2009-10-31•Al Frente
En la Cámara revisora, el proceso legislativo de la Ley de Ingresos no ha estado bien. Del Senado se esperaría mucho más, aunque lo importante es el desenlace; es más relevante el resultado que el camino y éste ha sido accidentado, además, revela que ese órgano legislativo no ha estado a la altura del momento del país, lo que también explica por qué las reformas fiscal y energética pasadas tuvieron tan magros resultados. No es cuestión de integración o de atributos, irrefutables para muchos de sus destacados miembros; al Senado se le valora como cuerpo colegiado y allí, desde septiembre de 2006, hay un déficit que se ha hecho evidente cada vez que hay una decisión fundamental para el país.
Es ilustrativo el que los diputados hayan podido alcanzar con mayor facilidad un acuerdo en materia fiscal. Como se ha dicho, no hay reforma aceptable que signifique mayores impuestos; las razones del buen resultado de la negociación en la Cámara baja están en los factores que inciden en el comportamiento de los diputados, especialmente, el hecho de que tienen una mayor representatividad y más cercanía con sus territorios y sus pobladores. Los diputados, mejor que los senadores, entienden lo que implica ayuntamientos en bancarrota, también las dificultades en las finanzas estatales.
Los gobernadores visitan a los diputados en búsqueda de un adecuado presupuesto para sus haciendas y las de sus municipios. Desde el centro siempre se ha dicho, sin fundamento y con prejuicio, que no hay que darles porque allí está el dispendio o el desvío. Los problemas que enfrenta el país tienen su origen en la fragilidad institucional de los estados y municipios. Una solución estructural a muchos de los problemas pasa por gobiernos locales y ayuntamientos fuertes. Mantenerlos en quiebra sólo conduce a un mayor deterioro en la calidad de vida de las personas. El centralismo no puede ser avalado por el Senado, mucho menos por los que provienen del PRI, precisamente por su presencia mayoritaria en los gobiernos subnacionales.
El tema no deja de ser paradójico porque la doctrina asume que el Senado es, por una parte, el órgano moderador del quehacer parlamentario y, por la otra, es la expresión del pacto federal a través del principio de la representación igualitaria de las entidades de la Federación, premisa alterada en 1996 con la introducción de 32 senadores de representación proporcional. De cualquier manera y más allá de la teoría, se esperaría mucho más del Senado de la República. A las fracciones parlamentarias les preocupa el costo político, no un buen quehacer legislativo.
Los senadores del partido gobernante no pueden comportarse como oposición. Sorprende el intento de revertir la decisión que con tanta dificultad se alcanzó con los diputados. No es cierto que estén desinformados por la Secretaría de Hacienda, simplemente lo que les preocupa es que sean señalados como los promotores de mayores impuestos. Hubiera sido poco digno que los senadores del PRI hubieran aprobado la reforma que avalaron sus pares en la Cámara baja a través del expediente análogo al del voto blanco. Si la abstención define el resultado, entonces se entiende como voto, quizás con tintes de temor e hipocresía, nada de grandeza o generosidad. Aunque el voto dividido es sintomático de un vergonzoso método de componendas y simulaciones que ofende a los representados.
Los reproches vienen de un lado y de otro, mientras que la economía, la del mundo real, indica que no hay margen para que los parlamentarios eludan su responsabilidad. El intento de modificar el precio del petróleo para que las cifras cuadraran fue recibido de manera muy negativa por los mercados financieros. Recurrir al aumento de combustibles o impuestos especiales a los energéticos es una opción inflacionaria, afecta la competitividad del país y acaba por dañar aún más a la economía nacional. Es paradójico que los senadores invoquen mandato contrario al incremento de los impuestos, cuando fueron electos bajo premisas distintas.
Las razones que han afectado al Senado y que han producido malas reformas remiten a la preocupación de sus más importantes líderes sobre la contienda de 2012; es la disputa por la candidatura o por el voto en la elección constitucional lo que ha pervertido su desempeño. Es una paradoja cruel que los prospectos con menores posibilidades, algunos de ellos en el Senado, sean los más inquietos por su futuro político personal. También es paradójico que serán muchos diputados los que estarán en la contienda por las candidaturas a gobernador y, consecuentemente, en la elección constitucional. La realidad es que la política y los problemas se dirimen en el territorio, no en el centro y por ello, en ese sentido, los diputados y los alcaldes ganan y los senadores pierden.
Asombra también cómo se transfiguran y disfrazan los argumentos en materia fiscal. Se invoca a las familias mexicanas para no incrementar impuestos, cuando a trasmano se quieren eliminar las disposiciones que van dirigidas a gravar a los grandes grupos empresariales. Es un doble juego que poco dignifica a la política. Si se está en desacuerdo con la retroactividad en la consolidación —tema implícito en el mensaje presidencial de los pasados días— que se diga y se argumente de cara a la Nación, pero que no se manipule el explicable agravio popular por el gravamen al consumo.
Insisto, una vez aprobada la Ley de Ingresos, los diputados deben dar lugar a un cambio importante en materia de presupuesto. No deben olvidar que la gente, rica o pobre, no quiere pagar impuestos porque asumen que lo malgastan o lo desvían por prácticas venales. Asimismo, la aplicación de los recursos no se apega a normas de transparencia, control y destino oportuno. Se debe mejorar la rendición de cuentas de todos los que ejerzan recursos públicos; se requiere de una efectiva austeridad y de optimización del gasto. Cuidar que los grandes proyectos de inversión federal no deriven en el enriquecimiento de legisladores en el tráfico de influencia.
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