2009-10-31•Al Frente
En la Cámara revisora, el proceso legislativo de la Ley de Ingresos no ha estado bien. Del Senado se esperaría mucho más, aunque lo importante es el desenlace; es más relevante el resultado que el camino y éste ha sido accidentado, además, revela que ese órgano legislativo no ha estado a la altura del momento del país, lo que también explica por qué las reformas fiscal y energética pasadas tuvieron tan magros resultados. No es cuestión de integración o de atributos, irrefutables para muchos de sus destacados miembros; al Senado se le valora como cuerpo colegiado y allí, desde septiembre de 2006, hay un déficit que se ha hecho evidente cada vez que hay una decisión fundamental para el país.
Es ilustrativo el que los diputados hayan podido alcanzar con mayor facilidad un acuerdo en materia fiscal. Como se ha dicho, no hay reforma aceptable que signifique mayores impuestos; las razones del buen resultado de la negociación en la Cámara baja están en los factores que inciden en el comportamiento de los diputados, especialmente, el hecho de que tienen una mayor representatividad y más cercanía con sus territorios y sus pobladores. Los diputados, mejor que los senadores, entienden lo que implica ayuntamientos en bancarrota, también las dificultades en las finanzas estatales.
Los gobernadores visitan a los diputados en búsqueda de un adecuado presupuesto para sus haciendas y las de sus municipios. Desde el centro siempre se ha dicho, sin fundamento y con prejuicio, que no hay que darles porque allí está el dispendio o el desvío. Los problemas que enfrenta el país tienen su origen en la fragilidad institucional de los estados y municipios. Una solución estructural a muchos de los problemas pasa por gobiernos locales y ayuntamientos fuertes. Mantenerlos en quiebra sólo conduce a un mayor deterioro en la calidad de vida de las personas. El centralismo no puede ser avalado por el Senado, mucho menos por los que provienen del PRI, precisamente por su presencia mayoritaria en los gobiernos subnacionales.
El tema no deja de ser paradójico porque la doctrina asume que el Senado es, por una parte, el órgano moderador del quehacer parlamentario y, por la otra, es la expresión del pacto federal a través del principio de la representación igualitaria de las entidades de la Federación, premisa alterada en 1996 con la introducción de 32 senadores de representación proporcional. De cualquier manera y más allá de la teoría, se esperaría mucho más del Senado de la República. A las fracciones parlamentarias les preocupa el costo político, no un buen quehacer legislativo.
Los senadores del partido gobernante no pueden comportarse como oposición. Sorprende el intento de revertir la decisión que con tanta dificultad se alcanzó con los diputados. No es cierto que estén desinformados por la Secretaría de Hacienda, simplemente lo que les preocupa es que sean señalados como los promotores de mayores impuestos. Hubiera sido poco digno que los senadores del PRI hubieran aprobado la reforma que avalaron sus pares en la Cámara baja a través del expediente análogo al del voto blanco. Si la abstención define el resultado, entonces se entiende como voto, quizás con tintes de temor e hipocresía, nada de grandeza o generosidad. Aunque el voto dividido es sintomático de un vergonzoso método de componendas y simulaciones que ofende a los representados.
Los reproches vienen de un lado y de otro, mientras que la economía, la del mundo real, indica que no hay margen para que los parlamentarios eludan su responsabilidad. El intento de modificar el precio del petróleo para que las cifras cuadraran fue recibido de manera muy negativa por los mercados financieros. Recurrir al aumento de combustibles o impuestos especiales a los energéticos es una opción inflacionaria, afecta la competitividad del país y acaba por dañar aún más a la economía nacional. Es paradójico que los senadores invoquen mandato contrario al incremento de los impuestos, cuando fueron electos bajo premisas distintas.
Las razones que han afectado al Senado y que han producido malas reformas remiten a la preocupación de sus más importantes líderes sobre la contienda de 2012; es la disputa por la candidatura o por el voto en la elección constitucional lo que ha pervertido su desempeño. Es una paradoja cruel que los prospectos con menores posibilidades, algunos de ellos en el Senado, sean los más inquietos por su futuro político personal. También es paradójico que serán muchos diputados los que estarán en la contienda por las candidaturas a gobernador y, consecuentemente, en la elección constitucional. La realidad es que la política y los problemas se dirimen en el territorio, no en el centro y por ello, en ese sentido, los diputados y los alcaldes ganan y los senadores pierden.
Asombra también cómo se transfiguran y disfrazan los argumentos en materia fiscal. Se invoca a las familias mexicanas para no incrementar impuestos, cuando a trasmano se quieren eliminar las disposiciones que van dirigidas a gravar a los grandes grupos empresariales. Es un doble juego que poco dignifica a la política. Si se está en desacuerdo con la retroactividad en la consolidación —tema implícito en el mensaje presidencial de los pasados días— que se diga y se argumente de cara a la Nación, pero que no se manipule el explicable agravio popular por el gravamen al consumo.
Insisto, una vez aprobada la Ley de Ingresos, los diputados deben dar lugar a un cambio importante en materia de presupuesto. No deben olvidar que la gente, rica o pobre, no quiere pagar impuestos porque asumen que lo malgastan o lo desvían por prácticas venales. Asimismo, la aplicación de los recursos no se apega a normas de transparencia, control y destino oportuno. Se debe mejorar la rendición de cuentas de todos los que ejerzan recursos públicos; se requiere de una efectiva austeridad y de optimización del gasto. Cuidar que los grandes proyectos de inversión federal no deriven en el enriquecimiento de legisladores en el tráfico de influencia.
sábado, 31 de octubre de 2009
Los acuerdos del PRI con Calderón--JESUSA CERVANTES
MÉXICO, D.F., 30 de octubre (apro).-
Detrás de la negociación que gobernadores priistas --encabezados por Enrique Peña Nieto y respaldados "obligatoriamente" por los diputados federales-- hicieron con Felipe Calderón y el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, para aumentar el IVA de 15 a 16%, y la posterior amenaza de los priistas de rechazarlo en el Senado, hubo acuerdos financieros y un error de cálculo de los diputados federales del Revolucionario Institucional.
Poco antes de que Calderón enviara su paquete económico a la Cámara de Diputados, Pedro Aspe, dueño de la consultora Protego, acordó con los gobiernos federal y estatales un nuevo esquema para hacer frente a la caída del fondo de las participaciones federales de este año, que mes con mes se tienen que entregar a las 32 entidades.
Este fondo de participaciones se conforma, en un 25%, con todos los impuestos que se pagan en el país, como IVA e ISR, entre otros.
Debido a que en agosto pasado los gobiernos estatales empezaron a sufrir de liquidez, lo que hacía imposible el pago de nóminas y la continuación de ciertas obras, la fórmula que encontró la Conago (Confederación Nacional de Gobernadores), junto con el gobierno federal y Pedro Aspe, fue "bursatilizar" lo que quedaba del fondo.
En ese mismo mes, el gobierno debía 65 mil millones de pesos a los estados, pero sólo había 13 mil millones de pesos en el fondo.
Y la burzatilización no consistió en meter a jugar ese dinero a la bolsa de valores, sino que el gobierno federal, en lugar de entregar a los estados la cantidad mencionada, la ofreció como aval ante ocho instituciones bancarias, que a partir de la primera semana de septiembre entregaron en crédito 45 mil millones de pesos.
La primera parte del dinero llegó a los estados justo la semana en que el gobierno federal entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico en el que se contemplaba, inicialmente, un nuevo impuesto de 2%, incluyendo alimentos y medicinas.
Pese a que desde un principio el PRI se opuso a ese impuesto, la Conago, que encabeza el gobernador de Durango, el priista Ismael Hernández Deras, se pronunció a favor del nuevo gravamen, ya que 25 mil millones de pesos irían al citado fondo de participaciones.
El PRI en la Cámara de Diputados midió el costo político que tendría para ellos gravar alimentos y medicinas, debido a lo cual lo rechazaron en definitiva. En tanto, los gobernadores priistas encabezados por Enrique Peña Nieto (Estado de México) y Ulises Ruiz (Oaxaca) acordaron, junto con Hacienda, aumentar el IVA en un punto porcentual, lo cual les daría ingresos por 30 mil millones de pesos, que irían directamente a engrosar el fondo de participaciones federales para las entidades.
Las razones para que gobernadores del PRI y gobierno federal fueran juntos en la propuesta --haciendo a un lado a los diputados, ya que a éstos sólo los presionaron para que avalaran el gravamen-- se debió, justamente, al acuerdo financiero que recientemente firmaron, y al hecho de que en septiembre pasado la Federación ofreció a los mandatarios estatales una disposición inmediata de 45 mil millones de pesos para hacer frente a sus obligaciones, como el pago de nóminas y la continuidad de ciertas obras públicas.
¿Y qué tiene que ver el convenio que Pedro Aspe logró con gobiernos locales y federales? Pues casi nada. Dicho acuerdo, que dio liquidez inmediata a los gobiernos estatales, tiene un costo de 1.8% de interés mensual, mismo que deben pagar a los ocho bancos que les dieron el crédito de 45 mil millones de pesos.
El convenio tiene una duración de 13 años, tiempo durante el cual los gobernadores deberán pagar los intereses de 1.8%, pero para evitar que la tasa se dispare y con ello se incremente la deuda, el gobierno federal (que es el aval de los estados en el convenio) debe contar con la aprobación de las calificadoras internacionales, y una de las exigencias o recomendaciones de éstas ha sido que el mismo gobierno incremente los impuestos.
Si una calificadora considera a México como país riesgo, los organismos internacionales no autorizan posibles deudas, y al no tener éstas, las tasas de interés aumentan de forma inmediata.
Y así, entrelazados los gobiernos federal y estatales, fue como impulsaron juntos el aumento del IVA.
Error de cálculo
Una vez que el PRI en la Cámara de Diputados aprobó, junto con el PAN, el aumento del IVA, el Revolucionario Institucional se vio inmerso en críticas y cuestionamientos. Y es que en el levantamiento de encuestas, el rechazo de la población fue contundente.
Pare revertir el costo político, el PRI en el Senado de la República decidió no aprobar el incrementó y se mantuvo en abstención, con el objetivo de que sólo los 50 senadores del PAN aprobaran el incremento. Así, públicamente, podrían lograr la percepción de que fueron los panistas quienes impusieron el aumento del IVA de 15 a 16%.
Con la simple abstención, el PRI mediáticamente aparentó un rechazo, pero en los hechos aceptó el incremento y, además, salvó a sus gobernadores ya no sólo de no tener más ingresos, sino de evitar que su deuda se incrementara notablemente, pues el interés mensual de 1.8% sobre los 45 mil millones de pesos que les prestaron podría subir a 4%, lo que implicaría embargar prácticamente estados y municipios.
Pensando no únicamente en las calificadoras, sino en el posible incremento del interés bancario, los diputados pretendieron dar más liquidez a sus gobernadores priistas y por ello también aceptaron el aumento del IVA.
En privado, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, ofreció a los priistas 71 mil millones de pesos para entregárselos a sus gobernadores, distribuidos en el Presupuesto de Egresos; 30 mil millones saldrán del IVA que deberemos pagar todos los mexicanos.
Los priistas pensaron que la única vía de obtener los 30 mil millones de pesos era el IVA, sin embargo, cometieron un error de cálculo, debido a que el gobierno federal jugó con las cifras de los ingresos tributarios
En su propuesta, el Ejecutivo federal solicitó que se autorizara un cambio en el régimen fiscal consolidado (procedimiento mediante el cual los consorcios pueden pagar en varios años sus impuestos). Calderón propuso que en 2010 los grandes empresarios paguen el 60% del total de los impuestos que deben del año 2004, con lo cual contemplaba obtener ingresos adicionales por 27 mil 560 millones de pesos.
Pero el PRI, que ha intentado cobijar al sector empresarial, desatendido por el Ejecutivo federal, bajó el porcentaje a un 40%, con lo que el ingreso adicional sería de 18 mil 394 millones de pesos.
Los cálculos del PRI fueron erróneos desde un principio, debido a la falta de información, sin embargo, luego de que aprobaron en la Cámara de Diputados bajar a 40% la consolidación fiscal, se dieron cuenta que efectivamente, como lo ha reiterado en diversas ocasiones Andrés Manuel López Obrador, los grandes empresarios no deben esa pequeña cantidad, sino que al 2008 han dejado de pagar al fisco 850 mil millones de pesos.
Los datos, proporcionados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), llegaron tarde a la Cámara de Diputados. Y los priistas que operaron mal, trataron de enmendar su error. Esto ocurrió luego de que ante senadores del PRI, los empresarios aceptaron que las cifras ofrecidas por el SAT eran las correctas.
Les dijeron que en caso de bajar ya no a 40% sino a 30% la consolidación, el fisco tendría ingresos adicionales por 30 mil millones de pesos.
Las nuevas cifras del SAT y la aceptación de los empresarios respecto de sus deudas en impuestos hizo renacer en los senadores del PRI la idea de echar para atrás el IVA. Pensaron no en votar en abstención, sino en contra, y así quedar ante la población como el partido salvador que no había aprobado los nuevos impuestos ordenados por el gobierno federal.
Para ello partieron del informe del SAT, que acepta que los empresarios deben 850 mil millones de pesos al fisco, y que divididos entre los cinco años, de 2004 a 2008, sumarían una deuda de cuando menos 170 mil millones por año.
El PRI propuso entonces bajar aún más el porcentaje que los empresarios deben cubrir. Y si el Ejecutivo propuso el pago de 60% de la deuda de 2004 y la Cámara de Diputados lo bajó a 40%, el PRI jugó con hacerlo hasta en una tasa de 25%, debido a que ello significaría un ingreso por 42 mil 500 millones de pesos
Si esto es así, dijeron los senadores del PRI, votemos en contra el IVA, pues "de qué nos sirve cargar con el costo político cuando sólo recibiremos 30 mil millones frente a los más de 100 mil millones de pesos con el régimen de consolidación fiscal".
Eufóricos por su nuevo hallazgo tributario, los priistas se engallaron y amenazaron, durante varios días, con votar en contra del IVA, pero los gobernadores tuvieron que recordarles que no sólo se trataba de salvar el ingreso de 30 mil millones para sus estados, sino que también estaba en juego el obtener el visto bueno de las calificadoras internacionales y con ello evitar que los intereses de sus deudas se eleven considerablemente.
Por esto, el PRI votó por el aumento al IVA. Fue un asunto de números, de salvar sus finanzas públicas, mas nunca pensaron en la población que votó por ellos.
Detrás de la negociación que gobernadores priistas --encabezados por Enrique Peña Nieto y respaldados "obligatoriamente" por los diputados federales-- hicieron con Felipe Calderón y el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, para aumentar el IVA de 15 a 16%, y la posterior amenaza de los priistas de rechazarlo en el Senado, hubo acuerdos financieros y un error de cálculo de los diputados federales del Revolucionario Institucional.
Poco antes de que Calderón enviara su paquete económico a la Cámara de Diputados, Pedro Aspe, dueño de la consultora Protego, acordó con los gobiernos federal y estatales un nuevo esquema para hacer frente a la caída del fondo de las participaciones federales de este año, que mes con mes se tienen que entregar a las 32 entidades.
Este fondo de participaciones se conforma, en un 25%, con todos los impuestos que se pagan en el país, como IVA e ISR, entre otros.
Debido a que en agosto pasado los gobiernos estatales empezaron a sufrir de liquidez, lo que hacía imposible el pago de nóminas y la continuación de ciertas obras, la fórmula que encontró la Conago (Confederación Nacional de Gobernadores), junto con el gobierno federal y Pedro Aspe, fue "bursatilizar" lo que quedaba del fondo.
En ese mismo mes, el gobierno debía 65 mil millones de pesos a los estados, pero sólo había 13 mil millones de pesos en el fondo.
Y la burzatilización no consistió en meter a jugar ese dinero a la bolsa de valores, sino que el gobierno federal, en lugar de entregar a los estados la cantidad mencionada, la ofreció como aval ante ocho instituciones bancarias, que a partir de la primera semana de septiembre entregaron en crédito 45 mil millones de pesos.
La primera parte del dinero llegó a los estados justo la semana en que el gobierno federal entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico en el que se contemplaba, inicialmente, un nuevo impuesto de 2%, incluyendo alimentos y medicinas.
Pese a que desde un principio el PRI se opuso a ese impuesto, la Conago, que encabeza el gobernador de Durango, el priista Ismael Hernández Deras, se pronunció a favor del nuevo gravamen, ya que 25 mil millones de pesos irían al citado fondo de participaciones.
