El gobierno calderonista, desesperado por su fracaso en diversos frentes, ha entrado en un proceso de descomposición acelerado que se refleja en la reacción abiertamente fascistoide que está teniendo ante la negativa de los trabajadores electricistas de Luz y Fuerza del Centro de aceptar la decisión ilegal de desaparecer esa empresa pública y cancelar los derechos de más de 44 mil trabajadores.
1. La vasta y costosa campaña de desinformación emprendida por el gobierno calderonista en este otoño busca esencialmente desprestigiar a los trabajadores, causándoles un daño moral irreparable al culparlos de los malos manejos que hacía el propio gobierno de Luz y Fuerza, a fin de ocultar que el decreto anticonstitucional que ordena su extinción no estaba de ninguna manera justificado, ya que al publicarlo el único móvil de Calderón y sus amigos fue servir a unas cuantas corporaciones trasnacionales a las que están asociados.
2. Un hecho aparece determinante en esto y es que a pesar de la enorme y costosa campaña de desinformación oficial, la decisión de Calderón de violar abiertamente la Constitución para acelerar la entrega de la industria eléctrica del país a sus amigos españoles y estadunidenses, y proseguir al mismo tiempo la destrucción de los sindicatos mexicanos, está siendo repudiada no nada más por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sino por amplios sectores del país que han entendido que este ataque desenfrenado a las instituciones vulnera los derechos de la nación y de los trabajadores y lleva a México a un retroceso en todos los órdenes que pone en peligro los derechos fundamentales de todos.
3. La convocatoria del SME a formar un frente nacional de lucha para enfrentar el despotismo gubernamental –que anuncia ya nuevas medidas ilegales para seguir entregando recursos estratégicos del país al capital extranjero–, hecha pública el sábado 24, sitúa el conflicto en otra dimensión, que es la que realmente tiene: no se trata nada más de llevar a cabo una enorme movilización para echar abajo el decreto anticonstitucional, mantener Luz y Fuerza del Centro y restituir sus derechos a los trabajadores del SME, sino de impulsar una vasta defensa de toda la clase trabajadora de México y de los derechos fundamentales de la nación, lo que explica el entusiasmo con el que se está respaldando a los electricistas en todos los ámbitos.
4. La reacción en el exterior ante el acto anticonstitucional de Calderón, que violenta múltiples pactos, acuerdos y tratados internacionales suscritos por México, ha desbordado aún más al gobierno de facto, pues el decreto del domingo 11 desdeñó el marco jurídico, pero también el internacional en particular en materia laboral como de derechos humanos. La Confederación Sindical Internacional, lo mismo que la central AFL-CIO de Estados Unidos o la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala y sindicatos de todo el mundo, al igual que el Tribunal Internacional de Libertad Sindical y diversas organizaciones de derechos humanos como la Asociación Americana de Juristas lo han condenado (La Jornada, 16, 26 y 28 de octubre), lo que anuncia una creciente controversia internacional.
5. La lucha del SME ante la brutal agresión que han sufrido los electricistas y la nación en su conjunto no tiene precedentes en el ámbito laboral del país, y eso que la historia mexicana está marcada en el siglo XX por decenas de ataques de los gobiernos priístas a los trabajadores. Y no lo tiene porque ahora se trata de un ataque frontal y cínico a más de 44 mil trabajadores, que se condena al desempleo, y a la nación, a la que se quiere hacer un enorme despojo. De ahí que la lucha actual, al no ser solamente para echar abajo el decreto, sino para impedir que prosigan estas políticas de exacción, que son un objetivo central del gobierno panista de facto, se esté planteando que sea un paso adelante muy importante en la construcción de un país diferente, sustentado en el respeto a los derechos de todos y en el fin de los privilegios de quienes han hecho del país un botín
6. La definición de lo que habrá de ser esa lucha la hizo Martín Esparza, líder del SME, en el magno acto que se llevó a cabo el martes 27 en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el cual recibió el respaldo de miles de miembros de la comunidad universitaria que está ya movilizándose. Es una lucha que ha de darse, dijo, en lo jurídico, en lo político, en lo económico y en lo social, y es la que han pedido se respalde tal como ellos la decidan en ejercicio de su vida democrática.
7. En lo jurídico, el SME presentó ya un amparo colectivo en contra del decreto el miércoles 28, y vendrán en unos días una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, una serie de demandas laborales por despido injustificado, entre muchas otras, así como seguramente una demanda de juicio político contra Calderón por los delitos de “traición a la patria” y “ejercicio indebido de la función pública”, pero lo que debe redoblarse es la movilización.
8. El llamado War Room de Calderón, descrito por la columnista Marcela Gómez Zalce, que sesiona a puertas cerradas en Los Pinos para definir futuras iniciativas que, como su nombre lo indica, configuran una verdadera guerra económica al pueblo –integrado por los secretarios Gómez Mont, Lozano, Molinar, el jefe de prensa Max Cortázar, entre otros connotados yunquistas–, parece que ha perdido toda noción de la realidad, e ignorando que los panistas fueron repudiados en las elecciones federales pretende imponer nuevos golpes de política neoliberal.
