Un oficial de la agencia estadunidense de control (permisivo) de armas ha declarado que le ordenaron dejar pasar hacia México varios cargamentos. El gobierno de Estados Unidos ha abierto una investigación. Mientras tanto, en México se ha desatado un repudio generalizado hacia la presunta acción oficial del vecino, el cual es del todo justificado si acaso la versión de aquel oficial fuera cierta.
El Senado y la Cámara se han declarado indignados como todo el país. El problema del tráfico de armas desde Estados Unidos ya es agobiante en el marco de la crisis mexicana de violencia. Si el gobierno estadunidense realiza planes dizque de rastreo de armas para dizque identificar a las bandas de delincuentes mexicanas que las compran, entonces las cosas están mucho peores de lo que sabíamos.
Es de lamentarse que la PGR no haya abierto una averiguación previa sobre el asunto, ya que podría haber delitos que deben perseguirse por parte de México, aunque se hubieran cometido en Estados Unidos, según reza el Código Penal mexicano. Es también lamentable que nuestra cancillería no haya todavía utilizado las vías diplomáticas para exigir una explicación al respecto, como lo demandó ayer el Senado.
Pero más allá o más acá de las revelaciones sobre Rápido y furioso, el problema mexicano es mayor. Es obvio que todas las armas procedentes de Estados Unidos atraviesan la frontera mexicana del norte por aire, mar o tierra. Pero tal frontera tiene resguardos, en materia de cosas, a cargo de la Secretaría de Hacienda. Además, introducir armas a México sin permiso es un delito cuya persecución está encomendada a la Procuraduría General de la República.
Los políticos estadunidenses siempre nos han dicho que en Estados Unidos el comercio de muchas armas es legal y que su traslado a México es responsabilidad de las autoridades federales mexicanas. No les falta razón formal. Es evidente que la mayoría de las armas procedentes del norte entran al país ante la completa omisión de parte del gobierno mexicano. Pero lo que más preocupa es que esa omisión no sea tal y que en realidad se trate, al menos en parte, de complicidad de las autoridades.
Pero nada de esto se ha discutido y comentado tanto como Rápido y furioso, lo cual también es preocupante. Es evidente que las autoridades estadunidenses no van a impedir nunca el tráfico de armas hacia México. Podrían perseguir el comercio no autorizado —lo cual por lo visto tampoco hacen—, pero no más. Es evidente también que Estados Unidos no va a cambiar su legislación en materia de armas sólo por la crisis de violencia de México. Lo que no debería ser evidente es que el gobierno federal mexicano carece de una estrategia para contener el contrabando de armas desde Estados Unidos, pero por desgracia también lo es.
La frontera mexicana del norte no es una coladera, es un ancho ducto. Todo pasa. Así está diseñada. Pero, además, la autoridad aduanera —dependiente de la Secretaría de Hacienda— es corrupta, lo cual todo mundo sabe, especialmente los traficantes de armas. Nuestra Policía Federal, tan efectiva para realizar montajes ante la prensa y hacer propaganda, es absolutamente incapaz de detener el trasiego de armas, mientras que el Ministerio Público federal (ahora dependiente en los hechos de la policía) se encuentra absolutamente ausente del fenómeno de ese contrabando.
En conclusión, todo es un desastre y de nada va a servir que nos sigamos quejando, cuando buena parte del problema se ubica en nuestro propio gobierno. No obstante lo cual es necesario exigir que se investigue a fondo el Rápido y furioso, al menos para saber mejor cómo andan las cosas entre los dos países tan vecinos como distantes
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