Que la Suprema Corte dejó claro que las pensiones de los trabajadores no están en riesgo: la jurisprudencia aprobada el 9 de junio por la segunda sala no aplica a los asegurados que decidan retirarse conforme a la ley de 1997.
Los ministros interpretaron lo establecido por los legisladores en el artículo 33 de la Ley del IMSS como límite superior para los seguros de invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, es decir, el equivalente a 10 salarios mínimos.
Sobran, sin embargo, los interesados en crear un conflicto para sacar raja política.
Que José Francisco Blake hará su debut como secretario de Gobernación en San Lázaro el 1 de septiembre: los legisladores de oposición y del PAN reconocen que el tiempo para modificar el formato del informe presidencial ya se agotó y, en consecuencia, Felipe Calderón entregará el documento mediante el responsable de la política interna.
Que la reprimenda que le lanzaron los priistas al presidente del Senado, Carlos Navarrete, por no actuar “de manera imparcial”, se interpretó como un claro distanciamiento entre el perredista y el coordinador de la fracción del PRI, Manlio Fabio Beltrones, por la disposición que ha tenido el perredista en atender los planteamientos del PAN y del gobierno.
Que la toma de nota para Martín Esparza tiene contra la pared a más de uno.
Resulta que dos subsecretarios y un director de área de la Secretaría del Trabajo advirtieron que, de otorgársela, presentarán su renuncia a la dependencia, pues legalmente no procede y su reputación como abogados se vería afectada de forma irreparable.
La disyuntiva es complicada para Javier Lozano, pues en Gobernación hay presiones para que entregue el reconocimiento.
Que a Marcelo Ebrard y a los diputados del PRD en la ALDF les preocupan la creación de los partidos locales anunciados por Joel Ortega, ex secretario de Seguridad Pública, y los ex perredistas René Arce y Víctor Hugo Círigo, junto con el socialdemócrata Jorge Carlos Díaz Cuervo.
Por ello impulsan reformas electorales para que las nuevas agrupaciones cuenten con el respaldo de 2 por ciento de la lista nominal de electores, pero no “en general”, sino en 12 delegaciones.
El código electoral señala que sólo se requiere el respaldo de 0.5 por ciento del listado, de más de 7 millones, es decir, aproximadamente 35 mil ciudadanos.
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