El PRI en la Cámara de Diputados midió el costo político que tendría para ellos gravar alimentos y medicinas, debido a lo cual lo rechazaron en definitiva. En tanto, los gobernadores priistas encabezados por Enrique Peña Nieto (Estado de México) y Ulises Ruiz (Oaxaca) acordaron, junto con Hacienda, aumentar el IVA en un punto porcentual, lo cual les daría ingresos por 30 mil millones de pesos, que irían directamente a engrosar el fondo de participaciones federales para las entidades.
Las razones para que gobernadores del PRI y gobierno federal fueran juntos en la propuesta --haciendo a un lado a los diputados, ya que a éstos sólo los presionaron para que avalaran el gravamen-- se debió, justamente, al acuerdo financiero que recientemente firmaron, y al hecho de que en septiembre pasado la Federación ofreció a los mandatarios estatales una disposición inmediata de 45 mil millones de pesos para hacer frente a sus obligaciones, como el pago de nóminas y la continuidad de ciertas obras públicas.
¿Y qué tiene que ver el convenio que Pedro Aspe logró con gobiernos locales y federales? Pues casi nada. Dicho acuerdo, que dio liquidez inmediata a los gobiernos estatales, tiene un costo de 1.8% de interés mensual, mismo que deben pagar a los ocho bancos que les dieron el crédito de 45 mil millones de pesos.
El convenio tiene una duración de 13 años, tiempo durante el cual los gobernadores deberán pagar los intereses de 1.8%, pero para evitar que la tasa se dispare y con ello se incremente la deuda, el gobierno federal (que es el aval de los estados en el convenio) debe contar con la aprobación de las calificadoras internacionales, y una de las exigencias o recomendaciones de éstas ha sido que el mismo gobierno incremente los impuestos.
Si una calificadora considera a México como país riesgo, los organismos internacionales no autorizan posibles deudas, y al no tener éstas, las tasas de interés aumentan de forma inmediata.
Y así, entrelazados los gobiernos federal y estatales, fue como impulsaron juntos el aumento del IVA.
Error de cálculo
Una vez que el PRI en la Cámara de Diputados aprobó, junto con el PAN, el aumento del IVA, el Revolucionario Institucional se vio inmerso en críticas y cuestionamientos. Y es que en el levantamiento de encuestas, el rechazo de la población fue contundente.
Pare revertir el costo político, el PRI en el Senado de la República decidió no aprobar el incrementó y se mantuvo en abstención, con el objetivo de que sólo los 50 senadores del PAN aprobaran el incremento. Así, públicamente, podrían lograr la percepción de que fueron los panistas quienes impusieron el aumento del IVA de 15 a 16%.
Con la simple abstención, el PRI mediáticamente aparentó un rechazo, pero en los hechos aceptó el incremento y, además, salvó a sus gobernadores ya no sólo de no tener más ingresos, sino de evitar que su deuda se incrementara notablemente, pues el interés mensual de 1.8% sobre los 45 mil millones de pesos que les prestaron podría subir a 4%, lo que implicaría embargar prácticamente estados y municipios.
Pensando no únicamente en las calificadoras, sino en el posible incremento del interés bancario, los diputados pretendieron dar más liquidez a sus gobernadores priistas y por ello también aceptaron el aumento del IVA.
En privado, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, ofreció a los priistas 71 mil millones de pesos para entregárselos a sus gobernadores, distribuidos en el Presupuesto de Egresos; 30 mil millones saldrán del IVA que deberemos pagar todos los mexicanos.
Los priistas pensaron que la única vía de obtener los 30 mil millones de pesos era el IVA, sin embargo, cometieron un error de cálculo, debido a que el gobierno federal jugó con las cifras de los ingresos tributarios
En su propuesta, el Ejecutivo federal solicitó que se autorizara un cambio en el régimen fiscal consolidado (procedimiento mediante el cual los consorcios pueden pagar en varios años sus impuestos). Calderón propuso que en 2010 los grandes empresarios paguen el 60% del total de los impuestos que deben del año 2004, con lo cual contemplaba obtener ingresos adicionales por 27 mil 560 millones de pesos.
Pero el PRI, que ha intentado cobijar al sector empresarial, desatendido por el Ejecutivo federal, bajó el porcentaje a un 40%, con lo que el ingreso adicional sería de 18 mil 394 millones de pesos.
Los cálculos del PRI fueron erróneos desde un principio, debido a la falta de información, sin embargo, luego de que aprobaron en la Cámara de Diputados bajar a 40% la consolidación fiscal, se dieron cuenta que efectivamente, como lo ha reiterado en diversas ocasiones Andrés Manuel López Obrador, los grandes empresarios no deben esa pequeña cantidad, sino que al 2008 han dejado de pagar al fisco 850 mil millones de pesos.
Los datos, proporcionados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), llegaron tarde a la Cámara de Diputados. Y los priistas que operaron mal, trataron de enmendar su error. Esto ocurrió luego de que ante senadores del PRI, los empresarios aceptaron que las cifras ofrecidas por el SAT eran las correctas.
Les dijeron que en caso de bajar ya no a 40% sino a 30% la consolidación, el fisco tendría ingresos adicionales por 30 mil millones de pesos.
Las nuevas cifras del SAT y la aceptación de los empresarios respecto de sus deudas en impuestos hizo renacer en los senadores del PRI la idea de echar para atrás el IVA. Pensaron no en votar en abstención, sino en contra, y así quedar ante la población como el partido salvador que no había aprobado los nuevos impuestos ordenados por el gobierno federal.
Para ello partieron del informe del SAT, que acepta que los empresarios deben 850 mil millones de pesos al fisco, y que divididos entre los cinco años, de 2004 a 2008, sumarían una deuda de cuando menos 170 mil millones por año.
El PRI propuso entonces bajar aún más el porcentaje que los empresarios deben cubrir. Y si el Ejecutivo propuso el pago de 60% de la deuda de 2004 y la Cámara de Diputados lo bajó a 40%, el PRI jugó con hacerlo hasta en una tasa de 25%, debido a que ello significaría un ingreso por 42 mil 500 millones de pesos
Si esto es así, dijeron los senadores del PRI, votemos en contra el IVA, pues "de qué nos sirve cargar con el costo político cuando sólo recibiremos 30 mil millones frente a los más de 100 mil millones de pesos con el régimen de consolidación fiscal".
Eufóricos por su nuevo hallazgo tributario, los priistas se engallaron y amenazaron, durante varios días, con votar en contra del IVA, pero los gobernadores tuvieron que recordarles que no sólo se trataba de salvar el ingreso de 30 mil millones para sus estados, sino que también estaba en juego el obtener el visto bueno de las calificadoras internacionales y con ello evitar que los intereses de sus deudas se eleven considerablemente.
Por esto, el PRI votó por el aumento al IVA. Fue un asunto de números, de salvar sus finanzas públicas, mas nunca pensaron en la población que votó por ellos.
Desfiladero--Hazañas calderónicas--Jaime Avilés
PAQUETAZO FISCAL----LOS PUNTOS SOBRE LAS IES
“Como a las ocho de la noche me hizo la parada frente al Metro San Cosme un señor con dos chavitos, como de 15 o 16 años. Luego supe que eran sus hijos. A las pocas cuadras el señor sacó una pistola y me dijo que me estacionara en una calle oscura. Me obligó a acostarme en el suelo; uno de los chavitos me quitó mi cinturón y me amarró las manos por detrás de la espalda, mientras el otro me ponía un cuchillo aquí en la garganta. Ya después me vendaron los ojos. No, no fue un secuestro exprés: desde esa hora y hasta las cuatro de la mañana anduvimos repartiendo cocaína; fuimos a varias vecindades de Tepito, a otros lugares como por La Merced, yo nomás oía y sacaba deducciones. El señor manejaba mi taxi y sus hijos se bajaban a entregar la droga y a cobrar el dinero. Ya casi era de día cuando me aventaron del vocho como un costal y se fueron. Hacía mucho frío y sonaba ruido de agua. No sé ni cómo me pude desamarrar, pero me quité la venda y me dí cuenta de que si hubiera tratado de levantarme así, a ciegas, me habría caído y me habría ahogado, porque me dejaron juntito al borde de una presa en el estado de México. Si esa presa hablara, quién sabe cuántos cadáveres diría que tiene allá dentro...” (Testimonio de un taxista del Distrito Federal, acerca del secuestro que sufrió en marzo de 2007, en el contexto de la guerra calderónica “contra” el narcotráfico.)
II
Los campesinos deben “aprender del modelo del narcotráfico. [Los mafiosos] identifican su mercado y crean su logística. ¡Ellos sí saben atender los mercados!”. Jeffrey Max Jones Jones, “inventor, mercenario, abigeo, agente doble, cantante de serenatas, aviador y jugador (que) conduce viajes espaciales, administra gobiernos, sofoca insurrecciones, arregla carreras de caballos, deroga impuestos, doma tigres, y castra dinosaurios”, según su tarjeta de presentación personal. Hasta el jueves era subsecretario de Fomento a los Agronegocios de la Secretaría de Agricultura del “gobierno” de Felipe Calderón.
III
En febrero de 2002, en la Unidad de Cardiología del Centro Médico Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quedó terminada una sala de terapia intensiva para seis pacientes de trasplante de corazón, otra de hospitalización para ocho más y un área de oficinas. Las flamantes instalaciones no se inauguraron en ese momento porque “no había dinero” para contratar personal. Corría el sexenio de Vicente Fox y México estaba produciendo los mayores excedentes petroleros de su historia y ganando, por ese concepto, más millones de dólares que nunca, pero la sala de trasplantados siguió sin estrenarse.
Terminó el periodo de Fox, comenzó el de Calderón y la sala continuó cerrada. En febrero de 2009, el doctor Alfonso Alberto Cerón Hernández, coordinador de las Unidades Médicas de Altas Especialidades (UMAE) del Siglo XXI, nombró director general de Cardiología a su amigo, el doctor Ricardo Jáuregui. Éste, ni tardo ni perezoso, vio una buena oportunidad de negocio y ordenó desmantelar los techos y muros de la sala para trasplantados y volver a construirlos, pero a un costo cinco veces mayor que el original, denuncian a esta columna médicos de ese nosocomio que piden el anonimato por temor a ser despedidos.
Jáuregui “ha montado un coto de poder, en el que controla a los proveedores y a los peritos que supervisan y autorizan las compras, y todos se reparten comisiones que resultan de los precios que inflan”. Al solicitarles un ejemplo concreto, los médicos subrayaron que recientemente Jáuregui adquirió dos monitores telemétricos (o sea, que permiten verificar la temperatura, la presión y el ritmo cardiaco de un paciente a larga distancia) para la sala de terapia intensiva de la unidad de Coronarias.
En el mercado, cada monitor tiene un precio de 100 mil pesos; sin embargo, añadieron los denunciantes, Jáuregui “autorizó que se pagaran 300 mil por cada uno, y lo peor es que uno era de segunda mano”. Esto, por desgracia, concluyeron, ocurre diariamente: “esperamos que Daniel Karam (el director general del IMSS) ordene una investigación exhaustiva y detenga el saqueo”.
IV
Hoy, desde las 10 de la mañana, con el apoyo de las organizaciones Pro Tlalpan, Salvemos Tlalpan, Amigos del Bosque de Tlalpan y vecinos del Ajusco Medio, se efectuará una clausura simbólica de la gasolinera que en el número 4097 de la avenida Insurgentes Sur construye el empresario José Talavera Ugalde, miembro de la familia que hace muchos años posee allí los restaurantes Don Enrique y Ponte Vecchio.
La movilización se llevará a cabo en solidaridad con los vecinos de la unidad habitacional Tlalpan 2, un conglomerado de 120 viviendas en las que habitan sobre todo catedráticos de la UNAM, médicos, profesionistas de otras disciplinas y jubilados. Para ellos, la instalación de una gasolinera con tres tanques subterráneos de 100 mil litros cada uno, que dará servicio 24 horas al día, constituye, en primer lugar, “una amenaza a nuestra seguridad y a nuestra salud, una agresión al medio ambiente, una violación a la Ley de Participación Ciudadana y una garantía de que el negocio causará embotellamientos continuos en un tramo de Insurgentes, de por sí estrecho debido al Metrobús”, dijo a esta columna José Luis Suárez, uno de los vecinos del conjunto, quienes decidieron organizarse como la APPO, es decir, sin líderazgos protagónicos.
Suárez añadió que, por ley, ninguna gasolinera puede estar a menos de 15 metros de una vivienda, y “sin embargo, ésta va a estar separada de nuestras casas apenas por un muro de 25 centímetros. Además, para qué quieren un depósito de 300 mil litros, que es una bomba de tiempo, si en la gasolinera Leo, que está 800 metros más adelante sobre la misma avenida, el promedio semanal de ventas es de 40 mil litros. Hemos hecho ya varias peticiones a Marcelo Ebrard para que intervenga y ponga alto a esta obra que están construyendo en una zona donde hay viviendas, escuelas, comercios, hospitales y una estación del Metrobús”.
Los vecinos, aseguró, “estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para detener este atropello, y si el gobierno del PRD no nos toma en cuenta buscaremos el apoyo de otros partidos”.
V
En la colonia Palmitas, en Iztapalapa, hace 19 días no hay luz. A diario se producen cinco bloqueos viales en esa delegación, donde vecinos desesperados por la falta de energía eléctrica no hallan otra forma de lograr que los atienda la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Cuando las protestas se dan en vialidades como la calzada Zaragoza, José Angel Ávila, secretario de Gobierno de Marcelo Ebrard, manda a los granaderos a golpear a la gente. Clara Brugada, titular provisional de esa demarcación, ha tenido que interponerse entre los gorilas y los inconformes para evitar la violencia. Por su parte, los técnicos de la CFE andan con la lengua de fuera, llegan a la capital desde el norte y el sur del país, y como no conocen los aparatos de Luz y Fuerza del Centro tardan en promedio cinco horas en arreglar un desperfecto que cualquier electricista del SME compondría en 20 minutos. ¿Y la huelga general para cuándo?
jamastu@gmail.com
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Pendiente, el gravamen a Internet; existe acuerdo para eliminarlo
Andrea Becerril y Víctor BallinasCuatro muertos y miles de damnificados por lluvias
La tromba que azotó ayer el Distrito Federal y el estado de México dejó al menos tres lesionados y provocó el desbordamiento de ríos y canales de aguas negras, así como la inundación de miles de viviendas. Cientos de vehículos quedaron varados y decenas resultaron volcados.
Las delegaciones y los municipios que sufrieron más daños fueron Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Ecatepec, Tultitlán y Coacalco.
En la imagen, el río Tesimalaco –en el norte de la capital–, uno de los que salieron de su cauce Foto Víctor Camacho
Se apaciguan los ánimos entre Calderón y empresarios
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Rayuela.
Al mirar a Colombia no puede uno menos que concluir que hoy es un día triste para América Latina.
Libres
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El elusivo camino de los acuerdos
Gustavo Gordillo/I
El país marcha a la deriva, en una dinámica catastrófica de desacuerdos y desencuentros. Es necesario preguntarnos por qué es así.
La visión que postuló la supremacía del mercado sobre otros mecanismos de orden social fue más allá del rechazo a las intervenciones públicas, para adentrarse en un camino de debilitamiento del Estado por la vía de las privatizaciones y las desregulaciones.
Otro mecanismo pernicioso y desarticulador consistió en someter a las grandes empresas públicas al desgaste y erosión, sea a través del régimen fiscal que se les impuso, como a Pemex; sea reduciendo su campo de acción, como a la banca de desarrollo, o sometiéndolas a descapitalización, como a Luz y Fuerza del Centro.
No se trató de “errores” en la implementación, sino de un concepción política al servicio de una idea fundamentalista. La supremacía de los mercados en sus versiones más delirantes postuló además dos consecuencias políticas.
Una, para operar esas reformas se necesitaban hacerlo en frío, es decir, a través de mecanismos autoritarios. La segunda derivación consistió en sospechar primero y luego confrontar decididamente cualquer intento de organización de la sociedad, con el argumento de que que sindicatos y asociaciones distorsionaba también los mercados.
En este punto conviene echar una mirada más atrás del periodo neoliberal y revisar cómo se comportaba el régimen priísta, en su momento de mayor hegemonía, en relación con estos temas. Cierto que las empresas públicas y la banca de desarrollo eran elementos cruciales en la estrategia de desarrollo anterior, porque servían a los intereses de un poderoso sector de la clase dominante –lo que algunos denominaron la burguesía de Estado– que basaba su enriquecimiento y acumulación de capital a partir del sector estatal de la economía.
