Emma Díaz Ruiz
¿Cómo harían unas instituciones realmente funcionales para lograr la extinción de una paraestatal, en este caso Luz y Fuerza del Centro (LFC), con todas las de la ley?
Si el argumento de origen es la ineficiencia de la empresa y el manejo inadecuado de los recursos, la primera acción lógica sería una auditoría, la cual arrojaría si las cifras no cuadran (lo que denotaría un manejo inadecuado de los recursos económicos) y además localizaría el área problema. Procede entonces, investigar a todos los miembros del área para determinar quién se está adjudicando dinero que no le pertenece o en qué cargo se encuentra el foco de la corrupción. De todas las áreas en las que se registren anormalidades se extrae a los responsables y se lleva a cabo un procedimiento (quizás desconocido por el Lic. Calderón, egresado de la Escuela Libre de Derecho) llamado juicio, por malversación de fondos. Por supuesto, en este caso se exigiría la renuncia de dichos personajes y su correspondiente liquidación en los términos que estipule su contrato en el caso de una salida vergonzosa de esta índole.
Ahora, suponiendo que el problema no fue de malversación de fondos, sino simplemente una mala administración, entonces le preguntaríamos al Sr. Jorge Gutiérrez Vera (director de LFC) ¿qué diablos está haciendo al respecto de las metas determinadas por la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal para asegurar la prosperidad en la industria eléctrica nacional, dentro de los alcances de la paraestatal? Y si resulta que el tipo no sabe ni dónde tiene los pies, entonces designaría (a dedazo, como se hace actualmente) a un nuevo y flamante director, al que, por aquello de las recochinas dudas, no sólo se le indicarían las metas, sino también las estrategias a seguir para cumplir con el cometido.
Y los preguntones dirían: ¿en qué consiste la eficiencia de una empresa paraestatal de este tipo? ¿En brindar oportunamente el servicio de acuerdo a la demanda con un presupuesto razonable o en generar ganancias para los accionistas, como sería en el caso de una SA de CV? Si fuera éste último el caso en cuestión, ¿no sería el pueblo de México en su conjunto el grupo de accionistas, ya que su contribución en forma de impuestos formó el capital social de la empresa?
Bueno, después de extraer a los elementos incómodos de la empresa, y si aún se desea extinguirla, a pesar de que hasta aquí quedaría diluido el argumento principal de Felipe Calderón para hacerlo, entonces, como diría la tía Chole, “con todos los pelos de la burra en la mano”, es decir, con los documentos generados por la auditoría y las investigaciones subsecuentes, el Ejecutivo estaría obligado a proponer ante el Congreso el decreto de extinción y la incorporación de los trabajadores a CFE. Bajo el supuesto de que la mayoría de diputados y senadores aprobaran el decreto, lo que sigue es informarles a los trabajadores que queden “vivos” después de la limpieza que tendrán que llegar a un acuerdo con CFE para estipular las condiciones del nuevo contrato, pedir, a través del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que se respete el tiempo de jubilación para los trabajadores que están próximos a cumplir sus años de servicio, la pensión para los ya jubilados, entre otros temas importantes. En caso de no poder llegar a un acuerdo, entonces mediaría el secretario del Trabajo para lograr una fusión que no sea lesiva ni para las dos empresas, ni para el pueblo de México en su conjunto. Por supuesto, aquí ambos sindicatos tendrían que ceder en algunas cuestiones.
¡Pero el uso de la palabra diabólica “sindicato” amerita una pausa! Desde el punto de vista de Calderón y su gabinete, el Sindicato Mexicano de Electricistas, es en sí, EL problema , por ser supuestamente antidemocrático y gozar de privilegios (Es irracional que un trabajador tenga privilegios en la era del neoesclavismo mercantilista).
La vida interna del sindicato está regida por una serie de lineamientos que fueron presentados ante la Secretaría del Trabajo, donde se otorgó la toma de nota. Si en lo subsecuente, por ejemplo Martín Esparza no se sujetara a estas reglas, el mismo sindicato sería el facultado para investigar y actuar, amparado por todos los acuerdos y hacerle una especie de extrañamiento, si el caso lo ameritara.
Y resulta que también existe una revisión trianual del contrato colectivo, en la que el Sr. Gutiérrez Vera, o su sustituto, podrían negociar los ajustes correspondientes al contrato desde hace tiempo PACTADO.
Para obtener consenso de la sociedad en general, el encargado de la política interna, lejos de llevar a cabo una campaña de linchamiento mediático contra los que se van y tomar las instalaciones por la fuerza bruta, debería presentar a través de los mecanismos oficiales de comunicación los datos duros y poner los documentos completos en la página de transparencia para su difusión y, sobre todo hablar preferentemente en términos cuantitativo en lugar de puramente subjetivos.
Ahora el siguiente problema a resolver es la capacitación para los reemplazos de toda la gente que se fue en la “limpieza”, aunque quizás resulte muy difícil pensar que serán técnicos los despedidos porque estamos investigando el área administrativa.
Los que vivimos en la Ciudad de México podemos darnos cuenta de que los militares electricistas no han sido capaces de hacer una transición eficaz en cuanto a la entrega normal del servicio se refiere. Explosión de transformadores, apagones e interrupciones largas en el servicio en varias zonas así lo demuestran. ¿En qué están fallando?
Si fuéramos a integrar un nuevo técnico a las filas de cualquier industria, primero debería enseñársele toda la logística y “mañas” para poner a funcionar cada elemento que va a manejar, porque el título o la experiencia en el manejo de máquinas del tipo reduce la curva de aprendizaje para nuevos requerimientos, mas no la elimina, máxime para una tarea tan compleja como lo es proveer de energía eléctrica a una ciudad tan grande y poco planeada como el DF.
Pues existen varias posibilidades; una, la más fácil es subir de rango a los técnicos de un nivel más abajo porque han estado más tiempo en contacto con el área y la otra es traer nuevos técnicos y comprometer a los que se van a supervisar el aprendizaje de ellos.
Luego, es decisión de los dueños qué hacer con el tendido de fibra óptica que realizó la extinta empresa (la manzana de la discordia), infraestructura sobre la que se pueden montar los servicios de cable, teléfono e internet. Si al Sr. Calderón se le ocurre concesionarles ese cableado a empresarios de la industria televisiva u otros para que nos cobren de más a todos (una propuesta muy tonta, pero que en realidad es la idea), procedería conseguir un consenso entre los dueños, los más de cien millones de mexicanos que vivimos, a través de una consulta.
Todo esto sería muy deseable, hacer uso de todas las instituciones y los procedimientos legales para llevar a cabo una decisión de esta magnitud. Lástima que Felipe Calderón ha mandado al diablo a todas esas instituciones y a cada uno de los acuerdos garantizados por ellas expresados en forma de leyes y procedimientos para someter todo finalmente a un factor: su criterio (o falta del mismo), “haiga sido como haiga sido”.
emmadr@gmail.com
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