El encuentro realizado ayer en el Castillo de Chapultepec entre el equipo de gobierno, encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, y la representación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, conformada principalmente por deudos de víctimas de la violencia que azota al país, fue una circunstancia sin precedente en la que el titular del Ejecutivo federal escuchó reclamos tan elocuentes como ríspidos por los resultados de su estrategia de seguridad y combate a la delincuencia, señalamientos sobre la corrupción y la presencia de poderes fácticos que obstaculizan el accionar institucional, así como propuestas contra la criminalidad alternativas a la guerra que su administración declaró a finales de 2006. Pero lo más importante es que, por primera vez, la opinión pública nacional tuvo acceso, en una escala masiva, a expresiones representativas del dolor y la ira causados por la estrategia de guerra que se vive. Asimismo, millones de personas pudieron escuchar, en voz de Javier Sicilia, de Julián LeBaron, de María Elena Guerra y de otros familiares de asesinados y desaparecidos, testimonios del agravio social por la insistencia del discurso oficial en calificar de delincuentes a la mayoría de las víctimas de esta guerra, así como la urgencia de hacer justicia –ausente, en la mayor parte de los casos– y de recuperar a los muertos por su nombre y su apellido.
Es importante destacar que, ante la insistencia de la propaganda gubernamental en el sentido de que la estrategia de seguridad en curso es la única posible, y que es consecuencia, y no causa, de la violencia criminal que padece México, los participantes ciudadanos en el encuentro presentaron ideas precisas, específicas y viables para diseñar una política gubernamental eficaz, apegada a derecho y, sobre todo, menos mortífera que la que está en curso: desmilitarización de las tareas policiales; combate frontal a la corrupción en las instituciones de procuración de justicia y en las corporaciones de la fuerza pública; persecución de los sectores empresariales vinculados al narcotráfico; despenalización de ciertas drogas, y acciones efectivas en materia de educación, salud y empleo. Asimismo, pusieron de manifiesto que las medidas oficiales, lejos de erradicar o reducir la violencia, la han retroalimentado.
En contraste con esos aspectos positivos del encuentro, la reacción de Calderón Hinojosa consistió en atrincherarse en sus posiciones, justificar lo errático y fallido de su guerra contra la delincuencia, ensayar una apropiación del dolor, de las preocupaciones y de las motivaciones de los familiares de las víctimas, y distribuir las responsabilidades por las decenas de miles de muertes entre diversas instancias locales y judiciales. A pesar de los intentos por presentar a un gobernante tolerante, sensible, generoso para con sus críticos y dispuesto a hacer concesiones, lo cierto es que la conclusión calderonista del encuentro puede resumirse así: en lo fundamental, el presidente Calderón no se apartará de su ruta, por muy cuestionada que ésta sea.
Como resultado de esta actitud, los frutos del diálogo entre el movimiento civil y el gobierno están aún por verse. Por lo pronto, hay compromisos para atender casos individuales; un fideicomiso para sufragar un monumento a las víctimas y placas con sus nombres, y una comisión de seguimiento que se reunirá dentro de tres meses. Pero las palabras expresadas ayer por algunos de los agraviados de la violencia llegaron a incontables oídos en el país, y ese solo hecho puede constituir un vuelco positivo en la conciencia cívica y en la percepción colectiva de la guerra impuesta al país, primer paso para avanzar en su solución y en medidas de paz que, según puede verse, habrán de correr a cargo de la sociedad, porque el gobierno sigue convencido de estar en lo correcto.
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