También es cierto que las asociaciones y los sindicatos jugaron un rol importante en la legitimación del régimen. Pero el corporativismo estatal partía de una simple máxima: cooptaba e incorporaba a los disidentes, o los destruía. Ahí sí, cooperabas o cuello.
Las reflexiones anteriores tienen relevancia en el momento actual. Lo que percibimos en la política contra el SME y la empresa pública, o en la terrible tragicomedia que escenifican en estos días los legisladores respecto de la Ley de Ingresos –todavía falta la “discusión” sobre el gasto público–, son tres rasgos inquietantes.
Primero, la contrahechura del Estado mexicano que emerge del largo periodo de patrimonialismo ha sido estatista o neoliberal. Segundo, la creciente fragmentación social resulta tanto del corporativismo priísta como de la “ciudadanización” neoliberal. Tercero, una cultura fuertemente enraizada en la sociedad, pero particularmente entre las clases medias, del sospechosismo a todo aquello que huela a política o participación.
Los tres ingredientes convergen en lo que parece ser el signo central de nuestro tiempo: la incapacidad de las fuerzas políticas y sociales para construir acuerdos de largo plazo. No está de más señalar que la gravísima crisis que atraviesa el país en sus dimensiones económicas, de seguridad pública y de representación política exige más que nunca la construcción de acuerdos. En vez de ello lo que presenciamos son cálculos políticos cortoplacistas, ausencia de mínimos de solidaridad y deslealtad contumaz a principios, personas e instituciones. Y desfogues pasionales, como la confrontación empresarial con el presidente Felipe Calderón, que recuerda más bien el periodo de Luis Echeverría por paradójico que parezca.
De ahí que la pregunta central que definirá el futuro de todas las fuerzas políticas, pero particularmente de las izquierdas, es cómo avanzar en estas circunstancias en la construcción de acuerdos con aliados, amigos y contrincantes. Sin éstos el país seguirá deslizándose por la pendiente de la decadencia administrada.
http://gustavogordillo.blogspot.com • http://twitter.com/gusto47
El país marcha a la deriva, en una dinámica catastrófica de desacuerdos y desencuentros. Es necesario preguntarnos por qué es así.
La visión que postuló la supremacía del mercado sobre otros mecanismos de orden social fue más allá del rechazo a las intervenciones públicas, para adentrarse en un camino de debilitamiento del Estado por la vía de las privatizaciones y las desregulaciones.
Otro mecanismo pernicioso y desarticulador consistió en someter a las grandes empresas públicas al desgaste y erosión, sea a través del régimen fiscal que se les impuso, como a Pemex; sea reduciendo su campo de acción, como a la banca de desarrollo, o sometiéndolas a descapitalización, como a Luz y Fuerza del Centro.
No se trató de “errores” en la implementación, sino de un concepción política al servicio de una idea fundamentalista. La supremacía de los mercados en sus versiones más delirantes postuló además dos consecuencias políticas.
Una, para operar esas reformas se necesitaban hacerlo en frío, es decir, a través de mecanismos autoritarios. La segunda derivación consistió en sospechar primero y luego confrontar decididamente cualquer intento de organización de la sociedad, con el argumento de que que sindicatos y asociaciones distorsionaba también los mercados.
En este punto conviene echar una mirada más atrás del periodo neoliberal y revisar cómo se comportaba el régimen priísta, en su momento de mayor hegemonía, en relación con estos temas. Cierto que las empresas públicas y la banca de desarrollo eran elementos cruciales en la estrategia de desarrollo anterior, porque servían a los intereses de un poderoso sector de la clase dominante –lo que algunos denominaron la burguesía de Estado– que basaba su enriquecimiento y acumulación de capital a partir del sector estatal de la economía.
También es cierto que las asociaciones y los sindicatos jugaron un rol importante en la legitimación del régimen. Pero el corporativismo estatal partía de una simple máxima: cooptaba e incorporaba a los disidentes, o los destruía. Ahí sí, cooperabas o cuello.
Las reflexiones anteriores tienen relevancia en el momento actual. Lo que percibimos en la política contra el SME y la empresa pública, o en la terrible tragicomedia que escenifican en estos días los legisladores respecto de la Ley de Ingresos –todavía falta la “discusión” sobre el gasto público–, son tres rasgos inquietantes.
Primero, la contrahechura del Estado mexicano que emerge del largo periodo de patrimonialismo ha sido estatista o neoliberal. Segundo, la creciente fragmentación social resulta tanto del corporativismo priísta como de la “ciudadanización” neoliberal. Tercero, una cultura fuertemente enraizada en la sociedad, pero particularmente entre las clases medias, del sospechosismo a todo aquello que huela a política o participación.
Los tres ingredientes convergen en lo que parece ser el signo central de nuestro tiempo: la incapacidad de las fuerzas políticas y sociales para construir acuerdos de largo plazo. No está de más señalar que la gravísima crisis que atraviesa el país en sus dimensiones económicas, de seguridad pública y de representación política exige más que nunca la construcción de acuerdos. En vez de ello lo que presenciamos son cálculos políticos cortoplacistas, ausencia de mínimos de solidaridad y deslealtad contumaz a principios, personas e instituciones. Y desfogues pasionales, como la confrontación empresarial con el presidente Felipe Calderón, que recuerda más bien el periodo de Luis Echeverría por paradójico que parezca.
De ahí que la pregunta central que definirá el futuro de todas las fuerzas políticas, pero particularmente de las izquierdas, es cómo avanzar en estas circunstancias en la construcción de acuerdos con aliados, amigos y contrincantes. Sin éstos el país seguirá deslizándose por la pendiente de la decadencia administrada.
http://gustavogordillo.blogspot.com • http://twitter.com/gusto47
México SA--La debilidad estructural del fisco mexicano--El elevado costo de las decisiones
Carlos Fernández-Vega
Dados los grandes logros acumulados a lo largo de casi tres décadas continuas, los gobiernos neoliberales de este heroico país han hecho posible que México se mantenga en los primeros lugares latinoamericanos, aunque lamentablemente tales posiciones no correspondan con las mejores de la región, sino, por el contrario, con los peores. Se sabe del exitoso comportamiento económico nacional, que ubica al navío de gran calado” (ya saben quién, dixit) en el primer lugar de tal área geográfica, siempre y cuando la estadística se lea de abajo hacia arriba. Lo mismo en lo que a fabricación de pobres se refiere, con la diferencia que en este renglón tristemente hay que leerla de arriba hacia abajo. Y si de resultados gubernamentales se trata, entonces la estadística sólo tiene un renglón: nulidad absoluta, aunque, eso sí, entre las más onerosas de América Latina y buena parte del planeta.
Ahora que el siempre adelantado inquilino de Los Pinos tuvo una “revelación” y, por ende, “descubrió” que las grandes empresas “rara vez pagan impuestos” (aunque una vez “enterado” tampoco va a dar golpe para corregir la situación), vale hacer un recorrido por un tema recurrentemente abordado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo que por enésima ocasión pone el dedo en la llaga y enciende las alarmas sobre la debilidad estructural del fisco mexicano y el elevadísimo costo de las decisiones políticas en la materia, que han llevado al país a convertirse no sólo en uno de los que menor recaudación reporta, sino en el más dependiente de un solo producto, el petróleo, y en uno de los más gratos paraísos fiscales regionales para el gran capital, sea éste nacional o foráneo.
La Cepal realizó una “aproximación a la vulnerabilidad de los ingresos fiscales ante la crisis internacional”, en la cual México ocupa honrosamente la primera posición –compartida con dos naciones más– y sobresale por “la alta exposición” de sus finanzas públicas ante el terremoto económico interno y externo. Va, pues, la “aproximación” cepalina, contenida en el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2008-2009:
De acuerdo con los resultados de este ejercicio, precisa el organismo especializado de la ONU, México, Ecuador, Guatemala (en primera posición) y Panamá (en la segunda) “serían los países con mayor exposición de sus ingresos fiscales (la más alta); estas naciones reúnen al menos dos de las tres características que se consideraron de mayor relevancia dentro del análisis: dependencia de los ingresos por explotación de recursos naturales (excepto Guatemala y Panamá), rigidez político-institucional a la hora de aplicar reformas tributarias (lo que se traduce en una muy baja carga tributaria) y un significativo peso del impuesto a las importaciones en los recursos tributarios (con excepción de México)”.
En un segundo grupo de naciones (“exposición media”) se encuentran, en orden descendente, Bolivia, El Salvador, Paraguay, Venezuela, Colombia, República Dominicana, Nicaragua, Perú y Chile. Y en un tercer bloque (“exposición baja”, la menor de la región) aparecen Costa Rica, Uruguay, Brasil y Argentina (los últimos tres citados con los mejores resultados latinoamericanos, aunque no por ello exentos de impacto). Así, apunta la Cepal, “se observa que los países con alto porcentaje de ingresos no tributarios o provenientes de los recursos naturales, con baja carga tributaria y gran apertura comercial, tienen un mayor coeficiente de exposición a la crisis en materia de ingresos fiscales que aquellos con carga tributaria elevada, mayor participación del impuesto a la renta y mayor productividad del IVA”.
La incertidumbre que generan las crisis y las limitaciones a la hora de predecir sus efectos exigen una revisión detallada de la forma en que se transmiten y afectan a la economía, anota el organismo. “Los efectos de la crisis internacional sobre los ingresos fiscales de la región difieren de un país a otro y dependen no sólo de las características propias de la crisis, sino también del nivel y la estructura de la carga tributaria, así como de las diversas fuentes de financiamiento utilizadas. Más allá de eso, se estima que el impacto medio de la crisis en los ingresos fiscales es de gran magnitud, proyectándose para 2009 una caída equivalente a 1.8 por ciento del PIB en relación con lo recaudado en 2008.”
En la “aproximación” se intenta identificar a los países “propensos a mayores pérdidas de recursos fiscales considerando los canales mediante los cuales la actual crisis internacional repercute en la recaudación fiscal de la región. En consecuencia, se realiza una cuantificación del grado de exposición de los ingresos fiscales respecto de diversas variables ordenando a los países en tres grupos de exposición: alta, media o baja. Para la elaboración de este indicador se ponderan las diferentes características de la estructura de los ingresos fiscales, la rigidez político-institucional y la capacidad de las administraciones tributarias en cada caso”.
Sobre México, la Cepal advierte: “la acotada disponibilidad de recursos fiscales, las dificultades para ejecutar el gasto público en el corto plazo y la restricción de la disponibilidad de crédito para proyectos de inversión imponen límites a la efectividad de las diferentes iniciativas que el gobierno ha puesto en marcha para contrarrestar los efectos de la turbulencia externa. La reactivación de la economía mexicana depende en gran medida del impulso que tome la estadunidense y, en consecuencia, el inicio de una nueva etapa de crecimiento puede llevar todavía más tiempo”.
La economía mexicana “enfrenta en 2009 un escenario muy diverso, más difícil que el de la recesión de 1995, cuando el producto cayó 6.2 por ciento, pero en ese entonces pudo recuperarse con fuerza en menos de 12 meses debido al marcado repunte de las exportaciones. Esta opción hoy no existe, porque la economía mundial sufre su peor crisis desde los años 30 del siglo pasado. El entorno se vuelve más adverso por la disminución de la inversión extranjera directa, las remesas, los precios del petróleo, el turismo y el acceso al financiamiento”. Además, “la sucesión de programas que el gobierno federal ha puesto en marcha para enfrentar la crisis hasta ahora no ha logrado impedir la aguda reducción del ritmo de actividad y de la ocupación”.
Las rebanadas del pastel
Qué lástima, la “revelación” (empresas que “rara vez pagan impuestos”) llegó tarde para el de Los Pinos.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Dados los grandes logros acumulados a lo largo de casi tres décadas continuas, los gobiernos neoliberales de este heroico país han hecho posible que México se mantenga en los primeros lugares latinoamericanos, aunque lamentablemente tales posiciones no correspondan con las mejores de la región, sino, por el contrario, con los peores. Se sabe del exitoso comportamiento económico nacional, que ubica al navío de gran calado” (ya saben quién, dixit) en el primer lugar de tal área geográfica, siempre y cuando la estadística se lea de abajo hacia arriba. Lo mismo en lo que a fabricación de pobres se refiere, con la diferencia que en este renglón tristemente hay que leerla de arriba hacia abajo. Y si de resultados gubernamentales se trata, entonces la estadística sólo tiene un renglón: nulidad absoluta, aunque, eso sí, entre las más onerosas de América Latina y buena parte del planeta.
Ahora que el siempre adelantado inquilino de Los Pinos tuvo una “revelación” y, por ende, “descubrió” que las grandes empresas “rara vez pagan impuestos” (aunque una vez “enterado” tampoco va a dar golpe para corregir la situación), vale hacer un recorrido por un tema recurrentemente abordado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo que por enésima ocasión pone el dedo en la llaga y enciende las alarmas sobre la debilidad estructural del fisco mexicano y el elevadísimo costo de las decisiones políticas en la materia, que han llevado al país a convertirse no sólo en uno de los que menor recaudación reporta, sino en el más dependiente de un solo producto, el petróleo, y en uno de los más gratos paraísos fiscales regionales para el gran capital, sea éste nacional o foráneo.
La Cepal realizó una “aproximación a la vulnerabilidad de los ingresos fiscales ante la crisis internacional”, en la cual México ocupa honrosamente la primera posición –compartida con dos naciones más– y sobresale por “la alta exposición” de sus finanzas públicas ante el terremoto económico interno y externo. Va, pues, la “aproximación” cepalina, contenida en el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2008-2009:
De acuerdo con los resultados de este ejercicio, precisa el organismo especializado de la ONU, México, Ecuador, Guatemala (en primera posición) y Panamá (en la segunda) “serían los países con mayor exposición de sus ingresos fiscales (la más alta); estas naciones reúnen al menos dos de las tres características que se consideraron de mayor relevancia dentro del análisis: dependencia de los ingresos por explotación de recursos naturales (excepto Guatemala y Panamá), rigidez político-institucional a la hora de aplicar reformas tributarias (lo que se traduce en una muy baja carga tributaria) y un significativo peso del impuesto a las importaciones en los recursos tributarios (con excepción de México)”.
En un segundo grupo de naciones (“exposición media”) se encuentran, en orden descendente, Bolivia, El Salvador, Paraguay, Venezuela, Colombia, República Dominicana, Nicaragua, Perú y Chile. Y en un tercer bloque (“exposición baja”, la menor de la región) aparecen Costa Rica, Uruguay, Brasil y Argentina (los últimos tres citados con los mejores resultados latinoamericanos, aunque no por ello exentos de impacto). Así, apunta la Cepal, “se observa que los países con alto porcentaje de ingresos no tributarios o provenientes de los recursos naturales, con baja carga tributaria y gran apertura comercial, tienen un mayor coeficiente de exposición a la crisis en materia de ingresos fiscales que aquellos con carga tributaria elevada, mayor participación del impuesto a la renta y mayor productividad del IVA”.
La incertidumbre que generan las crisis y las limitaciones a la hora de predecir sus efectos exigen una revisión detallada de la forma en que se transmiten y afectan a la economía, anota el organismo. “Los efectos de la crisis internacional sobre los ingresos fiscales de la región difieren de un país a otro y dependen no sólo de las características propias de la crisis, sino también del nivel y la estructura de la carga tributaria, así como de las diversas fuentes de financiamiento utilizadas. Más allá de eso, se estima que el impacto medio de la crisis en los ingresos fiscales es de gran magnitud, proyectándose para 2009 una caída equivalente a 1.8 por ciento del PIB en relación con lo recaudado en 2008.”
En la “aproximación” se intenta identificar a los países “propensos a mayores pérdidas de recursos fiscales considerando los canales mediante los cuales la actual crisis internacional repercute en la recaudación fiscal de la región. En consecuencia, se realiza una cuantificación del grado de exposición de los ingresos fiscales respecto de diversas variables ordenando a los países en tres grupos de exposición: alta, media o baja. Para la elaboración de este indicador se ponderan las diferentes características de la estructura de los ingresos fiscales, la rigidez político-institucional y la capacidad de las administraciones tributarias en cada caso”.
Sobre México, la Cepal advierte: “la acotada disponibilidad de recursos fiscales, las dificultades para ejecutar el gasto público en el corto plazo y la restricción de la disponibilidad de crédito para proyectos de inversión imponen límites a la efectividad de las diferentes iniciativas que el gobierno ha puesto en marcha para contrarrestar los efectos de la turbulencia externa. La reactivación de la economía mexicana depende en gran medida del impulso que tome la estadunidense y, en consecuencia, el inicio de una nueva etapa de crecimiento puede llevar todavía más tiempo”.
