31 de octubre de 2009
Cuando se inauguró el Palacio de San Lázaro, destinado al albergue de ambas cámaras, nos preguntamos por la lejanía del recinto. La respuesta se encontraba en el proyecto de construir una gran avenida que lo uniera a la parte posterior del Palacio Nacional. El diseño nunca aterrizó por el elevado costo económico y político que hubiese significado cercenar el barrio de La Merced.
Nadie imaginó que con los años la sede parlamentaria sería contaminada por los aires de los mercados circunvecinos. La rebatiña por el presupuesto y su condicionamiento a los actores políticos a cambio de apoyo para aprobar impuestos impresentables ha devenido en un tianguis legislativo.
El pecado original reside en que nuestro sistema propicia el vicioso funcionamiento de gobiernos de minoría —y aun de ridícula minoría—. Durante el régimen de partido hegemónico el Ejecutivo no tenía problemas con el Congreso para la aprobación de sus iniciativas legales, fiscales y presupuestales. Las resistencias estaban afuera.
El traslado de la mayoría legislativa a la oposición obligaba a reformas constitucionales que hicieran compatible el poder del Congreso con el ejercicio del gobierno. Así lo propuso la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, sugiriendo —como primer paso hacia un sistema semipresidencial— la creación de un jefe de gabinete, aprobado por el Congreso.
El presupuesto no es sino la expresión en cifras de un programa de gobierno; si éste carece de la mayoría parlamentaria para hacerlo aprobar, debe dimitir. Por ello es aconsejable un sistema de alianzas estables que otorguen al Ejecutivo el número de votos legislativos suficiente para gobernar con transparencia y eficacia.
En la 57 Legislatura la mayoría de oposición exigió que —conforme a la fracción IV del artículo 74— primero se discutieran las contribuciones y una vez determinadas se estableciera el presupuesto. De esta manera pudimos evitar durante escaso tiempo, y en espera de una reforma constitucional apropiada, el chantaje electorero y procaz que hoy denigra las relaciones de poder.
Como tránsito hacia un régimen distinto propusimos además que —a fin de evitar el mercadeo de partidas— se votase el presupuesto en bloque y, si fuese derrotado, los rechazantes presentarían uno nuevo. Es esencial para el juego democrático que los proyectos y compromisos partidarios sean claros ante la opinión pública y se reduzca el espacio para las complicidades ocultas que terminan en mutuas acusaciones verduleras.
Semejante proceso degenerativo se explica también por la deforme estructura hacendaria que instituye al gobierno central en el mecenas de los estados y los municipios. Éstos sólo tienen derecho a disponer de 15% de la recaudación fiscal, mientras que la Federación capta el resto. Ello es contrario al modelo que se pregona y a la práctica de regímenes análogos en todo el mundo.
Setenta años después de que se celebrara la anterior, tuvo lugar en 2004 la Convención Nacional Hacendaria, cuyos objetivos fueron la revisión de las potestades tributarias con criterio federativo y la reforma de los procedimientos para distribuir los apoyos nacionales compensatorios bajo reglas de equidad, descentralización y desarrollo compartido. Ninguno de sus 323 acuerdos ha sido aplicado.
Ante la parálisis de la reforma del Estado, florecen la irracionalidad y el contubernio. Los gobiernos de los estados litigan sus presupuestos con el gobierno federal, a cambio de favores políticos inconfesables, y éste aprovecha la influencia de los poderes locales sobre el Congreso para aprobar impuestos de los que aquéllos no son responsables.
La penuria fiscal que pretende subsanarse es fruto de una caída drástica del producto, junto al declive de las reservas y los precios del petróleo. De no modificarse el rumbo económico, en pocos meses ocurrirá la catástrofe. Ése debiera ser el debate del Congreso.
Diputado federal (PT)
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