9. El asalto a Luz y Fuerza para privatizarla, y terminar con el SME que se oponía a ello, fue un “ataque preventivo”, como ha señalado de manera reiterada Humberto Montes de Oca (secretario del Interior del SME), y por lo mismo hay que ponerle un alto a tanta impunidad, pues Calderón en medio del desastre de su gobierno está casi enloquecido por proseguir con las privatizaciones creyendo que así va a satisfacer a las mafias seudoempresariales que lo respaldaron en 2006, como ha advertido Pablo Moctezuma, y así se habla de su pretensión de culminar la privatización del servicio postal mexicano y de entregar por completo Pemex y el sector energético al capital trasnacional.
10. La iniciativa de Calderón contra los electricistas fue planteada en términos militares como “una guerra” y utilizando la fuerza policiaco-militar, pero los electricistas le están respondiendo con la movilización social pacífica y las armas del derecho, y ésa es la diferencia fundamental del conflicto que se está ahondando, aunque los medios lo ignoren.
---EL NEGOCIAZO---
José Antonio Almazán González
Todo indica que atrás del golpe fascista en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), mediante el ilegal e inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el despido injustificado de 44 mil trabajadores y la indefensión de 22 mil jubilados, está la guerra secreta por la fibra óptica, negocio de miles de millones de dólares que se disputan diversos sectores de la oligarquía y al cual no es ajeno el gobierno de Felipe Calderón.
Como se sabe, la infraestructura eléctrica puede ser usada como red de telecomunicación de dos formas. Mediante la red de fibra óptica de CFE y LFC, que suman más de 30 mil kilómetros y con una capacidad excedente para la transmisión de voz, datos e imagen (telefonía, Internet y televisión por cable, el triple play). O bien a través de las redes eléctricas, en media o baja tensión, aérea o subterránea, mediante tecnologías tipo power line communications o broadband over power line. En cualquiera de los casos las redes de CFE y LFC son por lo menos cuatro veces más extensas y potentes que las redes de telecomunicación de Telmex. Este es el negociazo que se disputan Telmex, Televisa, Tv Azteca, la española Telefónica presidida por Francisco Gil Díaz, etcétera.
Sin embargo, el mayor nicho de negocios, a corto plazo, lo representa LFC, con una red de fibra óptica de mil 100 kilómetros, en una región densamente poblada, con el nivel de ingreso más elevado a escala nacional y en donde se genera más de 35 por ciento de la riqueza del país. A esta región atendida por LFC le echó el ojo la empresa WL Comunicaciones, en la que participan como socios mayoritarios Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, ambos secretarios de Energía durante el periodo de Vicente Fox.
Creada el 23 de octubre de 1998, y con una concesión otorgada por la SCT el 24 de marzo de 2000, WL Comunicaciones firmó el 23 de agosto de 2005 un contrato de arrendamiento de infraestructura eléctrica con LFC, representada por su director, el ingeniero Jorge Gutiérrez Vera (de amplio currículo en empresas eléctricas privadas) para retirar los hilos de guarda de las líneas de transmisión de 400, 230 y 85 KV (torres, cuadros y postes) y ductos subterráneos, mediante el pago de una renta y para instalar cable de fibra óptica de su propiedad. Se estipula en el convenio del 18 de diciembre de 2007 que del cable de 48 fibras ópticas, 16 serían propiedad de LFC y del cable subterráneo de 60 fibras ópticas 24 serían propiedad de LFC. Pero se deja muy en claro que LFC “en ningún caso podría otorgar a terceros para su uso, aprovechamiento, explotación, ni comercialización de las fibras ópticas”, salvo los usos propios y los correspondientes a los entes de la administración pública centralizada y paraestatal. ¡Y todavía dicen que no se privatiza!
El negociazo iba viento en popa. Sin embargo, en la pasada revisión contractual de marzo de este año, el SME logró que LFC gestionara una concesión, para no quedar como simple arrendadora, pues cuenta con los recursos humanos y tecnológicos para poder prestar los servicios de triple play. El 11 de junio de 2009, el subsecretario de Electricidad, Francisco A. Acosta Arredondo, reconoció que “es factible que Luz y Fuerza del Centro gestione ante la autoridad competente la concesión para prestar el servicio… de telecomunicaciones a partir del uso de la capacidad excedente de la red de fibra óptica de LFC… a través de una filial creada para tal fin y en los términos señalados en la cláusula décima del convenio celebrado entre Luz y Fuerza del Centro y el SME el 16 de marzo de 2008”. Por supuesto, la SCT nunca respondió a esta solicitud de LFC. El resto de la historia la conocemos.
Ninguna de las razones aducidas por Calderón justifica la extinción de LFC y el artero golpe asestado al SME. Lo movió la venganza y la sed de negocios, violatorios a la Constitución. La pregunta es: ¿quién gana, en la guerra por la fibra óptica, con la extinción de LFC? La Cámara de Diputados debe pronunciarse a favor de la controversia constitucional y el pueblo de México debe conocer la verdad. ¡Todos al paro nacional!
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