La economía mexicana “enfrenta en 2009 un escenario muy diverso, más difícil que el de la recesión de 1995, cuando el producto cayó 6.2 por ciento, pero en ese entonces pudo recuperarse con fuerza en menos de 12 meses debido al marcado repunte de las exportaciones. Esta opción hoy no existe, porque la economía mundial sufre su peor crisis desde los años 30 del siglo pasado. El entorno se vuelve más adverso por la disminución de la inversión extranjera directa, las remesas, los precios del petróleo, el turismo y el acceso al financiamiento”. Además, “la sucesión de programas que el gobierno federal ha puesto en marcha para enfrentar la crisis hasta ahora no ha logrado impedir la aguda reducción del ritmo de actividad y de la ocupación”.
Las rebanadas del pastel
Qué lástima, la “revelación” (empresas que “rara vez pagan impuestos”) llegó tarde para el de Los Pinos.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Salvador García Soto--Serpientes y Escaleras
31 de octubre de 2009
La ruptura
Como en un juego de perinola en el que cayó “Todos pierden”, la turbulenta aprobación de las leyes fiscales ocurrida anoche en el Senado dejó sólo saldos negativos
Poco a poco, cada vez más capitanes de empresa se fueron desencantando de un gobierno que no cumplió sus promesas en el terreno económico
Como en un juego de perinola en el que cayó “Todos pierden”, la turbulenta aprobación de las leyes fiscales ocurrida anoche en el Senado dejó sólo saldos negativos.
A los contribuyentes porque una vez más la ineficacia de nuestros políticos nos pasa factura con el cobro de más y nuevos impuestos para tapar boquetes presupuestales; a los priístas porque, aunque ofrecieron que corregirían el recesivo paquete fiscal de Calderón, al final no pudieron o no quisieron y terminaron divididos; y al propio Presidente porque al rechazo popular que le traerán sus medidas fiscales, se suma un rompimiento ya inocultable con la clase empresarial que le ha dado la espalda.
Los agrios dimes y diretes entre el Presidente y las cúpulas empresariales del país fueron sólo la expresión pública de un distanciamiento que comenzó hace algunos meses entre los hombres del dinero y Felipe Calderón. Desde aquella confrontación abierta con Carlos Slim, cuando desde el gobierno descalificaron y tacharon al mayor inversionista mexicano de “catastrofista”, empezó una lenta fuga del apoyo empresarial al Presidente.
Poco a poco, cada vez más capitanes de empresa se fueron desencantando de un gobierno que no cumplió sus promesas en el terreno económico, que no supo dimensionar el tamaño de la recesión mundial, y que tampoco tuvo la mayor habilidad para enfrentar la crisis nacional y no pudo paliar sus efectos más nocivos con sus planes contraciclícos. Después de Slim, el Grupo Monterrey se distanció de Calderón y comenzó a cuestionar su manejo económico; y ahora, desde que el Presidente propuso el aumento de impuestos, pero sobre todo la modificación del régimen de consolidación fiscal, la ruptura con casi todos los organismos empresariales se hizo evidente.
Y aunque los argumentos de Calderón son válidos y debieran ser apoyados por la población, al decir que “las grandes empresas rara vez pagan los impuestos que debieran pagar” y criticar la elusión fiscal que la ley y el gobierno les ha permitido durante décadas, y marcadamente durante los tres años de su administración a los grandes corporativos empresariales, al Presidente se le olvida que fueron precisamente esos grupos, con toda la cauda de intereses y privilegios que hoy lo alarman, los que lo apoyaron para que llegara a la Presidencia y los que lo sostuvieron y legitimaron cuando su elección fue puesta en duda.
¿No sabía entonces Felipe Calderón que las leyes fiscales o su interpretación tolerada por las autoridades federales les daban a muchas de las compañías mexicanas y a sus potentados dueños millonarios y grotescos privilegios fiscales? ¿No se le escuchó nunca decir a Andrés Manuel López Obrador, que lo repetía en sus discursos de campaña y que radicalizó tanto su crítica y sus amagos de que eso cambiaría con él en la Presidencia, que le costó el veto total del poder económico y empresarial que se volcó precisamente a apoyar el calderonismo con tal de frenar lo que llamaron “un peligro para México”?
Es cierto que la propuesta de cambiar el régimen de consolidación ayudaría a enfrentar la grave debilidad en que se encuentran las finanzas públicas y aumentaría la recaudación fiscal, pero el momento que eligió el gobierno calderonista no parece el más afortunado, cuando las empresas, que son las únicas que pueden generar los empleos que él prometió y no cumplió, enfrentan los efectos de la más fuerte crisis económica que se recuerde desde 1995 en el país.
Porque hay otro dato que podría ayudar a entender por qué Calderón decide lanzar esa propuesta —la del cambio en la consolidación fiscal— en este momento específico, y es que los apoyos de los empresarios que su gobierno perdió sostenidamente en los últimos meses se le trasladaron todos al PRI. En la misma medida que tomaban distancia de Calderón, los principales capitanes de empresas se acercaban al viejo partido y a figuras suyas como Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto.
De hecho, en sus cabildeos en contra de la Ley de Ingresos que les imponía ese cambio, que era lo que realmente les preocupaba e irritaba, los empresarios buscaron directamente a Beltrones y con él negociaron echar abajo la propuesta calderonista.
Tal vez por eso Calderón decidió romper lanzas con el empresariado y lanzar justo ahora la medida que afecta a todos los conglomerados empresariales del país.
Así que en la lista de saldos finales de la repudiada Ley de Ingresos, además del IVA que terminaron validando los priístas o el ISR o los IEPS que subirán para los contribuyentes y las empresas, sin contar los nuevos impuestos que tanta polémica e irritación social causaron, el cambio al régimen de consolidación fiscal, que obligará a las grandes empresas a pagar parte de sus deudas de años al fisco con plazo para junio de 2010, será de lo que más consecuencias directas e inmediatas tendrá. Y la primera es el ahondamiento de la ruptura entre Calderón y los empresarios, que pesará fuerte en lo que resta de esta administración y que podría beneficiar al PRI en su carrera hacia el 2012.
NOTAS INDISCRETAS... El día que recibió la noticia del fallo de la Corte, que lo acusó de violar las garantías individuales, Ulises Ruiz estaba en un acto en el municipio de Etla en una comida; cuentan que al gobernador le cambió la expresión y se echó tres cervezas al hilo; luego dijo que no le preocupaba la solicitud de juicio político que pudiera llegar, y como para tranquilizarse, se dirigió al presidente del Congreso local: “¿O no, Herminio (Cuevas Chávez)? Ya hasta el dictamen tenemos hecho, ¿verdad?”… El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez se comunicó con esta columna para negar cualquier relación con una supuesta carta de renuncia de José Luis Soberanes al Opus Dei que circuló esta semana. “Nuestra actividad no admite entretenernos en la sospecha. Preferimos responder con claridad que no somos los autores de esa carta (los jesuitas o el Centro Prodh). Ni nuestro trabajo ni nuestras convicciones éticas nos permiten ocuparnos de ese tipo de actos”, dice su director Luis Arriaga Valenzuela… Por cierto que la lucha por la CNDH se define a partir del lunes una vez destrabado el tema fiscal y uno de los nombres que suenan fuerte para la terna, el de Javier Moctezuma Barragán, tiene fuertes vínculos con la aristocracia familiar panista. Con Moctezuma, como su brazo derecho en la Secretaría Técnica de la CNDH, trabaja Antonio Gómez del Campo Gurza, un joven que, afirman, cobra un sueldo mensual de 104 mil pesos mensuales y que además de ser hermano de Mariana y primo de Margarita Zavala, es sobrino de la senadora panista Teresa Ortuño. ¿Ya se entiende porqué el PAN y el gobierno impulsan a Moctezuma?... Los dados se agitan. Tocó serpiente.
Tianguis legislativo--Porfirio Muñoz Ledo
31 de octubre de 2009
Cuando se inauguró el Palacio de San Lázaro, destinado al albergue de ambas cámaras, nos preguntamos por la lejanía del recinto. La respuesta se encontraba en el proyecto de construir una gran avenida que lo uniera a la parte posterior del Palacio Nacional. El diseño nunca aterrizó por el elevado costo económico y político que hubiese significado cercenar el barrio de La Merced.
Nadie imaginó que con los años la sede parlamentaria sería contaminada por los aires de los mercados circunvecinos. La rebatiña por el presupuesto y su condicionamiento a los actores políticos a cambio de apoyo para aprobar impuestos impresentables ha devenido en un tianguis legislativo.
El pecado original reside en que nuestro sistema propicia el vicioso funcionamiento de gobiernos de minoría —y aun de ridícula minoría—. Durante el régimen de partido hegemónico el Ejecutivo no tenía problemas con el Congreso para la aprobación de sus iniciativas legales, fiscales y presupuestales. Las resistencias estaban afuera.
El traslado de la mayoría legislativa a la oposición obligaba a reformas constitucionales que hicieran compatible el poder del Congreso con el ejercicio del gobierno. Así lo propuso la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, sugiriendo —como primer paso hacia un sistema semipresidencial— la creación de un jefe de gabinete, aprobado por el Congreso.
El presupuesto no es sino la expresión en cifras de un programa de gobierno; si éste carece de la mayoría parlamentaria para hacerlo aprobar, debe dimitir. Por ello es aconsejable un sistema de alianzas estables que otorguen al Ejecutivo el número de votos legislativos suficiente para gobernar con transparencia y eficacia.
En la 57 Legislatura la mayoría de oposición exigió que —conforme a la fracción IV del artículo 74— primero se discutieran las contribuciones y una vez determinadas se estableciera el presupuesto. De esta manera pudimos evitar durante escaso tiempo, y en espera de una reforma constitucional apropiada, el chantaje electorero y procaz que hoy denigra las relaciones de poder.
Como tránsito hacia un régimen distinto propusimos además que —a fin de evitar el mercadeo de partidas— se votase el presupuesto en bloque y, si fuese derrotado, los rechazantes presentarían uno nuevo. Es esencial para el juego democrático que los proyectos y compromisos partidarios sean claros ante la opinión pública y se reduzca el espacio para las complicidades ocultas que terminan en mutuas acusaciones verduleras.
Semejante proceso degenerativo se explica también por la deforme estructura hacendaria que instituye al gobierno central en el mecenas de los estados y los municipios. Éstos sólo tienen derecho a disponer de 15% de la recaudación fiscal, mientras que la Federación capta el resto. Ello es contrario al modelo que se pregona y a la práctica de regímenes análogos en todo el mundo.
Setenta años después de que se celebrara la anterior, tuvo lugar en 2004 la Convención Nacional Hacendaria, cuyos objetivos fueron la revisión de las potestades tributarias con criterio federativo y la reforma de los procedimientos para distribuir los apoyos nacionales compensatorios bajo reglas de equidad, descentralización y desarrollo compartido. Ninguno de sus 323 acuerdos ha sido aplicado.
Ante la parálisis de la reforma del Estado, florecen la irracionalidad y el contubernio. Los gobiernos de los estados litigan sus presupuestos con el gobierno federal, a cambio de favores políticos inconfesables, y éste aprovecha la influencia de los poderes locales sobre el Congreso para aprobar impuestos de los que aquéllos no son responsables.
La penuria fiscal que pretende subsanarse es fruto de una caída drástica del producto, junto al declive de las reservas y los precios del petróleo. De no modificarse el rumbo económico, en pocos meses ocurrirá la catástrofe. Ése debiera ser el debate del Congreso.
Diputado federal (PT)
Cuando se inauguró el Palacio de San Lázaro, destinado al albergue de ambas cámaras, nos preguntamos por la lejanía del recinto. La respuesta se encontraba en el proyecto de construir una gran avenida que lo uniera a la parte posterior del Palacio Nacional. El diseño nunca aterrizó por el elevado costo económico y político que hubiese significado cercenar el barrio de La Merced.
Nadie imaginó que con los años la sede parlamentaria sería contaminada por los aires de los mercados circunvecinos. La rebatiña por el presupuesto y su condicionamiento a los actores políticos a cambio de apoyo para aprobar impuestos impresentables ha devenido en un tianguis legislativo.
El pecado original reside en que nuestro sistema propicia el vicioso funcionamiento de gobiernos de minoría —y aun de ridícula minoría—. Durante el régimen de partido hegemónico el Ejecutivo no tenía problemas con el Congreso para la aprobación de sus iniciativas legales, fiscales y presupuestales. Las resistencias estaban afuera.
El traslado de la mayoría legislativa a la oposición obligaba a reformas constitucionales que hicieran compatible el poder del Congreso con el ejercicio del gobierno. Así lo propuso la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, sugiriendo —como primer paso hacia un sistema semipresidencial— la creación de un jefe de gabinete, aprobado por el Congreso.
El presupuesto no es sino la expresión en cifras de un programa de gobierno; si éste carece de la mayoría parlamentaria para hacerlo aprobar, debe dimitir. Por ello es aconsejable un sistema de alianzas estables que otorguen al Ejecutivo el número de votos legislativos suficiente para gobernar con transparencia y eficacia.
En la 57 Legislatura la mayoría de oposición exigió que —conforme a la fracción IV del artículo 74— primero se discutieran las contribuciones y una vez determinadas se estableciera el presupuesto. De esta manera pudimos evitar durante escaso tiempo, y en espera de una reforma constitucional apropiada, el chantaje electorero y procaz que hoy denigra las relaciones de poder.
Como tránsito hacia un régimen distinto propusimos además que —a fin de evitar el mercadeo de partidas— se votase el presupuesto en bloque y, si fuese derrotado, los rechazantes presentarían uno nuevo. Es esencial para el juego democrático que los proyectos y compromisos partidarios sean claros ante la opinión pública y se reduzca el espacio para las complicidades ocultas que terminan en mutuas acusaciones verduleras.
Semejante proceso degenerativo se explica también por la deforme estructura hacendaria que instituye al gobierno central en el mecenas de los estados y los municipios. Éstos sólo tienen derecho a disponer de 15% de la recaudación fiscal, mientras que la Federación capta el resto. Ello es contrario al modelo que se pregona y a la práctica de regímenes análogos en todo el mundo.
Setenta años después de que se celebrara la anterior, tuvo lugar en 2004 la Convención Nacional Hacendaria, cuyos objetivos fueron la revisión de las potestades tributarias con criterio federativo y la reforma de los procedimientos para distribuir los apoyos nacionales compensatorios bajo reglas de equidad, descentralización y desarrollo compartido. Ninguno de sus 323 acuerdos ha sido aplicado.
Ante la parálisis de la reforma del Estado, florecen la irracionalidad y el contubernio. Los gobiernos de los estados litigan sus presupuestos con el gobierno federal, a cambio de favores políticos inconfesables, y éste aprovecha la influencia de los poderes locales sobre el Congreso para aprobar impuestos de los que aquéllos no son responsables.
La penuria fiscal que pretende subsanarse es fruto de una caída drástica del producto, junto al declive de las reservas y los precios del petróleo. De no modificarse el rumbo económico, en pocos meses ocurrirá la catástrofe. Ése debiera ser el debate del Congreso.
Diputado federal (PT)
Dudas del caso Mouriño --Periodistas de EL UNIVERSAL
El próximo miércoles se cumple un año de la trágica muerte de quien fuera secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Se dijo que el gobierno federal no cejaría en voluntad para conocer todas las causas que provocaron que el avión en el que viajaba se estrellara en una de las zonas más exclusivas de la ciudad de México. Hoy poco se habla del asunto, mucho menos en Los Pinos, donde concentraron todo el músculo político en el paquete fiscal con el que se busca resarcir los más de 300 mil millones de pesos que no habrá en las arcas de la nación en 2010. De las investigaciones que, se informó, se harían sobre el accidente, nada se sabe. Una de ellas y que es vital, la del túnel de viento de la NASA en Estados Unidos, con la que se sabría si verdaderamente el avión en el que viajaban Mouriño y el ex fiscal antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos, cayó como resultado de la estela de turbulencia que generó el Boeing 767 de Mexicana que le antecedía en la ruta de aproximación al Aeropuerto de la Ciudad de México. Hay dudas, muchas dudas, y éstas se podrían agigantar si no hay prontas respuestas.
