16 de diciembre de 2009
Si alguna lección dejaron las últimas elecciones federales, en julio de este año, fue que los ciudadanos reclaman —a través de acciones como el voto nulo o de la apatía abstencionista— más participación que la concebida por nuestro sistema político. Hay que destacar, por tanto, la sensibilidad del jefe del Ejecutivo frente a estas expresiones al presentar ante el Congreso una reforma legislativa que concentra gran parte de esas demandas.
Reviven así los que quizá fueron los únicos temas interesantes discutidos durante la campaña política pasada: referéndum, segunda vuelta electoral, reelección parlamentaria, candidaturas ciudadanas e iniciativa popular. Se trata de una propuesta presidencial que, de prosperar, concentraría el grueso de las reformas constitucionales que quedaron pendientes después de la llegada de Vicente Fox y el PAN el poder federal.
Otro elemento destacable es que, por primera vez, se habla de una reforma del Estado sin la tan manoseada y hasta desgastada reforma electoral. El hecho de que ya no se discutan cambios en el IFE, el Tribunal Electoral, o en el financiamiento a los partidos o a las relaciones entre los medios y las campañas es una buena noticia. De esta manera las iniciativas en favor del poder ciudadano no se verán contaminadas por pugnas pendientes entre poderes formales y fácticos.
Ahora bien, una vez festejado el conjunto de la propuesta, deben analizarse cada uno de sus puntos. Aunque algunas iniciativas tienen pleno respaldo popular, ha de reconocerse que otras conllevan grandes riesgos, de ahí que sería un equívoco aplaudir todo el paquete o descalificarlo de antemano.
Las candidaturas independientes, por ejemplo, si bien podrían servir para llevar al poder público a un buen ciudadano —alejado de los intereses más mezquinos propios de los partidos y sus cúpulas— también podrían ser la plataforma para que personajes como Alberto Fujimori o Silvio Berlusconi lleguen a la Presidencia, es decir, poderes ajenos al interés público.
Otro ejemplo: elevar a 4% el porcentaje mínimo para que un partido conserve su registro dejaría fuera a casi cualquier organización que desee competir en el futuro contra PRI, PAN y PRD. Tal vez morirían Partido Verde, Convergencia y PT, pero las minorías perderían participación y representatividad. Estos nos muestran la importancia de mirar con lupa la letra pequeña.
México requiere de una democracia más eficaz y sus ciudadanos necesitamos asegurarnos una mejor representación. Esta iniciativa es, sin mezquindad, una línea de esperanza en el horizonte para que los mexicanos transformemos nuestra realidad. La única manera de dar muerte a la partidocracia es que los ciudadanos nos apropiemos no tanto de la propuesta como de la discusión sobre la propuesta.
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