considera integrante del Consejo Mundial de Energía
Víctor Cardoso
Periódico La Jornada
Jueves 3 de marzo de 2011, p. 29
Aunque Petróleos Mexicanos (Pemex) haya comenzado la licitación de los primeros tres bloques petroleros con el sistema de contratos integrales de exploración y producción, éstos son irregulares, violan la Constitución y representan un paso más en el proceso de desmantelamiento de la mayor empresa del país, opinaron especialistas del sector energético.
El vicepresidente del Comité de Energéticos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Gilberto Ortiz, opinó que con ese paso se mantiene la estrategia de avanzar en la extranjerización del sector energético mexicano y el desmantelamiento de Pemex.
Están concitando el apoyo y simpatía de diversos sectores de la sociedad para abrir más la industria petrolera, pero el problema es lo que viene: mayor dependencia del exterior, aunque la apertura a la inversión privada se aplique en dosis homeopáticas. Ahora el argumento es el aumento de la producción mediante la exploración y explotación, después será la refinación y la petroquímica, advirtió.
Se deterioró estructura
Recordó que en 1991 se liberó la petroquímica secundaria y posteriormente la estructura de Pemex se deterioró a tal grado que actualmente en el país se produce menos de 25 por ciento del volumen que se tenía en aquellos años.
A su vez, Rafael De Celis Contreras, académico universitario, sostuvo que el nuevo esquema es irregular, porque no se ha modificado aún, y la Carta Magna sigue vigente en cuanto al régimen de propiedad de los recursos petroleros. Los también llamados contratos incentivados no van a marchar porque tienen problemas de orden legal, dijo.
Pablo Mulás del Pozo, miembro del Instituto de Investigaciones Eléctricas y director ejecutivo del Consejo Mundial de Energía, Capítulo México, dijo que, al parecer, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio su bendición a los contratos incentivados es poco probable que se pueda dar marcha atrás. Pero lo relevante, dijo, es que si alguien que tiene varios negocios y uno le da 40 por de sus ingresos, sería muy tonto desprenderse a él.
Mientras se respeten los términos de la Constitución, añadió, no le veo mayor problema a esos contratos, (porque) es ridículo que se siga manejando un esquema en que las inversiones que se hagan en Pemex dependan de la decisión de una dirección general de la Secretaría de Hacienda. No tiene sentido.
A su vez, Alfonso Hickman Sandoval, integrante del Grupo Ingenieros Pemex Constitución de 1917, dijo que los contratos incentivados arrastran irregularidades desde su concepción, pues fueron hechos sin el suficiente análisis ni discusión; su esquema no fue dictaminado debidamente.
Sobre todo recordó que los contratos incentivados primero fueron propuestos para exploración en aguas profundas del Golfo de México, luego, para el proyecto Aceite Terciario del Golfo, también conocido como Chicontepec, y por último para campos maduros, cuando ahora es a la inversa.
La ley no permite concesión de bloques
Roberto González
Hay una nueva etapa en Petróleos Mexicanos (Pemex) a partir del lanzamiento de los llamados contratos integrales para exploración y producción, anunciados el martes. La ley no permite la concesión de bloques o áreas del territorio nacional para explotar hidrocarburos y eso es lo que hacen los nuevos contratos, explicó Sergio Benito Osorio, del Observatorio Ciudadano de la Energía.
Retiro de crudo derramado por el Exxon Valdez. Un juez federal en Alaska escuchará los argumentos el viernes para determinar si Exxon Mobil Corp debe entregar otros 100 millones de dólares para limpiar la costa. Ayer, la mezcla mexicana de exportación cerró con ganancia de 2.14 dólares por barril respecto del cierre previo, a 103.12 dólares, informó PemexFoto Ap
Con los contratos dados a conocer el martes, se busca sustituir a Pemex en la función de llevar a cabo la explotación de los hidrocarburos para transferirla a particulares, agregó Osorio.
El martes pasado Pemex arrancó el proceso para la asignación de un nuevo tipo de contrato para actividades de exploración y producción –reservadas al Estado por la Constitución–, en las cuales podrán participar empresas privadas, nacionales y extranjeras. Los primeros que saldrán a licitación bajo esta modalidad son los llamados campos maduros, donde la producción de hidrocarburo va en declive.
En uno de sus párrafos, el artículo 27 de la Constitución señala: Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria... los combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.
Hasta ayer este texto seguía vigente.
No hay justificación económica, financiera o técnica para dar sustento a los nuevos contratos anunciados por Pemex para que participe la iniciativa privada en la exploración y producción de hidrocarburos, comentó María Eugenia Correa, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, hay que buscar la motivación en el lado político, dijo.
Sergio Benito Osorio, de la agrupación independiente Observatorio Ciudadano de la Energía, cuestionó la legalidad de los contratos anunciados el martes por el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel.
Pemex dice que los contratos están dentro de la ley y no es así, porque la Ley de Petróleos Mexicanos no permite la concesión a particulares de bloques o áreas. Lo que hace este nuevo modelo de contratación es sustituir a Pemex de la función que tiene de llevar a cabo la explotación de los hidrocarburos en México, opinó Osorio.
María Eugenia Correa, del IIEc, puso en duda la justificación económica y financiera de los contratos anunciados el martes por el director general de Pemex. No tiene ninguna justificación económica y financiera contratar empresas privadas nacionales o extranjeras si el gobierno puede hacer esa inversión. Las que harán los particulares a través de estos contratos son inversiones mucho más caras si se toma en cuenta que debemos compartir con ellos los recursos naturales e incumplir los preceptos constitucionales.
Francisco Garicochea, coordinador del Grupo de Ingenieros Pemex-Constitución de 1917, consideró que el modelo de contratación con particulares anunciado el martes es anticonstitucional y la consecuencia de esa situación jurídica será la impugnación legal. Los contratistas correrán el riesgo de que se pierdan las concesiones dada la inconstitucionalidad de esos contratos, comentó.
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