Vicente Fox no deja de ser noticia y él mismo se encarga de que así sea. Opina de todo, y si se trata de algún tema coyuntural, pues mejor. Ahora, en Guanajuato, dijo algo que para muchos es una realidad conocida desde hace años: que en México una buena parte de la población no paga impuestos. Pero más allá de su afirmación, confió algo que no deja de llamar la atención: que muchos ciudadanos, no sólo los empresarios, no pagan sus contribuciones al fisco porque existe desconfianza en el gasto del gobierno. Arremetió de nueva cuenta contra la actual administración federal y adujo que hoy y aquí hay una nula capacidad recaudatoria. “El tema que a mí me parece fundamental es que hay una gran desconfianza en el gasto del gobierno”. Así, textual. Para el ex presidente “ese es el meollo del asunto”. Ya entrado en materia, propuso reducir los presupuestos al Poder Judicial, a los partidos políticos y al IFE. ¡Ah!, pero nada de meterse con las pensiones de los ex mandatarios.
Fue notoria su presencia. Se les veía en puntos estratégicos, platicando, intercambiando puntos de vista, incluso manoteando o sólo observando. Ahí estuvieron, muy de cerca del debate político. Hicieron su último intento para salvar algo de lo que perderían. Nos referimos a los cabilderos de empresas multinacionales, de tabacaleras que venden su producto entre millones de clientes, de aquí y de allá, en todo el mundo. Buscaron a toda costa frenar el cobro de 40 centavitos a cada cajetilla como parte del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Según la Alianza Nacional para el Control del Tabaco, especialistas de la British American Tobacco y de Philip Morris realizaron ayer un intenso cabildeo en el Senado de la República buscando sacar algo de lo que prácticamente estaba perdido.
Vicente Fox no deja de ser noticia y él mismo se encarga de que así sea. Opina de todo, y si se trata de algún tema coyuntural, pues mejor. Ahora, en Guanajuato, dijo algo que para muchos es una realidad conocida desde hace años: que en México una buena parte de la población no paga impuestos. Pero más allá de su afirmación, confió algo que no deja de llamar la atención: que muchos ciudadanos, no sólo los empresarios, no pagan sus contribuciones al fisco porque existe desconfianza en el gasto del gobierno. Arremetió de nueva cuenta contra la actual administración federal y adujo que hoy y aquí hay una nula capacidad recaudatoria. “El tema que a mí me parece fundamental es que hay una gran desconfianza en el gasto del gobierno”. Así, textual. Para el ex presidente “ese es el meollo del asunto”. Ya entrado en materia, propuso reducir los presupuestos al Poder Judicial, a los partidos políticos y al IFE. ¡Ah!, pero nada de meterse con las pensiones de los ex mandatarios.
Fue notoria su presencia. Se les veía en puntos estratégicos, platicando, intercambiando puntos de vista, incluso manoteando o sólo observando. Ahí estuvieron, muy de cerca del debate político. Hicieron su último intento para salvar algo de lo que perderían. Nos referimos a los cabilderos de empresas multinacionales, de tabacaleras que venden su producto entre millones de clientes, de aquí y de allá, en todo el mundo. Buscaron a toda costa frenar el cobro de 40 centavitos a cada cajetilla como parte del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Según la Alianza Nacional para el Control del Tabaco, especialistas de la British American Tobacco y de Philip Morris realizaron ayer un intenso cabildeo en el Senado de la República buscando sacar algo de lo que prácticamente estaba perdido.
Sí habrá impuesto a internet móvil
Víctor Hernández
31 de Octubre, 2009
PAN y PRI aprobaron aumentos al ISR, IDE e IVA (este último con la abstención del PRI que permitió su aprobación)
Con el IEPS a telecomunicaciones PAN y PRI le dieron atole con el dedo a #internetnecesario, exentando del pago del 3% de IEPS a la internet de casa, pero obligando a los usuarios de internet móvil (Blackberry, iPhone, BAM, etc) a pagar el impuesto.
Si el cobro por internet móvil es superior al 30% del cobro total de los servicios de teléfono y de datos, entonces paga 3% de IEPS.
Es decir: si usted paga 449 pesos que cuesta un plan de datos por 30 días para BlackBerry o para otro GSM, para que no pague impuestos usted debe gastar por lo menos 898 pesos en el puro celular.
Ah, y eso sin olvidar los que usan ficha de prepago. Si compran una de 500 pesos que les de 900 de saldo, unos 500 (casi la mitad) se va en el servicio de datos. Imposible evitar entonces que le cobren impuestos.
Además, ningún plan de menos de 30 días le sirve a nadie que realmente use internet móvil. Quienes realmente usen un BlacBerry, Smartphone, etc, para trabajar simplemente no podrán evitar que les suban el precio.
Peor: ahora el celular y el teléfono fijo pagan 3% de IEPS.
Con otro detalle: puesto que para evitar el impuesto hay que gastar mucho en el servicio de voz, tenemos entonces que sólo los más ricos no lo pagarán.
¿Es esto para festejar? Desde luego que no. Los Senadores del PAN y del PRI lo que demostraron es que les valió gorro #internetnecesario y simplemente buscaron la manera de darles un placebo para que festejaran que les subieron los impuestos.
Si #internetnecesario se hubiera politizado, y hubiera declarado que le daba su voto a AMLO en 2012, entonces sí se hubieran asustado PAN y PRI y ni el IVA ni el ISR hubieran pasado.
Pero no: prefirieron el conformismo. Flaco favor le hicieron a la gente, ya que ahora sólo los ricos no pagarán el impuesto. Con esto se impide el crecimiento de internet móvil, que es hoy por hoy al que más debería tener acceso la gente para poder estar informada dondequiera que esté.
Y no lo olviden: este es el resultado de votar por el PAN y el PRI, o de abstenerse para no impedir que lleguen al poder… a subir los impuestos.
Por eso mejor AMLO 2012.
31 de Octubre, 2009
PAN y PRI aprobaron aumentos al ISR, IDE e IVA (este último con la abstención del PRI que permitió su aprobación)
Con el IEPS a telecomunicaciones PAN y PRI le dieron atole con el dedo a #internetnecesario, exentando del pago del 3% de IEPS a la internet de casa, pero obligando a los usuarios de internet móvil (Blackberry, iPhone, BAM, etc) a pagar el impuesto.
Si el cobro por internet móvil es superior al 30% del cobro total de los servicios de teléfono y de datos, entonces paga 3% de IEPS.
Es decir: si usted paga 449 pesos que cuesta un plan de datos por 30 días para BlackBerry o para otro GSM, para que no pague impuestos usted debe gastar por lo menos 898 pesos en el puro celular.
Ah, y eso sin olvidar los que usan ficha de prepago. Si compran una de 500 pesos que les de 900 de saldo, unos 500 (casi la mitad) se va en el servicio de datos. Imposible evitar entonces que le cobren impuestos.
Además, ningún plan de menos de 30 días le sirve a nadie que realmente use internet móvil. Quienes realmente usen un BlacBerry, Smartphone, etc, para trabajar simplemente no podrán evitar que les suban el precio.
Peor: ahora el celular y el teléfono fijo pagan 3% de IEPS.
Con otro detalle: puesto que para evitar el impuesto hay que gastar mucho en el servicio de voz, tenemos entonces que sólo los más ricos no lo pagarán.
¿Es esto para festejar? Desde luego que no. Los Senadores del PAN y del PRI lo que demostraron es que les valió gorro #internetnecesario y simplemente buscaron la manera de darles un placebo para que festejaran que les subieron los impuestos.
Si #internetnecesario se hubiera politizado, y hubiera declarado que le daba su voto a AMLO en 2012, entonces sí se hubieran asustado PAN y PRI y ni el IVA ni el ISR hubieran pasado.
Pero no: prefirieron el conformismo. Flaco favor le hicieron a la gente, ya que ahora sólo los ricos no pagarán el impuesto. Con esto se impide el crecimiento de internet móvil, que es hoy por hoy al que más debería tener acceso la gente para poder estar informada dondequiera que esté.
Y no lo olviden: este es el resultado de votar por el PAN y el PRI, o de abstenerse para no impedir que lleguen al poder… a subir los impuestos.
Por eso mejor AMLO 2012.
La huída de México es el destino que ricos y pobres comparten
Federico Arreola
31 de Octubre, 2009
He charlado en el vestíbulo del hotel Majestic de Barcelona con un norteamericano, hombre de negocios retirado, que vive en Francia, habla muy buen español y que creció en California entre mexicanos.
Es alguien que nos conoce y que, con evidente preocupación, me preguntó cómo están las cosas en México: “No es bueno lo que leo en los periódicos sobre tu país”.
Le he contado de la molestia de la población por los nuevos impuestos y le he transmitido también mis temores de que en 2010, centenario de la Revolución, pueda haber inestabilidad social y política.
Me dijo: “Siempre he pensado que otra revolución es inevitable en México porque no es un país viable”.
Le pedí que me explicara por qué, en su opinión, México no es viable, y lo hizo con sencillez:
“Los mexicanos no quieren estar en su país. Si pueden lo abandonan. Unos se van por pobres buscando empleo, sobre todo a Estados Unidos. Otros se van por ricos buscando seguridad y ciudades que sí funcionen, a Estados Unidos y a Europa”.
¿Ciudades que sí funcionen?
“Los mexicanos ricos que conozco que viven en Miami o San Diego o que tienen casas en París o en España, los estudiantes mexicanos en las universidades de Europa o Estados Unidos todos se quejan de que Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla son ciudades que no funcionan por sus malos servicios, poco transporte, contaminación, tráfico caótico y corrupción policiaca, a diferencia de Barcelona, San Diego, Londres, Boston, París que sí funcionan, así dicen los mexicanos para justificar que no quieren volver a su país. Yo estoy en Francia por razones familiares complejas, pero no pienso que París funcione mejor que Los Ángeles, Nueva York o Miami, me siento orgulloso de mis ciudades, pero ustedes los mexicanos no, ustedes se sienten amenazados y huyen si tienen dinero, y si no son ricos, huyen por hambre. Solo permanecen en México los de en medio, cada día más desesperados porque ni son tan pobres para huir por hambre ni tan ricos para comprar una villa en Italia o Francia. En tu país habrá otra revolución y la hará la clase media que es la que todo lo paga y todo lo sufre en México”.
A ese norteamericano le pedí permiso para anotar sus opiniones y publicarlas. Me lo dio, revisó lo que escribí y aquí lo difundo.
31 de Octubre, 2009
He charlado en el vestíbulo del hotel Majestic de Barcelona con un norteamericano, hombre de negocios retirado, que vive en Francia, habla muy buen español y que creció en California entre mexicanos.
Es alguien que nos conoce y que, con evidente preocupación, me preguntó cómo están las cosas en México: “No es bueno lo que leo en los periódicos sobre tu país”.
Le he contado de la molestia de la población por los nuevos impuestos y le he transmitido también mis temores de que en 2010, centenario de la Revolución, pueda haber inestabilidad social y política.
Me dijo: “Siempre he pensado que otra revolución es inevitable en México porque no es un país viable”.
Le pedí que me explicara por qué, en su opinión, México no es viable, y lo hizo con sencillez:
“Los mexicanos no quieren estar en su país. Si pueden lo abandonan. Unos se van por pobres buscando empleo, sobre todo a Estados Unidos. Otros se van por ricos buscando seguridad y ciudades que sí funcionen, a Estados Unidos y a Europa”.
¿Ciudades que sí funcionen?
“Los mexicanos ricos que conozco que viven en Miami o San Diego o que tienen casas en París o en España, los estudiantes mexicanos en las universidades de Europa o Estados Unidos todos se quejan de que Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla son ciudades que no funcionan por sus malos servicios, poco transporte, contaminación, tráfico caótico y corrupción policiaca, a diferencia de Barcelona, San Diego, Londres, Boston, París que sí funcionan, así dicen los mexicanos para justificar que no quieren volver a su país. Yo estoy en Francia por razones familiares complejas, pero no pienso que París funcione mejor que Los Ángeles, Nueva York o Miami, me siento orgulloso de mis ciudades, pero ustedes los mexicanos no, ustedes se sienten amenazados y huyen si tienen dinero, y si no son ricos, huyen por hambre. Solo permanecen en México los de en medio, cada día más desesperados porque ni son tan pobres para huir por hambre ni tan ricos para comprar una villa en Italia o Francia. En tu país habrá otra revolución y la hará la clase media que es la que todo lo paga y todo lo sufre en México”.
A ese norteamericano le pedí permiso para anotar sus opiniones y publicarlas. Me lo dio, revisó lo que escribí y aquí lo difundo.
viernes, 30 de octubre de 2009
Todos en contra--Acentos--Pablo Gómez
2009-10-30•Acentos
Felipe Calderón ha conseguido lo hasta ahora considerado imposible: ha puesto a todos en su contra. Los motivos de las diferentes clases o sectores de éstas son, sin embargo, diferentes. Quienes pagan impuestos no están de acuerdo con pagar más; quienes no pagan rehúsan ahora pagar un poco por cuenta de lo que han dejado de aportar.
Es evidente que la gran burguesía monopolista, la cual no paga como lo afirma con razón el mismo Calderón (quien asumió por un instante el discurso de López Obrador, aunque sin la misma consecuencia), combate el aumento de la tarifa máxima del impuesto sobre la renta de 28 a 30 por ciento, aunque tampoco lo va a pagar, pero se opone sobre todo al pellizco de los impuestos retenidos (aparte de los no pagados) entre 1999 y 2004 —más de 80 mil millones en el cálculo más conservador— que Calderón les pidió entregar en cinco cómodas anualidades.
Quienes pagan impuestos no están de acuerdo con un aumento de 2 puntos porcentuales sobre sus ingresos, lo cual significaría poco más de 7 por ciento de incremento a todos y, para los más bajos salarios que hoy contribuyen representa casi 20 por ciento de aumento respecto de lo que están pagando ahora, lo cual es un atraco (nuestra insigne prensa libre mexicana no ha dicho la verdad sobre el proyecto gubernamental de impuesto sobre la renta ni ha intentado explicar a su sufrido público lo que significa el régimen de consolidación fiscal de los superricos mexicanos; lo que al respecto se ha planteado por el PRD desde el Congreso no ha sido publicado, sencillamente).
En cuanto a los impuestos al gasto no se trata sólo de 2 por ciento adicional, reducido por la Cámara a 1 por ciento en el IVA, sino también el 3 por ciento a los usuarios de telecomunicaciones, dos pesos por cajetilla sin importar el precio de la misma y un incremento a las bebidas alcohólicas y a la cerveza, todo lo cual le pega a casi todo mundo.
Los ciudadanos diputados de la mayoría de PRI y PAN (encabezados por sus respectivos presidentes nacionales) se aventaron la puntada de aprobar la condonación de derechos a los concesionarios de las nuevas frecuencias de telecomunicaciones, por la friolera de casi 5 mil millones de pesos, con el propósito —dijeron— de “incentivar” que le hagan el favor a México de invertir en la banda más lucrativa del espectro radioeléctrico (la más rápida) y la de mayor tasa económica de retorno, como si fuera petróleo crudo. No se sabe qué favores, también de retorno, están aquí comprometidos.
En síntesis, Calderón plantea que quienes ya están pagando impuestos (trabajadores y empresarios pequeños y medianos) ahora paguen más, y quienes no pagan casi nada sigan así, aunque les quiere cobrar a éstos en 2010 unos 27 mil millones por cuenta de lo que no han pagado en los últimos diez años. Esto fue lo que amarró la pinza de la unidad nacional: todos en contra. Mayor torpeza es difícil.
Los privilegios fiscales, sin embargo, no se tocan, pues el régimen de consolidación fiscal de las holdings no se quiere suprimir, ni se quiere cobrar el impuesto sobre la renta a las ganancias de bolsa, ni se pretende tocar a las empresas mineras que prácticamente no pagan nada por derechos de extracción; tampoco se desea eliminar los regímenes de privilegio del llamado sector primario y los transportes. En fin, Calderón respeta a los ricos y sólo les pide a los más ricos una pequeña contribución de 27 mil millones, por la cual éstos chillan como marranos atorados (tienen ingresos brutos anuales por más de cinco millones de millones de pesos).
El secretario de Hacienda, ante tal desastre y pésimo resultado político, debería renunciar como responsable de la aplicación de las órdenes recibidas de su jefe, Calderón. El paquete fiscal presentado por el gobierno no puede más que llevar al nombramiento de un nuevo secretario, aunque quien debería irse, en verdad, es el mismo Calderón por haber unificado a todos en su contra. Digo, es una idea.
pgomez@milenio.com
El calderón de la rebelión de las élites--A Puerta Cerrada--Marcela Gómez Zalce
2009-10-30•Política
• La cobardía del PRI
• Si no puedes convencer, confunde: ife
Lo que se comienza mal, mi estimado, culmina en conflicto. Extraordinario cierre de semana con la joya esgrimida por Felipe Calderón que marca el parteaguas de la rebelión de las élites con su (des)gobierno. Desde Puerto Vallarta, arremetió contra las grandes empresas que pagan en promedio 1.7% de impuestos y que evaden sus responsabilidades fiscales por medio de atractiva filantropía.
Omitiendo nombres, my friend, Calderón revalidó la denuncia de López Obrador sobre 300 consorcios como Cemex, Bimbo, Coca-Cola, Televisa (a la cual le quieren condonar unos años de obligaciones fiscales ¿para que le cuadren sus números con su nuevo juguetito?) Maseca, Wal-Mart, Banamex, Bancomer, Telmex y otros, desencadenando la furia empresarial (y la locuacidad del imberbe gobernador Rodrigo Medina), que en voz del CCE le reviró a Los Pinos aduciendo que el tono (y la forma… y el fondo) fue delicado y que pudiera haber algunos casos de abuso. Y de paso dejaron mal parada a la Secretaría de Hacienda —donde el agobiado Carstens salió a hacer un control de daños de las fulminantes declaraciones presidenciales— con su cacareado SAT, yes?
Pero lo importante es no distraerse con las piruetas baratas y los aullidos del CCE —que en el pasado etiquetó al tabasqueño como un peligro para México siendo el slogan favorito de los spin doctors—, que en su comunicado supuraba por la herida lamentando que en este momento difícil medidas mal concebidas, mal fundadas y retroactivas (¡aja!), den motivo a que se polarice la sociedad.
¡Chingón!
El reflector debe estar en el circo legislativo del senado (con minúsculas), donde la desvergonzada discusión, los jaloneos y los arrebatos entre el PRI y el PAN gravitaron alrededor del costo político del engendro fiscal que ambos… ¡concibieron y aprobaron en San Lázaro! (how exceptionally stupid is that?) en una clara, cobarde e hipócrita actitud que (sumó al PVEM) nunca tomó en cuenta los agravios que detonan la carga de más impuestos contra una colérica ciudadanía que se deja sentir en las calles y en las redes sociales en una olla que hierve de irritación, ofensa y animadversión contra un (des)gobierno que abre peligrosos frentes (just for the fun of it) buscando camorra sin distinción lanzando desparpajadamente chorros de gasolina a una pradera incendiada.
Y ahí, a la vista, my friend, la desgastada figura de Felipe Calderón: acorralado, desacreditado, solo y en un irreversible y peligroso proceso de descomposición política y… personal.
Por la mirilla
Uno. La carta enviada a MILENIO de los pasados del ife (con minúsculas) defendiendo (lo indefendible) su monitoreo que (nos) costó 25 mdd, confundió la queja de una empresa por el pulcro, transparente y apegado a derecho proceso de licitación, con la denuncia ciudadana por la inoperancia del sistema de monitoreo y el indebido pago a la empresa Grupo de Tecnología Cibernética SA de CV.
Dos. Uno de los datos —porque le iré dando detalles de las irregularidades de este culebrón— de la inoperancia del sistema quedó evidenciada durante la reunión del pasado 27 de julio, cuando en el Comité de Radio y TV del instituto se generó una álgida discusión entre las áreas por este delicado asunto.
Tres. Las actuaciones del Consejo presidido por el Lic. Miguel Arroyo Ramírez no tienen ninguna relación con la empresa que se inconformó de la polémica, perdón, impoluta licitación por lo que la confusión que pretenden generar Alcudia y sus jefecitos consejeros es... de risa loca. La denuncia de Arroyo Ramírez tiene la finalidad de articular un genuino reclamo social de transparencia en el interior del ife y aclarar por qué no se hizo del conocimiento público durante el proceso electoral que el monitoreo del espotiza no estaba funcionando; el indebido pago de 21 mdd (a la fecha) a la citada empresa; los subejercicios del ife y el dispendio de estas lacras sin una rendición clara de cuentas.
Cuatro. Ahora que empieza en el ife (ídem) a gestarse el proyecto de la organización Cartográfica de los Distritos Electorales habrá que vigilar no se modifiquen los mismos de acuerdo al interés de los que están o de los que se presume llegarán. ¿Me sigue? Gasto cuantio$o porque se recorre físicamente los lugares con los partidos políticos que “vigilan” el proceso. ¿Así o más claro...?
Y cinco. Fuerte la carta enviada a los accionistas y analistas de Grupo México firmada por Leo Gerard, presidente de los poderosos USW…
Happy Halloween feather brains.
¡Adiós!
Decreto de extinción de la Presidencia de la República
Gilberto López y Rivas
Al margen un sello con el escudo nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos-Congreso Constituyente del Bicentenario y el Centenario.
RAMONA PATRIA, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto asienta: “La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, y
CONSIDERANDO
Que FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA se ostenta como presidente de la República en virtud del fraude electoral que tuvo lugar en el año 2006, consumado por sus cómplices y asociados en los tres niveles de gobierno, el Instituto Federal Electoral, los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Educación y otros auxiliares mayores y menores, todos ellos con el apoyo de los medios de comunicación y los sicarios de la información que controlan la llamada “opinión pública”; que para imponerse en el Poder Ejecutivo federal, el susodicho contó con la ayuda y protección de las fuerzas armadas, en especial, el Estado Mayor Presidencial, cuerpos policiacos varios y legisladores de todos los partidos, quienes se exhiben también falsamente como representantes del pueblo y de la nación; que durante los años que se ha padecido la presidencia ilegítima del varias veces mencionado, la situación del país, o de lo que queda de él, no puede ser más grave, en cuanto a los 70 millones de pobladores viviendo en la pobreza y unos millones más incluso en la miseria degradante e inhumana, mientras los que apenas sobreviven en trabajos precarios, mal pagados o en el empleo ocasional, se encuentran subsidiando a esa pequeña capa de privilegiados que se ha hecho del poder, el dinero, los bienes nacionales y del gobierno;
Que el que se dice “comandante en jefe” y hace alarde de insignias de águila y cinco estrellas en toda oportunidad, ha desplegado a las fuerzas armadas por todo el territorio nacional en misiones de seguridad pública que violentan el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, ha degradado a la institución armada aún más que lo logrado con la guerra sucia, la formación de grupos paramilitares y las represiones contra diversos sectores del pueblo mexicano, todo lo cual convierte al elemento castrense en un Ejército de ocupación y contrainsurgencia al servicio de los oligarcas;
Que, además, este mismo simulado comandante ha seguido la línea de los que ocuparon también el puesto que usurpa, de subordinar esas fuerzas armadas a las estrategias militares, policiacas y de los organismos de inteligencia de Estados Unidos, a través de ASPAN, Iniciativa Mérida, entre otros acuerdos y acciones pactadas de espaldas al pueblo mexicano que afectan gravemente la soberanía nacional y la viabilidad de México para desarrollarse como Estado-nación independiente, y configurando el ya mencionado –con todo ello– presunto delito de traición a la patria y los que resulten;
Que, asimismo, y con base en atribuciones que no le corresponden, aun en su carácter de gobernante de facto, y siguiendo fielmente los dictados de la clase a la que sirve y de las corporaciones trasnacionales y financieras de las cuales es su ejecutivo local, ha llevado a la economía nacional al colapso, al nulo crecimiento económico, provocando mayor contracción del mercado interno, a la recesión, al crecimiento astronómico de la ilegal deuda externa, a la destrucción aun mayor de la planta productiva, la devastación del campo y al fin de la autosuficiencia alimentaria, provocando mayor migración de trabajadores, desempleo y afectando el nivel de vida de toda la población;
Que, en violación al artículo 123 de la Constitución, y siguiendo la política antilaboral de sus antecesores, recientemente transgredió la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con el solo propósito de desaparecer la relación laboral y con ello la oposición de una de las más antiguas organizaciones gremiales de la República, con vías a la privatización de la energía eléctrica, lanzando a la calle a miles de trabajadores y exponiendo a sus familias a un futuro de carencias e incertidumbres, he tenido a bien expedir el siguiente DECRETO:
Artículo 1. Se extingue la Presidencia de la República por convenir al erario y al bienestar de todos los mexicanos, conservando su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación de sus trabajadores.
Artículo 2. La liquidación de la Presidencia de la República estará a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Mal Habidos del Congreso Constituyente.
Artículo 3. Se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de la Presidencia de la República y las indemnizaciones se harán conforme a lo dispuesto por el contrato colectivo de trabajo, si lo hubiera; la Ley Federal del Trabajo contra el capital y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 5. El Congreso Constituyente garantiza el pago de jubilaciones a los trabajadores de Presidencia de la República y suspende las jubilaciones, prestaciones, y demás prerrogativas otorgadas a los ex presidentes, espurios o supuestamente constitucionales, así como la expropiación de todos los bienes acumulados por ellos, familiares, amigos y compadres.
Artículo 6. La llamada “residencia oficial de Los Pinos” se destinará para el museo de El Mal Gobierno, donde los ex presidentes que no estén en prisión trabajarán obligatoriamente como guías, en reparación del daño causado a la República.
TRANSITORIO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario La Jornada.
Al margen un sello con el escudo nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos-Congreso Constituyente del Bicentenario y el Centenario.
RAMONA PATRIA, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto asienta: “La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, y
CONSIDERANDO
Que FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA se ostenta como presidente de la República en virtud del fraude electoral que tuvo lugar en el año 2006, consumado por sus cómplices y asociados en los tres niveles de gobierno, el Instituto Federal Electoral, los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Educación y otros auxiliares mayores y menores, todos ellos con el apoyo de los medios de comunicación y los sicarios de la información que controlan la llamada “opinión pública”; que para imponerse en el Poder Ejecutivo federal, el susodicho contó con la ayuda y protección de las fuerzas armadas, en especial, el Estado Mayor Presidencial, cuerpos policiacos varios y legisladores de todos los partidos, quienes se exhiben también falsamente como representantes del pueblo y de la nación; que durante los años que se ha padecido la presidencia ilegítima del varias veces mencionado, la situación del país, o de lo que queda de él, no puede ser más grave, en cuanto a los 70 millones de pobladores viviendo en la pobreza y unos millones más incluso en la miseria degradante e inhumana, mientras los que apenas sobreviven en trabajos precarios, mal pagados o en el empleo ocasional, se encuentran subsidiando a esa pequeña capa de privilegiados que se ha hecho del poder, el dinero, los bienes nacionales y del gobierno;
Que el que se dice “comandante en jefe” y hace alarde de insignias de águila y cinco estrellas en toda oportunidad, ha desplegado a las fuerzas armadas por todo el territorio nacional en misiones de seguridad pública que violentan el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, ha degradado a la institución armada aún más que lo logrado con la guerra sucia, la formación de grupos paramilitares y las represiones contra diversos sectores del pueblo mexicano, todo lo cual convierte al elemento castrense en un Ejército de ocupación y contrainsurgencia al servicio de los oligarcas;
Que, además, este mismo simulado comandante ha seguido la línea de los que ocuparon también el puesto que usurpa, de subordinar esas fuerzas armadas a las estrategias militares, policiacas y de los organismos de inteligencia de Estados Unidos, a través de ASPAN, Iniciativa Mérida, entre otros acuerdos y acciones pactadas de espaldas al pueblo mexicano que afectan gravemente la soberanía nacional y la viabilidad de México para desarrollarse como Estado-nación independiente, y configurando el ya mencionado –con todo ello– presunto delito de traición a la patria y los que resulten;
Que, asimismo, y con base en atribuciones que no le corresponden, aun en su carácter de gobernante de facto, y siguiendo fielmente los dictados de la clase a la que sirve y de las corporaciones trasnacionales y financieras de las cuales es su ejecutivo local, ha llevado a la economía nacional al colapso, al nulo crecimiento económico, provocando mayor contracción del mercado interno, a la recesión, al crecimiento astronómico de la ilegal deuda externa, a la destrucción aun mayor de la planta productiva, la devastación del campo y al fin de la autosuficiencia alimentaria, provocando mayor migración de trabajadores, desempleo y afectando el nivel de vida de toda la población;
Que, en violación al artículo 123 de la Constitución, y siguiendo la política antilaboral de sus antecesores, recientemente transgredió la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con el solo propósito de desaparecer la relación laboral y con ello la oposición de una de las más antiguas organizaciones gremiales de la República, con vías a la privatización de la energía eléctrica, lanzando a la calle a miles de trabajadores y exponiendo a sus familias a un futuro de carencias e incertidumbres, he tenido a bien expedir el siguiente DECRETO:
Artículo 1. Se extingue la Presidencia de la República por convenir al erario y al bienestar de todos los mexicanos, conservando su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación de sus trabajadores.
Artículo 2. La liquidación de la Presidencia de la República estará a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Mal Habidos del Congreso Constituyente.
Artículo 3. Se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de la Presidencia de la República y las indemnizaciones se harán conforme a lo dispuesto por el contrato colectivo de trabajo, si lo hubiera; la Ley Federal del Trabajo contra el capital y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 5. El Congreso Constituyente garantiza el pago de jubilaciones a los trabajadores de Presidencia de la República y suspende las jubilaciones, prestaciones, y demás prerrogativas otorgadas a los ex presidentes, espurios o supuestamente constitucionales, así como la expropiación de todos los bienes acumulados por ellos, familiares, amigos y compadres.
Artículo 6. La llamada “residencia oficial de Los Pinos” se destinará para el museo de El Mal Gobierno, donde los ex presidentes que no estén en prisión trabajarán obligatoriamente como guías, en reparación del daño causado a la República.
TRANSITORIO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario La Jornada.
¡Al diablo nuestras instituciones!
Emma Díaz Ruiz
¿Cómo harían unas instituciones realmente funcionales para lograr la extinción de una paraestatal, en este caso Luz y Fuerza del Centro (LFC), con todas las de la ley?
Si el argumento de origen es la ineficiencia de la empresa y el manejo inadecuado de los recursos, la primera acción lógica sería una auditoría, la cual arrojaría si las cifras no cuadran (lo que denotaría un manejo inadecuado de los recursos económicos) y además localizaría el área problema. Procede entonces, investigar a todos los miembros del área para determinar quién se está adjudicando dinero que no le pertenece o en qué cargo se encuentra el foco de la corrupción. De todas las áreas en las que se registren anormalidades se extrae a los responsables y se lleva a cabo un procedimiento (quizás desconocido por el Lic. Calderón, egresado de la Escuela Libre de Derecho) llamado juicio, por malversación de fondos. Por supuesto, en este caso se exigiría la renuncia de dichos personajes y su correspondiente liquidación en los términos que estipule su contrato en el caso de una salida vergonzosa de esta índole.
Ahora, suponiendo que el problema no fue de malversación de fondos, sino simplemente una mala administración, entonces le preguntaríamos al Sr. Jorge Gutiérrez Vera (director de LFC) ¿qué diablos está haciendo al respecto de las metas determinadas por la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal para asegurar la prosperidad en la industria eléctrica nacional, dentro de los alcances de la paraestatal? Y si resulta que el tipo no sabe ni dónde tiene los pies, entonces designaría (a dedazo, como se hace actualmente) a un nuevo y flamante director, al que, por aquello de las recochinas dudas, no sólo se le indicarían las metas, sino también las estrategias a seguir para cumplir con el cometido.
Y los preguntones dirían: ¿en qué consiste la eficiencia de una empresa paraestatal de este tipo? ¿En brindar oportunamente el servicio de acuerdo a la demanda con un presupuesto razonable o en generar ganancias para los accionistas, como sería en el caso de una SA de CV? Si fuera éste último el caso en cuestión, ¿no sería el pueblo de México en su conjunto el grupo de accionistas, ya que su contribución en forma de impuestos formó el capital social de la empresa?
Bueno, después de extraer a los elementos incómodos de la empresa, y si aún se desea extinguirla, a pesar de que hasta aquí quedaría diluido el argumento principal de Felipe Calderón para hacerlo, entonces, como diría la tía Chole, “con todos los pelos de la burra en la mano”, es decir, con los documentos generados por la auditoría y las investigaciones subsecuentes, el Ejecutivo estaría obligado a proponer ante el Congreso el decreto de extinción y la incorporación de los trabajadores a CFE. Bajo el supuesto de que la mayoría de diputados y senadores aprobaran el decreto, lo que sigue es informarles a los trabajadores que queden “vivos” después de la limpieza que tendrán que llegar a un acuerdo con CFE para estipular las condiciones del nuevo contrato, pedir, a través del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que se respete el tiempo de jubilación para los trabajadores que están próximos a cumplir sus años de servicio, la pensión para los ya jubilados, entre otros temas importantes. En caso de no poder llegar a un acuerdo, entonces mediaría el secretario del Trabajo para lograr una fusión que no sea lesiva ni para las dos empresas, ni para el pueblo de México en su conjunto. Por supuesto, aquí ambos sindicatos tendrían que ceder en algunas cuestiones.
