El senado tomó cartas en la deficiente atención a las víctimas de la violencia, es decir los muertos producidos por la llamada “Guerra de Calderón”.
El ordenamiento trata de subsanar las omisiones que las leyes reglamentarias que obligan al estado mexicano a dar atención médica a quienes resultan lesionados en los enfrentamientos “entre sicarios” y a seguir hasta su pleno cumplimiento el proceso de investigación que culmine con la identificación de las víctimas y el consecuente juicio y, en su caso, condena del victimario.
Las cifras de las omisiones del estado en este caso son escalofriantes. En números gruesos, de los 50 mil muertos producidos por la guerra de Calderón solamente se han realizado menos de mil consignaciones. Y de ellas se reportan la irrisoria cifra de menos de 100 sentenciados.
En relación a la identificación de las víctimas los casos son muchos menos que el total de ellas. Y no siempre esas identificaciones resultan satisfactorias para los deudos de los que cayeron en la pavoroso y cruenta espiral de violencia que vive México.
El domingo nos amanecimos con otra noticia que refleja que la violencia no ha disminuido para nada en nuestro país.
En las inmediaciones de Cadereyta, NL, aparecieron 49 cadáveres con señas de mutilación y muchos de ellos de plano decapitados. 6 mujeres se contaron entre los ejecutados.
Qué capacidad tienen los criminales para llevar a cabo semejante operación?
Cuánta gente se necesita para asesinar a 50 personas en una sola batida?
Presuntamente los cadáveres encontrados en Cadereyta tenían ya cerca de 48 horas de haber fallecido. Lo que supone que los ejecutaron en un lugar distante de Cadereyta y que se tuvo la suficiente capacidad logística (vehículos, protección y gente capacitada) para trasladarlos.
El estado se enfrenta a enemigos poderosos.
La información oficial, en relación a la investigación del caso, llega solo al señalamiento genérico, y por lo tanto, insuficiente, de que los autores fueron Los Zetas.
Pero cuál célula de Los Zetas
Qué implica el mensaje de la exhibición macabra de los ejecutados?
Quiénes son las víctimas?
El senado trata de subsanar la omisión y la ineficiencia del gobierno de Calderón que no puede dar una atención a la víctima del delito, esté viva o muerta, con el ordenamiento que recién promulgó. Pero los que habrán de cumplimentarlo son las mismas autoridades que hasta ahora se han manifestado como ineficientes para dar respuesta al fenómeno ocasionada por organizaciones criminales.
Estamos viviendo inermes ante el poderío de esos criminales y la ineficiencia (o será la complacencia?) del estado mexicano que encabeza, todavía, el ya casi expresidente Felipe Calderón.
Llegamos al límite de la capacidad de vivir con el terror a diario. No podemos seguir viviendo con la explicación cómoda de que son enfrentamientos entre bandas. Que los sicarios se están acabando en esos lances.
Dice Jorge Castañeda que si se llegaran a acabar los sicarios mexicanos como resultado de sus pugnas por el control de plazas, las organizaciones criminales los sustituirían de inmediato con guatemaltecos, nicaragüenses y sobre todo con los temibles hondureños.
Es cierto. La violencia en México debe ser detenida con estrategias eficientes del gobierno. Pero esas estrategias deben estar a salvo de corrupciones, sobornos y demás formas de sometimiento de las fuerzas encargadas de llevarlas a cabo.
Por lo que se ve, con el nuevo episodio sangriento de Cadereyta, no será en este gobierno que por fortuna ya se va, cuando la violencia se reduzca en nuestro país.
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