Teniendo como fondo panorámico nacional los comicios electorales próximos a celebrarse en el Estado de México, se ha inaugurado la Septuagésimo-novena (79ª) Convención nacional de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), impulsando una línea discursiva tan clara como deplorable.
Es evidente que Televisa ha “estallado” contra la labor que en materia electoral viene realizando el Poder Legislativo desde 2007 (reforma a la ley electoral que prohíbe la “guerra sucia” mediática en campañas), no menos que contra las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que al resolver la acción de inconstitucionalidad que en su momento fue promovida contra la “Ley Televisa” de 2006, sin lugar a dudas desbarató el aparato conceptual y argumentativo con el cual se pretendía legitimar el ya de facto monopolio de las telecomunicaciones en México.
—En una manera no menos similar a como ahora, el PRIAN pretende “legalizar a posteriori” la militarización del país con la mal llamada Ley de Seguridad Nacional, que mejor deberían denominar “nuevo Código Castrense Presidencialista”
Pero, en mi opinión, el “estallido verbal” contra la incipiente democracia mexicana que a continuación comentamos, tiene por su principal detonante no otra cosa que la imposibilidad del monopolio televisivo para levantar la caída en picada de Eruviel Ávila como candidato “oficial” en el Estado, que a decir verdad, por el descrédito en que ha caído entre las clases media y popular mexiquenses que ahora son favorables a Encinas, ya ni “Hércules” con sus proezas míticas lo salva.
Sí, esa es la verdad: el monopolio “televístico” de los socios dueños del conglomerado de las telecomunicaciones en México —Azcárraga Jean y Salinas Pliego, hoy dueños de las “marcas comerciales” Televisa, Tv Azteca, Iusacell y la nueva empresa concesionaria de la red nacional de fibra óptica, llamada “Total Play”— observa con gran recelo y enorme disgusto cualquier transición democrática de la vida pública mexicana sea en el Estado de México o en la Federación, debido a que ha sido la actual estructura del poder político en el país del coludido régimen “prianista” neoliberal, la que hasta la fecha le permite continuar como la única opción televisiva del país siendo México la única de las 15 economías más grandes del mundo en no contar con una pluralidad, apertura ni competencia reales en el sector del principal medio masivo de comunicación (esta jerarquía considerando que aún falta mucho para que Internet goce en los países del tercer mundo de capacidad de cobertura similar a la radio y la televisión entre la población general de todo el territorio).
—Mientras sigan el PRI y el PAN igual, no parece verse el fin del “monopolio televístico” ¡pues ni Carlos Slim ha logrado traspasar las infranqueables barreras impuestas por los “tele-gobernantes” protectores del monopolio absurdo!
El discurso inaugural de la convención de la CIRT —cuyo contenido refleja enteramente la opinión de su “socio mayoritario” la televisión— dado por Tristán Canales Nájera, quien funge como el presidente del Consejo Directivo de la CIRT, estuvo plagado de denostaciones y amenazas lanzadas contra la actividad del Instituto Federal Electoral (IFE), supuestamente con motivo de su inconformidad ante unos posibles lineamientos al derecho de réplica en los medios.
Durante el último debate hacia la gubernatura mexiquense —del cual salió triunfante Alejandro Encinas de la Coalición ‘Unidos Podemos Más’ integrada por el PRD-PT-Convergencia— el candidato del PAN Luis Felipe Bravo Mena subrayó que el objetivo de la economía debía ser el ser humano (cosa que “sus neoliberales” no practican ni por accidente. . .) y si aceptamos como válida tal premisa, tenemos que con mucha mayor razón el ámbito de la comunicación social debe existir en función de las capacidades comunicativas del hombre que son la base la pacífica convivencia de un país y una nación.
Es por esta razón que resulta intolerable que el monopolio mediático se “escandalice” y aún amenace abiertamente con desobedecer las Leyes que los mexicanos nos hemos dado por un consenso general en materia político-electoral, cuando el objetivo de las normas de este sector es proveer al mejor desarrollo del diálogo político nacional el cual materialmente no existe si es que no se permite la participación de todos los distintos actores políticos involucrados en este magno proceso social llamado Democracia representativa.
—¡A la televisión le disgusta que puedan hablar gentes de todos los partidos, porque no todos los partidos están dispuestos a servirlos en sus monopólicos intereses!
