Reforma laboral: caen las máscaras
El tema inició como una moneda de cambio y se está convirtiendo en punto de quiebre entre ambos partidos.
En el PAN hay una clara diferenciación entre quienes defienden que estos temas sean una realidad en el carcomido edificio sindicalista mexicano, y entre quienes lo utilizan como arma de presión para que los líderes sindicales oficialistas acepten la flexibilización de la legislación laboral.
De hecho, esta segunda postura, encabezada claramente por el ex secretario del Trabajo y actual senador panista Javier Lozano, quedó expuesta al señalar que su partido defendería “hasta el límite de nuestras posibilidades” el tema de la democracia sindical, pero que no sería un obstáculo insalvable para que finalmente se aceptara la reforma en los términos aprobados en la Cámara de Diputados.
En otras palabras, para un sector del PAN, lo central de la iniciativa (la flexibilización de la legislación laboral, centrada en el outsourcing y en el trabajo por horas) ya había sido aprobado, mientras que la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia serían temas accesorios, prescindibles o sacrificables.
Si el PAN acepta que esos temas son postergables, entonces habrá la reforma laboral que el PRI defendió e impulsó hasta el final: flexibilizar el trabajo al límite de la precariedad, sin modificar un milímetro la esencia de la oligarquía sindical mexicana. Tendríamos un engendro de reforma laboral: garantizaría al trabajador la libre contratación, pero lo convertiría en esclavo de la representación sindical.
En esos términos, la reforma se convertiría en el peor de los mundos posibles para el trabajador, ya que se convertiría en una doble expoliación o depreciación: por un lado, en términos económicos, el valor del trabajo se iría al mínimo permitido en el mercado laboral abierto (en un país con tasas de desempleo históricas, el mínimo permitido es la sobrevivencia); por el otro, como ciudadano, al trabajador se le despojaría de sus más elementales derechos cívicos y humanos, como es elegir a sus representantes sindicales en votación universal, libre y secreta, y exigirles cuentas de sus
aportaciones sindicales.
El sector más lúcido y coherente del PAN (la democracia sindical es uno de los planteamientos doctrinales originales, desde 1939), busca que la reforma no solo quedé en el plano contractual económico, sino que incorpore el elemento fundamental de la libertad de asociación, elección de dirigentes y transparencia en las finanzas.
Estamos a horas de saber quien ganó en el PAN, si la mascarada democratizadora o la congruencia doctrinal e ideológica.
El PRI vivió por algunos días su propio dilema en torno a la transparencia y democracia sindical, pero la respuesta no tardó en llegar, desde lo más profundo de su esencia corporativista. Los dirigentes sindicales representados en las cámaras de Diputados y Senadores dieron su ultimátum legislativo: o el Senado aprueba en sus términos la minuta de San Lázaro o la reforma se va a las calendas griegas. No hubo argumentos, sino chantajes políticos.
La postura del sindicalismo oficial representado en el PRI tiró de un manotazo la máscara democrática con la que otro sector del mismo partido buscaba lavarse la cara de la opacidad con una ley a favor de la transparencia gubernamental y la comisión nacional anticorrupción.
Con el rechazo abierto y directo de sus sindicatos a practicar en casa lo que pregonan para otros, y con el aval de la dirigencia partidista, el PRI llega políticamente disminuido al debate legislativo sobre la transparencia y evidencia que aquella carta sobre la “presidencia democrática” que se presentó en campaña como compromiso político presidencial fue solo eso: una carta de buenos propósitos, un señuelo para atraer electores incautos.
Los temas sobre democracia, transparencia y rendición de cuentas en los sindicatos son tan importantes para la democracia mexicana como los asuntos pendientes relacionados con la reforma del Estado, el crecimiento económico y el combate a la pobreza. Son temas relacionados.
No se puede proponer por un lado flexibilizar el mercado laboral y, por el otro, dejar incólume la estructura corporativista y opaca del sindicalismo. Que el trabajador mexicano pueda mal vender su mano de obra en un mercado abierto y exento de contratos colectivos, pero no tenga la capacidad de elegir a sus dirigentes y exigirles cuentas, es un contrasentido antidemocrático, propio del autoritarismo político. Es la viva estampa de la esclavitud moderna.
Además de exhibir el atraco a los trabajadores, esta contrarreforma laboral ha hecho rodar por el suelo las máscaras de los presuntos demócratas del PRI y del PAN.
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