¡Pero el uso de la palabra diabólica “sindicato” amerita una pausa! Desde el punto de vista de Calderón y su gabinete, el Sindicato Mexicano de Electricistas, es en sí, EL problema , por ser supuestamente antidemocrático y gozar de privilegios (Es irracional que un trabajador tenga privilegios en la era del neoesclavismo mercantilista).
La vida interna del sindicato está regida por una serie de lineamientos que fueron presentados ante la Secretaría del Trabajo, donde se otorgó la toma de nota. Si en lo subsecuente, por ejemplo Martín Esparza no se sujetara a estas reglas, el mismo sindicato sería el facultado para investigar y actuar, amparado por todos los acuerdos y hacerle una especie de extrañamiento, si el caso lo ameritara.
Y resulta que también existe una revisión trianual del contrato colectivo, en la que el Sr. Gutiérrez Vera, o su sustituto, podrían negociar los ajustes correspondientes al contrato desde hace tiempo PACTADO.
Para obtener consenso de la sociedad en general, el encargado de la política interna, lejos de llevar a cabo una campaña de linchamiento mediático contra los que se van y tomar las instalaciones por la fuerza bruta, debería presentar a través de los mecanismos oficiales de comunicación los datos duros y poner los documentos completos en la página de transparencia para su difusión y, sobre todo hablar preferentemente en términos cuantitativo en lugar de puramente subjetivos.
Ahora el siguiente problema a resolver es la capacitación para los reemplazos de toda la gente que se fue en la “limpieza”, aunque quizás resulte muy difícil pensar que serán técnicos los despedidos porque estamos investigando el área administrativa.
Los que vivimos en la Ciudad de México podemos darnos cuenta de que los militares electricistas no han sido capaces de hacer una transición eficaz en cuanto a la entrega normal del servicio se refiere. Explosión de transformadores, apagones e interrupciones largas en el servicio en varias zonas así lo demuestran. ¿En qué están fallando?
Si fuéramos a integrar un nuevo técnico a las filas de cualquier industria, primero debería enseñársele toda la logística y “mañas” para poner a funcionar cada elemento que va a manejar, porque el título o la experiencia en el manejo de máquinas del tipo reduce la curva de aprendizaje para nuevos requerimientos, mas no la elimina, máxime para una tarea tan compleja como lo es proveer de energía eléctrica a una ciudad tan grande y poco planeada como el DF.
Pues existen varias posibilidades; una, la más fácil es subir de rango a los técnicos de un nivel más abajo porque han estado más tiempo en contacto con el área y la otra es traer nuevos técnicos y comprometer a los que se van a supervisar el aprendizaje de ellos.
Luego, es decisión de los dueños qué hacer con el tendido de fibra óptica que realizó la extinta empresa (la manzana de la discordia), infraestructura sobre la que se pueden montar los servicios de cable, teléfono e internet. Si al Sr. Calderón se le ocurre concesionarles ese cableado a empresarios de la industria televisiva u otros para que nos cobren de más a todos (una propuesta muy tonta, pero que en realidad es la idea), procedería conseguir un consenso entre los dueños, los más de cien millones de mexicanos que vivimos, a través de una consulta.
Todo esto sería muy deseable, hacer uso de todas las instituciones y los procedimientos legales para llevar a cabo una decisión de esta magnitud. Lástima que Felipe Calderón ha mandado al diablo a todas esas instituciones y a cada uno de los acuerdos garantizados por ellas expresados en forma de leyes y procedimientos para someter todo finalmente a un factor: su criterio (o falta del mismo), “haiga sido como haiga sido”.
emmadr@gmail.com
¿Cómo harían unas instituciones realmente funcionales para lograr la extinción de una paraestatal, en este caso Luz y Fuerza del Centro (LFC), con todas las de la ley?
Si el argumento de origen es la ineficiencia de la empresa y el manejo inadecuado de los recursos, la primera acción lógica sería una auditoría, la cual arrojaría si las cifras no cuadran (lo que denotaría un manejo inadecuado de los recursos económicos) y además localizaría el área problema. Procede entonces, investigar a todos los miembros del área para determinar quién se está adjudicando dinero que no le pertenece o en qué cargo se encuentra el foco de la corrupción. De todas las áreas en las que se registren anormalidades se extrae a los responsables y se lleva a cabo un procedimiento (quizás desconocido por el Lic. Calderón, egresado de la Escuela Libre de Derecho) llamado juicio, por malversación de fondos. Por supuesto, en este caso se exigiría la renuncia de dichos personajes y su correspondiente liquidación en los términos que estipule su contrato en el caso de una salida vergonzosa de esta índole.
Ahora, suponiendo que el problema no fue de malversación de fondos, sino simplemente una mala administración, entonces le preguntaríamos al Sr. Jorge Gutiérrez Vera (director de LFC) ¿qué diablos está haciendo al respecto de las metas determinadas por la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal para asegurar la prosperidad en la industria eléctrica nacional, dentro de los alcances de la paraestatal? Y si resulta que el tipo no sabe ni dónde tiene los pies, entonces designaría (a dedazo, como se hace actualmente) a un nuevo y flamante director, al que, por aquello de las recochinas dudas, no sólo se le indicarían las metas, sino también las estrategias a seguir para cumplir con el cometido.
Y los preguntones dirían: ¿en qué consiste la eficiencia de una empresa paraestatal de este tipo? ¿En brindar oportunamente el servicio de acuerdo a la demanda con un presupuesto razonable o en generar ganancias para los accionistas, como sería en el caso de una SA de CV? Si fuera éste último el caso en cuestión, ¿no sería el pueblo de México en su conjunto el grupo de accionistas, ya que su contribución en forma de impuestos formó el capital social de la empresa?
Bueno, después de extraer a los elementos incómodos de la empresa, y si aún se desea extinguirla, a pesar de que hasta aquí quedaría diluido el argumento principal de Felipe Calderón para hacerlo, entonces, como diría la tía Chole, “con todos los pelos de la burra en la mano”, es decir, con los documentos generados por la auditoría y las investigaciones subsecuentes, el Ejecutivo estaría obligado a proponer ante el Congreso el decreto de extinción y la incorporación de los trabajadores a CFE. Bajo el supuesto de que la mayoría de diputados y senadores aprobaran el decreto, lo que sigue es informarles a los trabajadores que queden “vivos” después de la limpieza que tendrán que llegar a un acuerdo con CFE para estipular las condiciones del nuevo contrato, pedir, a través del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que se respete el tiempo de jubilación para los trabajadores que están próximos a cumplir sus años de servicio, la pensión para los ya jubilados, entre otros temas importantes. En caso de no poder llegar a un acuerdo, entonces mediaría el secretario del Trabajo para lograr una fusión que no sea lesiva ni para las dos empresas, ni para el pueblo de México en su conjunto. Por supuesto, aquí ambos sindicatos tendrían que ceder en algunas cuestiones.
¡Pero el uso de la palabra diabólica “sindicato” amerita una pausa! Desde el punto de vista de Calderón y su gabinete, el Sindicato Mexicano de Electricistas, es en sí, EL problema , por ser supuestamente antidemocrático y gozar de privilegios (Es irracional que un trabajador tenga privilegios en la era del neoesclavismo mercantilista).
La vida interna del sindicato está regida por una serie de lineamientos que fueron presentados ante la Secretaría del Trabajo, donde se otorgó la toma de nota. Si en lo subsecuente, por ejemplo Martín Esparza no se sujetara a estas reglas, el mismo sindicato sería el facultado para investigar y actuar, amparado por todos los acuerdos y hacerle una especie de extrañamiento, si el caso lo ameritara.
Y resulta que también existe una revisión trianual del contrato colectivo, en la que el Sr. Gutiérrez Vera, o su sustituto, podrían negociar los ajustes correspondientes al contrato desde hace tiempo PACTADO.
Para obtener consenso de la sociedad en general, el encargado de la política interna, lejos de llevar a cabo una campaña de linchamiento mediático contra los que se van y tomar las instalaciones por la fuerza bruta, debería presentar a través de los mecanismos oficiales de comunicación los datos duros y poner los documentos completos en la página de transparencia para su difusión y, sobre todo hablar preferentemente en términos cuantitativo en lugar de puramente subjetivos.
Ahora el siguiente problema a resolver es la capacitación para los reemplazos de toda la gente que se fue en la “limpieza”, aunque quizás resulte muy difícil pensar que serán técnicos los despedidos porque estamos investigando el área administrativa.
Los que vivimos en la Ciudad de México podemos darnos cuenta de que los militares electricistas no han sido capaces de hacer una transición eficaz en cuanto a la entrega normal del servicio se refiere. Explosión de transformadores, apagones e interrupciones largas en el servicio en varias zonas así lo demuestran. ¿En qué están fallando?
Si fuéramos a integrar un nuevo técnico a las filas de cualquier industria, primero debería enseñársele toda la logística y “mañas” para poner a funcionar cada elemento que va a manejar, porque el título o la experiencia en el manejo de máquinas del tipo reduce la curva de aprendizaje para nuevos requerimientos, mas no la elimina, máxime para una tarea tan compleja como lo es proveer de energía eléctrica a una ciudad tan grande y poco planeada como el DF.
Pues existen varias posibilidades; una, la más fácil es subir de rango a los técnicos de un nivel más abajo porque han estado más tiempo en contacto con el área y la otra es traer nuevos técnicos y comprometer a los que se van a supervisar el aprendizaje de ellos.
Luego, es decisión de los dueños qué hacer con el tendido de fibra óptica que realizó la extinta empresa (la manzana de la discordia), infraestructura sobre la que se pueden montar los servicios de cable, teléfono e internet. Si al Sr. Calderón se le ocurre concesionarles ese cableado a empresarios de la industria televisiva u otros para que nos cobren de más a todos (una propuesta muy tonta, pero que en realidad es la idea), procedería conseguir un consenso entre los dueños, los más de cien millones de mexicanos que vivimos, a través de una consulta.
Todo esto sería muy deseable, hacer uso de todas las instituciones y los procedimientos legales para llevar a cabo una decisión de esta magnitud. Lástima que Felipe Calderón ha mandado al diablo a todas esas instituciones y a cada uno de los acuerdos garantizados por ellas expresados en forma de leyes y procedimientos para someter todo finalmente a un factor: su criterio (o falta del mismo), “haiga sido como haiga sido”.
emmadr@gmail.com
El SME---Luis Javier Garrido---SOÑAR NO CUESTA NADA---INDIGNACION CIUDADANA---ENTRE CHOMPIRAS---FISGON-- HELG--ROCHA---
El gobierno calderonista, desesperado por su fracaso en diversos frentes, ha entrado en un proceso de descomposición acelerado que se refleja en la reacción abiertamente fascistoide que está teniendo ante la negativa de los trabajadores electricistas de Luz y Fuerza del Centro de aceptar la decisión ilegal de desaparecer esa empresa pública y cancelar los derechos de más de 44 mil trabajadores.
1. La vasta y costosa campaña de desinformación emprendida por el gobierno calderonista en este otoño busca esencialmente desprestigiar a los trabajadores, causándoles un daño moral irreparable al culparlos de los malos manejos que hacía el propio gobierno de Luz y Fuerza, a fin de ocultar que el decreto anticonstitucional que ordena su extinción no estaba de ninguna manera justificado, ya que al publicarlo el único móvil de Calderón y sus amigos fue servir a unas cuantas corporaciones trasnacionales a las que están asociados.
2. Un hecho aparece determinante en esto y es que a pesar de la enorme y costosa campaña de desinformación oficial, la decisión de Calderón de violar abiertamente la Constitución para acelerar la entrega de la industria eléctrica del país a sus amigos españoles y estadunidenses, y proseguir al mismo tiempo la destrucción de los sindicatos mexicanos, está siendo repudiada no nada más por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sino por amplios sectores del país que han entendido que este ataque desenfrenado a las instituciones vulnera los derechos de la nación y de los trabajadores y lleva a México a un retroceso en todos los órdenes que pone en peligro los derechos fundamentales de todos.
3. La convocatoria del SME a formar un frente nacional de lucha para enfrentar el despotismo gubernamental –que anuncia ya nuevas medidas ilegales para seguir entregando recursos estratégicos del país al capital extranjero–, hecha pública el sábado 24, sitúa el conflicto en otra dimensión, que es la que realmente tiene: no se trata nada más de llevar a cabo una enorme movilización para echar abajo el decreto anticonstitucional, mantener Luz y Fuerza del Centro y restituir sus derechos a los trabajadores del SME, sino de impulsar una vasta defensa de toda la clase trabajadora de México y de los derechos fundamentales de la nación, lo que explica el entusiasmo con el que se está respaldando a los electricistas en todos los ámbitos.
4. La reacción en el exterior ante el acto anticonstitucional de Calderón, que violenta múltiples pactos, acuerdos y tratados internacionales suscritos por México, ha desbordado aún más al gobierno de facto, pues el decreto del domingo 11 desdeñó el marco jurídico, pero también el internacional en particular en materia laboral como de derechos humanos. La Confederación Sindical Internacional, lo mismo que la central AFL-CIO de Estados Unidos o la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala y sindicatos de todo el mundo, al igual que el Tribunal Internacional de Libertad Sindical y diversas organizaciones de derechos humanos como la Asociación Americana de Juristas lo han condenado (La Jornada, 16, 26 y 28 de octubre), lo que anuncia una creciente controversia internacional.
5. La lucha del SME ante la brutal agresión que han sufrido los electricistas y la nación en su conjunto no tiene precedentes en el ámbito laboral del país, y eso que la historia mexicana está marcada en el siglo XX por decenas de ataques de los gobiernos priístas a los trabajadores. Y no lo tiene porque ahora se trata de un ataque frontal y cínico a más de 44 mil trabajadores, que se condena al desempleo, y a la nación, a la que se quiere hacer un enorme despojo. De ahí que la lucha actual, al no ser solamente para echar abajo el decreto, sino para impedir que prosigan estas políticas de exacción, que son un objetivo central del gobierno panista de facto, se esté planteando que sea un paso adelante muy importante en la construcción de un país diferente, sustentado en el respeto a los derechos de todos y en el fin de los privilegios de quienes han hecho del país un botín
6. La definición de lo que habrá de ser esa lucha la hizo Martín Esparza, líder del SME, en el magno acto que se llevó a cabo el martes 27 en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el cual recibió el respaldo de miles de miembros de la comunidad universitaria que está ya movilizándose. Es una lucha que ha de darse, dijo, en lo jurídico, en lo político, en lo económico y en lo social, y es la que han pedido se respalde tal como ellos la decidan en ejercicio de su vida democrática.
7. En lo jurídico, el SME presentó ya un amparo colectivo en contra del decreto el miércoles 28, y vendrán en unos días una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, una serie de demandas laborales por despido injustificado, entre muchas otras, así como seguramente una demanda de juicio político contra Calderón por los delitos de “traición a la patria” y “ejercicio indebido de la función pública”, pero lo que debe redoblarse es la movilización.
8. El llamado War Room de Calderón, descrito por la columnista Marcela Gómez Zalce, que sesiona a puertas cerradas en Los Pinos para definir futuras iniciativas que, como su nombre lo indica, configuran una verdadera guerra económica al pueblo –integrado por los secretarios Gómez Mont, Lozano, Molinar, el jefe de prensa Max Cortázar, entre otros connotados yunquistas–, parece que ha perdido toda noción de la realidad, e ignorando que los panistas fueron repudiados en las elecciones federales pretende imponer nuevos golpes de política neoliberal.
9. El asalto a Luz y Fuerza para privatizarla, y terminar con el SME que se oponía a ello, fue un “ataque preventivo”, como ha señalado de manera reiterada Humberto Montes de Oca (secretario del Interior del SME), y por lo mismo hay que ponerle un alto a tanta impunidad, pues Calderón en medio del desastre de su gobierno está casi enloquecido por proseguir con las privatizaciones creyendo que así va a satisfacer a las mafias seudoempresariales que lo respaldaron en 2006, como ha advertido Pablo Moctezuma, y así se habla de su pretensión de culminar la privatización del servicio postal mexicano y de entregar por completo Pemex y el sector energético al capital trasnacional.
10. La iniciativa de Calderón contra los electricistas fue planteada en términos militares como “una guerra” y utilizando la fuerza policiaco-militar, pero los electricistas le están respondiendo con la movilización social pacífica y las armas del derecho, y ésa es la diferencia fundamental del conflicto que se está ahondando, aunque los medios lo ignoren.
---EL NEGOCIAZO---
José Antonio Almazán González
Todo indica que atrás del golpe fascista en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), mediante el ilegal e inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el despido injustificado de 44 mil trabajadores y la indefensión de 22 mil jubilados, está la guerra secreta por la fibra óptica, negocio de miles de millones de dólares que se disputan diversos sectores de la oligarquía y al cual no es ajeno el gobierno de Felipe Calderón.
Como se sabe, la infraestructura eléctrica puede ser usada como red de telecomunicación de dos formas. Mediante la red de fibra óptica de CFE y LFC, que suman más de 30 mil kilómetros y con una capacidad excedente para la transmisión de voz, datos e imagen (telefonía, Internet y televisión por cable, el triple play). O bien a través de las redes eléctricas, en media o baja tensión, aérea o subterránea, mediante tecnologías tipo power line communications o broadband over power line. En cualquiera de los casos las redes de CFE y LFC son por lo menos cuatro veces más extensas y potentes que las redes de telecomunicación de Telmex. Este es el negociazo que se disputan Telmex, Televisa, Tv Azteca, la española Telefónica presidida por Francisco Gil Díaz, etcétera.
Sin embargo, el mayor nicho de negocios, a corto plazo, lo representa LFC, con una red de fibra óptica de mil 100 kilómetros, en una región densamente poblada, con el nivel de ingreso más elevado a escala nacional y en donde se genera más de 35 por ciento de la riqueza del país. A esta región atendida por LFC le echó el ojo la empresa WL Comunicaciones, en la que participan como socios mayoritarios Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, ambos secretarios de Energía durante el periodo de Vicente Fox.
Creada el 23 de octubre de 1998, y con una concesión otorgada por la SCT el 24 de marzo de 2000, WL Comunicaciones firmó el 23 de agosto de 2005 un contrato de arrendamiento de infraestructura eléctrica con LFC, representada por su director, el ingeniero Jorge Gutiérrez Vera (de amplio currículo en empresas eléctricas privadas) para retirar los hilos de guarda de las líneas de transmisión de 400, 230 y 85 KV (torres, cuadros y postes) y ductos subterráneos, mediante el pago de una renta y para instalar cable de fibra óptica de su propiedad. Se estipula en el convenio del 18 de diciembre de 2007 que del cable de 48 fibras ópticas, 16 serían propiedad de LFC y del cable subterráneo de 60 fibras ópticas 24 serían propiedad de LFC. Pero se deja muy en claro que LFC “en ningún caso podría otorgar a terceros para su uso, aprovechamiento, explotación, ni comercialización de las fibras ópticas”, salvo los usos propios y los correspondientes a los entes de la administración pública centralizada y paraestatal. ¡Y todavía dicen que no se privatiza!
El negociazo iba viento en popa. Sin embargo, en la pasada revisión contractual de marzo de este año, el SME logró que LFC gestionara una concesión, para no quedar como simple arrendadora, pues cuenta con los recursos humanos y tecnológicos para poder prestar los servicios de triple play. El 11 de junio de 2009, el subsecretario de Electricidad, Francisco A. Acosta Arredondo, reconoció que “es factible que Luz y Fuerza del Centro gestione ante la autoridad competente la concesión para prestar el servicio… de telecomunicaciones a partir del uso de la capacidad excedente de la red de fibra óptica de LFC… a través de una filial creada para tal fin y en los términos señalados en la cláusula décima del convenio celebrado entre Luz y Fuerza del Centro y el SME el 16 de marzo de 2008”. Por supuesto, la SCT nunca respondió a esta solicitud de LFC. El resto de la historia la conocemos.
Ninguna de las razones aducidas por Calderón justifica la extinción de LFC y el artero golpe asestado al SME. Lo movió la venganza y la sed de negocios, violatorios a la Constitución. La pregunta es: ¿quién gana, en la guerra por la fibra óptica, con la extinción de LFC? La Cámara de Diputados debe pronunciarse a favor de la controversia constitucional y el pueblo de México debe conocer la verdad. ¡Todos al paro nacional!
Astillero--Calaveritas fiscales--Falso Felipeje--Panteón legislativo--Genaro ataca--
Julio Hernández López
NEGOCIACIONES EN EL SENADO. Los senadores José Isabel Trejo, presidente de la Comisión de Hacienda; Juan Bueno Torio (en la parte posterior) y Minerva Hernández, ayer durante la discusión del paquete económico 2010, en la Torre del CaballitoFoto Francisco Olvera
Producciones García Luna ataca de nuevo, ahora con un oportuno espectáculo de fantasía aérea y por tierra en locaciones michoacanas. El montaje de Genaro Salvador (con detenidos de primerísimo nivel”, supuestamente uno de ellos sería el famoso Tuta) se produce justamente cuando el país no hallaba a cuál de los peores platillos informativos debía ponerle más atención, si a los narcocorridos empresariales entonados por el subsecretario calderónico de fomento a los agronegocios, a las despechadas confesiones de impotencia política de un ocupante de Los Pinos que se ha revelado como falso pejista de última hora, o a los tragicómicos vaivenes de los congresistas entrampados con el paquetazo fiscal a causa de cálculos electorales, riñas partidistas, futurismo marca 2012 y traiciones e indecisiones pinoleras.
Felipe amaneció con el mismo enojo humedecido que la víspera le había hecho dar un primer apunte de sus arranques contra los malvados empresarios de primerísimo nivel que “rara, rara vez pagan impuestos” (nomás le faltó al cuñado de Hildebrando acusarlos de haber impuesto un presidente espurio en 2006). En la mañana de un día cargado de tensión política, Felirium asegundó el golpe, ahora yéndose contra las filantropías (¿oh, el Teletón ya no recibirá cheque felipillo y cursilería oficial?) y las fachadas de ayuda social fiscalmente descontables, al tiempo que en un lance dramático salía del clóset para declararse pejista tardío, izquierdista por despecho, subcomandante contra natura, cobrador de impuestos mal tratado. Felipe el pequeño luchando por convertirse en Felipe el guerrillero, retomando cifras y discursos correspondientes al pejemundo; Calderón peligrosamente parecido a los momentos cumbre de la demencia política de Luis Echeverría y José López Portillo (aunque a éstos les pegó lo más duro del mal de Los Pinos ya al final del sexenio, no a la mitad).
Máximo agitador del momento, FC ha creado más conciencia social en unas horas que sus opositores durante años: 1.7 por ciento de impuestos pagan las grandes empresas, ha dicho la criatura electoral de esos mismos capitalistas de cúpula, y no es lo mismo que lo diga un opositor persistente, como López Obrador, que el propio compañero de brindis en julio de 2006, y no sería lo mismo decir esas cifras –que constan en documentos oficiales– en otro momento que decirlo hoy, cuando los legisladores fallidos escenifican la tragedia ofensiva de estarse peleando por los costos políticos que significará el acuchillamiento económico de una nación: Nosotros los Forbes, 1.7 por ciento de impuestos; ustedes los pobres, los aumentos que el momento y el sueño y el hambre sugieran a esos diputados y senadores que sólo podrán producir un remedio mal hecho para tratar de que el aparato gubernamental sobreviva cuando menos un año más, justamente el de las celebraciones de calendario de nuestros ímpetus históricos trastocadores.
A Felipe ya sólo le falta pelearse consigo mismo (bueno, esta columna no puede asegurar que ese desdoblamiento agresor no se haya dado). En el colmo del descontrol político, ha generado rebeldía en miembros de su propio partido que no entienden las jugadas contradictorias que se destilan desde Los Pinos, y ha colocado a las bancadas blanquiazules en la kafkiana circunstancia de ser oficialmente el partido “en el poder” pero estar dependiendo de la voluntad del PRI y recibir agravios y trampas de parte de su propio y presunto jefe político máximo, el ya antes dicho lic Calderón (lic no debe llevar punto, como si fuera abreviatura, pues no lo es, sino una exclamación, un hipo con licenciatura). Hoy, a la hora de las votaciones finales en el Senado, las cuentas descuadradas, los chantajes explícitos, las omisiones significativas, el priísmo colaborando apenas con lo necesario, el panismo sacrificado pero también dividido y el perredismo convertido en suplemento de la revista beltrónica habrán de mostrar el tamaño de la crisis, la profundidad de las heridas, la gravedad de los desgarramientos, y se encaminará al país al siguiente escalón de la irritación social, con la inflación tocando a la puerta, los grandes empresarios ya sabedores de que el paciente se les ha ido y la recuperación económica que en otros lares ya avanza, transformada en México en un objetivo a largo y doloroso plazo. Todo listo, pues, para el Día de Muertos. Calaveritas de azúcar para el mal rato (mal año) legislativo y político.
Aunque, por fortuna, Producciones García Luna siempre está allí, cuando las circunstancias lo requieren. Un megagolpe al narco en el simbólico Apatzingán se anunciaba a la hora en que esta columna habría de cerrar su agronegocio de teclas (teclas de la golden), con utilería bélica de primer nivel, invitados periodísticos de la capital del país y la versión de que entre los primeros actores estaría La Tuta. Todo listo para otro golpe de distracción, para aparentar que se sigue ganando la guerra contra las drogas (aunque tales victorias no lo parezcan) y, bueno, de pasada, para que el licenciado Calderón vuelva a visitar Michoacán (¡gulp!) creyéndose héroe matadragones de La familia, se aliste para ir a Miami a recibir un premio como superlíder y siga manteniendo a los mexicanos con un ¡Jesús! fiscal en la boca.
Astillas
Agustín Carstens cumplió ayer la ingrata tarea de sostener de alguna manera los exabruptos políticos de su jefe tardía y torpemente claridoso y dar alguna satisfacción a los “capitanes de empresa” que anoche estaban muy indignados por el trato que les ha dado en estas horas de enfelipamiento. El secretario de Hacienda de alguna manera reconoció que no es tan cierto lo que dijo FC pero también sostuvo que ciertas rendijas legales permiten ciertos comportamientos empresariales que no aportan los dineros que deben dar... Y, mientras sigue la lucha electricista, y en Oaxaca preparan diversas actividades en la víspera del 20 revolucionario, ¡feliz fin de semana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
NEGOCIACIONES EN EL SENADO. Los senadores José Isabel Trejo, presidente de la Comisión de Hacienda; Juan Bueno Torio (en la parte posterior) y Minerva Hernández, ayer durante la discusión del paquete económico 2010, en la Torre del CaballitoFoto Francisco Olvera
Producciones García Luna ataca de nuevo, ahora con un oportuno espectáculo de fantasía aérea y por tierra en locaciones michoacanas. El montaje de Genaro Salvador (con detenidos de primerísimo nivel”, supuestamente uno de ellos sería el famoso Tuta) se produce justamente cuando el país no hallaba a cuál de los peores platillos informativos debía ponerle más atención, si a los narcocorridos empresariales entonados por el subsecretario calderónico de fomento a los agronegocios, a las despechadas confesiones de impotencia política de un ocupante de Los Pinos que se ha revelado como falso pejista de última hora, o a los tragicómicos vaivenes de los congresistas entrampados con el paquetazo fiscal a causa de cálculos electorales, riñas partidistas, futurismo marca 2012 y traiciones e indecisiones pinoleras.
Felipe amaneció con el mismo enojo humedecido que la víspera le había hecho dar un primer apunte de sus arranques contra los malvados empresarios de primerísimo nivel que “rara, rara vez pagan impuestos” (nomás le faltó al cuñado de Hildebrando acusarlos de haber impuesto un presidente espurio en 2006). En la mañana de un día cargado de tensión política, Felirium asegundó el golpe, ahora yéndose contra las filantropías (¿oh, el Teletón ya no recibirá cheque felipillo y cursilería oficial?) y las fachadas de ayuda social fiscalmente descontables, al tiempo que en un lance dramático salía del clóset para declararse pejista tardío, izquierdista por despecho, subcomandante contra natura, cobrador de impuestos mal tratado. Felipe el pequeño luchando por convertirse en Felipe el guerrillero, retomando cifras y discursos correspondientes al pejemundo; Calderón peligrosamente parecido a los momentos cumbre de la demencia política de Luis Echeverría y José López Portillo (aunque a éstos les pegó lo más duro del mal de Los Pinos ya al final del sexenio, no a la mitad).
Máximo agitador del momento, FC ha creado más conciencia social en unas horas que sus opositores durante años: 1.7 por ciento de impuestos pagan las grandes empresas, ha dicho la criatura electoral de esos mismos capitalistas de cúpula, y no es lo mismo que lo diga un opositor persistente, como López Obrador, que el propio compañero de brindis en julio de 2006, y no sería lo mismo decir esas cifras –que constan en documentos oficiales– en otro momento que decirlo hoy, cuando los legisladores fallidos escenifican la tragedia ofensiva de estarse peleando por los costos políticos que significará el acuchillamiento económico de una nación: Nosotros los Forbes, 1.7 por ciento de impuestos; ustedes los pobres, los aumentos que el momento y el sueño y el hambre sugieran a esos diputados y senadores que sólo podrán producir un remedio mal hecho para tratar de que el aparato gubernamental sobreviva cuando menos un año más, justamente el de las celebraciones de calendario de nuestros ímpetus históricos trastocadores.
A Felipe ya sólo le falta pelearse consigo mismo (bueno, esta columna no puede asegurar que ese desdoblamiento agresor no se haya dado). En el colmo del descontrol político, ha generado rebeldía en miembros de su propio partido que no entienden las jugadas contradictorias que se destilan desde Los Pinos, y ha colocado a las bancadas blanquiazules en la kafkiana circunstancia de ser oficialmente el partido “en el poder” pero estar dependiendo de la voluntad del PRI y recibir agravios y trampas de parte de su propio y presunto jefe político máximo, el ya antes dicho lic Calderón (lic no debe llevar punto, como si fuera abreviatura, pues no lo es, sino una exclamación, un hipo con licenciatura). Hoy, a la hora de las votaciones finales en el Senado, las cuentas descuadradas, los chantajes explícitos, las omisiones significativas, el priísmo colaborando apenas con lo necesario, el panismo sacrificado pero también dividido y el perredismo convertido en suplemento de la revista beltrónica habrán de mostrar el tamaño de la crisis, la profundidad de las heridas, la gravedad de los desgarramientos, y se encaminará al país al siguiente escalón de la irritación social, con la inflación tocando a la puerta, los grandes empresarios ya sabedores de que el paciente se les ha ido y la recuperación económica que en otros lares ya avanza, transformada en México en un objetivo a largo y doloroso plazo. Todo listo, pues, para el Día de Muertos. Calaveritas de azúcar para el mal rato (mal año) legislativo y político.
Aunque, por fortuna, Producciones García Luna siempre está allí, cuando las circunstancias lo requieren. Un megagolpe al narco en el simbólico Apatzingán se anunciaba a la hora en que esta columna habría de cerrar su agronegocio de teclas (teclas de la golden), con utilería bélica de primer nivel, invitados periodísticos de la capital del país y la versión de que entre los primeros actores estaría La Tuta. Todo listo para otro golpe de distracción, para aparentar que se sigue ganando la guerra contra las drogas (aunque tales victorias no lo parezcan) y, bueno, de pasada, para que el licenciado Calderón vuelva a visitar Michoacán (¡gulp!) creyéndose héroe matadragones de La familia, se aliste para ir a Miami a recibir un premio como superlíder y siga manteniendo a los mexicanos con un ¡Jesús! fiscal en la boca.
Astillas
Agustín Carstens cumplió ayer la ingrata tarea de sostener de alguna manera los exabruptos políticos de su jefe tardía y torpemente claridoso y dar alguna satisfacción a los “capitanes de empresa” que anoche estaban muy indignados por el trato que les ha dado en estas horas de enfelipamiento. El secretario de Hacienda de alguna manera reconoció que no es tan cierto lo que dijo FC pero también sostuvo que ciertas rendijas legales permiten ciertos comportamientos empresariales que no aportan los dineros que deben dar... Y, mientras sigue la lucha electricista, y en Oaxaca preparan diversas actividades en la víspera del 20 revolucionario, ¡feliz fin de semana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
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