La triste arenga dictatorial de Tristán, fue contundente al calificar de “inaceptables para los medios” las regulaciones y lineamientos que en materia de comunicación política deben estar plenamente vigentes en cualquier Estado de derecho que se precie de serlo ya que sin el respeto a los mismos, jamás habría democracia alguna, pues esta sólo es hecha posible por la participación de todas las fuerzas políticas y sociales, aunque sean calificadas por una minoría como “indeseables” y hasta “peligrosas” para la sobrevivencia de sus propias corruptas prácticas de influencias. . .
Tristán Canales (o sea Televisa) dá a entender que para su sector, el monopolio televisivo, no deberían existir leyes algunas que los refrenen en su afán de codicias y tropelías sin límite, ya que llamaron a la regulación que el IFE fundadamente hace sobre la normatividad electoral como una “restricción burocrática arbitraria y autoritaria”, cual quejándose de que no sea la televisión la que pueda darse a voluntad su propia legislación “a modo”, lo que obviamente ya han intentado hacer en el pasado, al chantajear en 2006 antes del tiempo electoral fuerte a todos los partidos para que aprobaran vía fast-track la nefasta “Ley Televisa” sin mayor discusión al respecto.
—Cosa que en efecto hicieron, pero que la Corte echó pa’trás porque en pocas palabras les otorgaba a perpetuidad un derecho a la concesión que de origen le pertenece solamente a la Nación soberana, y no a ningún grupo de negocios privado
Evidentemente el señor Canales ha “saltado” de inconformidad porque conoce muy bien que el actual esquema de corrupción favorito de la oligarquía gobernante (políticos/medios) es un cierto paquete de ventas de publicidad que incluye la promoción y marketing de la imagen del político tanto en segmentos noticiosos como no-noticiosos o formalmente publicitarios, como por ejemplo ahora recuerdo el caso de Telefórmula, en que durante los bloques de comerciales repetían algo que aseguraba ser una “cápsula informativa” acerca de “vidas de políticos”, pero que en realidad e invariablemente no hablaban de nadie más que de Eruviel Ávila Villegas del PRI y así transmitían una serie de “entrevistas”, videoclips e informaciones al respecto suyo, que frecuentemente estuvieron en repetición de una manera continua e inusual durante un cierto periodo de tiempo pre-electoral, antes de iniciadas oficialmente las campañas.
Ante estos encubiertos (pero al mismo tiempo descarados) tratos del poder, y en lo que la especialista no es otra que Televisa y su proyecto de convertirse en “Peña-NietoTV”, no queda de otra que combatir a los corruptos y dolosos defraudadores a las leyes mexicanas implementando una perspectiva básica de derechos político-electorales para todos los individuos y representaciones políticas directamente involucradas en tal proceso (mediático por necesidad), y que es precisamente lo que la Ley mexicana y el IFE están haciendo al comenzar a tutelar con verdadera firmeza el derecho de la oposición política a manifestar públicamente sus declaraciones y tomas de postura frente a aquellos medios que estén permitiendo un acceso parcial —por no decir unilateral— al canal televisivo o medio radiofónico para favorecer a una agrupación política y perjudicar a las demás.
—Tal y como dijo AMLO de Televisa en 2006, que mientras a ellos les ponían obstáculos, a los otros les colocaban “la alfombra roja” o trato preferencial V.I.P. . .
El derecho humano y constitucional de libertad de expresión al que tanto alude el “monopolio televístico” para realizar sus prepotentes coberturas falsificadas de la realidad —¿sí recuerdan Uds. quién es Florance Cassez y cómo llegó a donde está?— no nos pertenece en menor medida al Pueblo de México, que a través de la soberanía legislativa y los órganos que la misma faculta para efectos de su cumplimiento (tales como el Instituto Federal Electoral) nos hemos dado un marco legal y discursivo que en la materia político-electoral de vital interés nacional deberá ser puntualmente acatado por tal totalidad de actores políticos, medios de comunicación y sectores sociales, sin que valgan de pretexto hegemonías económicas ni de influencia nacional.
—Todos juntos vigilaremos que se cumpla la normatividad mexicana en materia electoral para la contienda electoral, y en especial que la Televisión no detente el “privilegio” de la impunidad.
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