Las matanzas de Ciudad Juárez y Torreón no son la prueba de que la “guerra” declarada por Calderón hace tres años nunca estuvo bien planteada. La publicidad oficial nos da cuenta de la aprehensión de un tal Teo, asesino, se dice, de más de 300 personas, pero nunca hemos sabido qué es lo que se pretende con toda esa movilización de tropas y fortalecimiento de una policía cuyos comandantes son unos perfectos desconocidos.
Un senador panista ha pedido la suspensión de garantías en la frontera chihuahuense. No sería sorprendente que el Ejecutivo la solicitara al Congreso, con lo cual no se resolvería tampoco el problema sino que, probablemente, se complicaría todo una vez más. Ahora se habla de unos programas sociales dirigidos a la juventud para apartarla del narcotráfico, como si los jóvenes, en general, formaran parte de ese negocio.
Hace años que López Obrador dijo que esa “guerra” era como palos de ciego y la prensa escrita y hablada se burló de tal declaración. Hoy, todos lo sabemos: hemos visto los palos y los ciegos. Lo peor es la idea que tienen los gobernantes del problema, sus ridículas declaraciones, su ignorancia del fenómeno, sus acciones reactivas, los viajes de ida y vuelta de tropas sin dar cuenta de objetivos concretos.
Sí existe un Estado fallido —por cierto no sólo en esta materia— que no logra crear el sistema para encarar un problema internacional ciertamente complicadísimo, pero en ninguna parte tan violento como en México. Ahora, el problema mayor no es el narcotráfico sino la violencia, los homicidios, levantones, secuestros, amenazas, cobro de protección, masacres y un largo etcétera. Las fieras están sueltas.
Lo que han dicho las autoridades sobre la masacre de Ciudad Juárez es pura basura. Se afirma que los jóvenes eran de una pandilla que tenía rivales, que algunos eran narcos, que los mataron unos asesinos sin causa, que el principal asesino ya está muerto y nunca se sabrá de cierto qué pasó.
Parece que nada funciona, ni siquiera el conocimiento de la realidad que se dice combatir. Mayor fracaso sería difícil. Sin embargo, las autoridades federales siguen culpando a las locales de una parte del fracaso, como si los delitos contra la salud —así llamados— no fueran precisamente de la competencia de la Federación.
Meter a las tropas a funciones de policía no ha dado los resultados anunciados. En cambio, en la “guerra” se cometen múltiples atropellos de los militares contra personas ajenas al negocio ilícito que se combate. Varios de los aprehendidos ilegalmente en Michoacán han sido liberados después de ocho meses por un tribunal, pero el gobierno insiste en que están vinculados con los narcotraficantes aunque no hubiera podido probar absolutamente nada. De seguro que los otros presos de Michoacán obtendrán también su libertad porque el Ministerio Público fabrica o manipula pruebas de personas que tiene detenidas sin haberlas acusado: los llamados testigos protegidos que en realidad son rehenes usados para inculpar a quien sea necesario.
Dentro de unos días, comparecerán varios funcionarios en el Senado. No creo que con ese motivo haya mayores luces sobre el problema, pero sería bueno que las autoridades explicaran a los legisladores algunos secretos del narcotráfico, así como sus propios objetivos de corto, mediano y largo plazo. Los legisladores no podrán dar ninguna solución sencillamente porque ese no es su trabajo. Casi todas las leyes que el gobierno federal pidió le fueron dadas por el Congreso hasta el grado de establecer preceptos que violan derechos humanos. Lo que no se le concedió al gobierno fueron los libres allanamientos de la policía a cualquier domicilio y la criminalización de los consumidores de drogas.
Lo primero que habría que admitir es el fracaso de la “guerra”. Después, se tendría que esperar un replanteamiento completo del problema. ¿Es mucho pedir?
pgomez@milenio.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario