Una Procuraduría General de la República manejada completamente por el cuestionado ex procurador Antonio Lozano Gracia, un Estado que claudicó su obligación constitucional de investigar un delito por consideraciones sentimentales y de amistad, un gobierno federal que atrajo una investigación del fuero común sólo para suspenderla, una familia desesperada por reunir 50 millones de dólares para cambiarlos por la vida de su patriarca y un Presidente ausente al que no parece importarle el secuestro de más alto impacto cometido en su gobierno son los saldos de 75 días del cautiverio de Diego Fernández de Cevallos.
Ayer, con la segunda fotografía difundida del político panista y una dramática carta en la que el humillado Diego clama porque su familia pague su rescate, revivieron también los cuestionamientos sobre la lamentable actuación que el gobierno federal ha tenido en este asunto, en el que, violando flagrantemente las leyes, han permitido que los intereses de un grupo político y de abogados secuestren la procuración de justicia en el país.
Desde que le estalló este secuestro, Calderón pasó de la peligrosa sobrerreacción que tuvo en un principio —cuando mandó helicópteros, perros y un fuerte despliegue policiaco a peinar el rancho de Fernández de Cevallos, con lo que puso en riesgo la vida del ex candidato presidencial— a una indolencia y una indiferencia que llaman la atención. Es como si, con el argumento de cuidar la vida de Diego, el Presidente se hubiera quitado de encima la responsabilidad legal y política que tiene para indagar y esclarecer ese caso.
Una cosa es que, públicamente, para cumplir con la exigencia de los secuestrados y no arriesgar la integridad del secuestrado, la PGR haya anunciado que se retiraba de las indagatorias. Pero otra muy diferente es que el gobierno, la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública federal, las áreas de inteligencia militar, hayan dejado de investigar para saber quiénes son los autores de este secuestro, cuáles fueron los motivos reales para cometerlo y qué amenaza representan grupos como el que tiene a Diego para la seguridad nacional.
En lugar de eso, el Presidente se lavó las manos y le entregó la PGR a Antonio Lozano Gracia —sí, el mismo de La Paca y la osamenta de El Encanto— y al resto del grupo cercano a Diego: Juan Miguel Alcántara, Francisco Molina y al mismísimo Fernando Gómez Mont. Porque en la PGR todos saben que el jefe del procurador Arturo Chávez es Lozano Gracia y que el ex procurador —que se basó en una vidente para encontrar un cadáver y montó evidencia falsa para justificar su teatro en el caso Ruiz Massieu— es actualmente quien manda en la Procuraduría General de la República y en las indagatorias del caso Diego.
El Presidente, pues, “haiga” sido por amistad, por ineptitud o por indiferencia, abdicó de su responsabilidad en este caso, y si eso hace frente al secuestro de un político connotado y miembro del grupo gobernante, ¿qué puede esperar un simple ciudadano de a pie?
NOTAS INDISCRETAS… ¿Novatez u oportunismo? De la oficina del secretario de Gobernación, Francisco Blake, llamaron la semana pasada a la del senador Manlio Fabio Beltrones para confirmar la comida que el lunes 19 de julio tenía agendada el legislador con el secretario. “Perdón, pero la comida es con el licenciado Gómez Mont, no con el licenciado Blake”, dijeron en la oficina del Cresista. “Si el nuevo secretario quiere comer con el senador, déjenos revisar la agenda”… Nada nuevo en el discurso y la propuesta de AMLO. Va por su mismo voto duro e incondicional y hasta ahora no parece buscar nuevos votantes ni a los que en algún momento se desencantaron de él… Los dados mandan Serpiente. Mal empieza la semana.
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