no sólo para ratificar o no el mandato de los electores de Iztapalapa, sino para definir las condiciones reales o supuestas que constituyen la citada situación de ingobernabilidad.
Más allá de la sicología de Acosta, de la confrontación entre facciones políticas, de la incomodidad que experimenten López Obrador o Ebrard, o de lo absurdo que fue pedir el voto por alguien que no iba a ocupar el cargo, decretar estado de ingobernabilidad para retirar de su puesto a un funcionario electo requiere de una argumentación sólida que bajo ninguna circunstancia debe obedecer sólo a razones de conveniencia política.
Podrían darse dos escenarios. Primero, que ante la ceguera de los más enojados por el embrollo desatado por Juanito, los ministros se vean obligados a ratificar a Acosta. Esa posibilidad, la de una Corte que niegue la razón al liderazgo perredista, no parece la más sana. El segundo escenario consiste en que los ministros sienten un precedente artificial de ingobernabilidad para destituir al ahora delegado, partiendo en realidad de una justificación política. Peor aún.
De esa manera, para encontrarle una salida pacífica e institucional a un enredo que implica a un millón 800 mil iztapalapenses, lo mínimo que puede exigirse de los involucrados es menos espectáculo político y más, mucha más seriedad.
Muy bien, pongámonos serios. ¿Por qué el Tribunal Electoral dio su decisión de
desconocer a Brugada sólo días antes de las elecciones? ¿Eso no suena ni un poquito raro? Por otro lado, ¿quién está alentando al señor Acosta en estos momentos? ¿o hay alguien que piensa que actúa sin que nadie lo asesore? Finalmente, es claro que el señor, más allá de su preparación académica, no tiene la capacidad para manejar un puesto político de esa magnitud.
QUE TAN DISPUESTOS ESTAN A PONERSE SERIOS EN EL UNIVERSAL?, LE DAN ENTRADA A COMENTARIOS QUE ESTA MUY LEJOS DEL TEMA Y CENSURAN LOS QUE DICEN VERDADES, AYER CALDERON DECIA DEL RETROCESO DE LA DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA Y EL CASO "JUANITO" SIGUE EN TODO SU ESPLENDOR. EN CUANTO A LA SCJN, EL PROBLEMA ES ORIGINADO POR UNO(A) DE SUS MINISTROS(AS), COMO PUEDEN JUZGAR EN TAL CASO?; Y SI EN ESTADOS CON MAYOR POBLACION QUE IZTAPALAPA HAN LLEGADO A DECISIONES ERRONEAS ( PUEBLA, OAXACA), QUE SE PUEDE ESPERAR DE LA JUSTICIA AL MEJOR POSTOR?.
No hay comentarios:
Publicar un comentario