jueves, 18 de agosto de 2011

Atrapados sin salida-- Octavio Rodríguez Araujo

La policía privada, que en México ha tenido un crecimiento desmesurado en los años recientes, surgió como empresa en Inglaterra y en Estados Unidos desde el siglo XIX con el claro objetivo de mantener el orden social y proteger la propiedad privada (recuérdese la Agencia Pinkerton de triste memoria). El crecimiento de la seguridad privada se debe a que las policías privadas sirven a amos específicos (personas, empresas, barrios) y no a la sociedad en general, por lo que pueden ser manipuladas en función de intereses concretos y contra los trabajadores.

Si vale la comparación es como el sector salud: se compone de atención privada y atención pública. La primera es para quien puede pagarla; la segunda, generalizada para toda la población, independientemente de su ingreso. La educación podría ser otro ejemplo de lo mismo, escuelas privadas y públicas.

Por razones que podrían parecer obvias, pero que son discutibles, los que tienen dinero confían más en lo que pagan directamente que en lo que pagan vía impuestos, derechos u obligaciones. Quienes no tienen dinero se tienen que conformar con lo que ofrece el Estado, sea en seguridad pública, en salud, en educación, en transporte, etcétera.

Teóricamente lo privado es más eficiente que lo público, en principio porque el cliente exige los servicios que paga, con la calidad que supuestamente contrata y porque se supone que lo convenido por lo que paga debe ser de mejor calidad que aquello que es para todos, normalmente para los pobres. No siempre es así: que lo privado sea mejor que lo público, pero la mayor parte de la gente lo cree y los gobiernos neoliberales se han encargado, sin ambages, de demostrarlo día a día.

Como los gobiernos de orientación neoliberal están convencidos de que todo aquello que puede proporcionar ganancias debe trasladarse a la iniciativa privada o garantizar que ésta mantenga su propiedad, se descuida lo público, a veces deliberadamente, para justificar su privatización (si ésta es atractiva para la iniciativa privada). Este fenómeno lo hemos visto en México en los últimos 30 años: disminuir la inversión en las empresas e instituciones públicas para que operen con deficiencias y números rojos, aunque con ello los usuarios sean seriamente perjudicados, y luego propiciar el establecimiento de empresas privadas en paralelo, en algunos casos para sustituir totalmente a las públicas y en otros para que los ricos y sólo éstos cuenten con la atención que pueden pagar… y los demás que se jodan. Esto se ha hecho con el IMSS, el Issste, con Ferrocarriles, con la electricidad (hasta desaparecer Luz y Fuerza del Centro), con la aviación comercial, la telefonía, parcialmente con Pemex (contratos subrogados), con el agua y la basura, etcétera, etcétera y, desde luego, con las policías públicas.

Según el Grupo Reforma (GR), en los pasados cinco años el sector de la industria de la seguridad privada ha crecido en 50 por ciento, aunque por los datos que ofrece parece que ha crecido al doble, es decir, 100 por ciento, pues si en 2006 había 375 empresas y en el presente 758 estaríamos hablando del doble; y si la referencia es a elementos contratados por la seguridad privada, el porcentaje es mayor: de 57 mil en 2006 a 144 mil en junio de 2011 (150 por ciento de aumento). ¿Y los guardaespaldas?: de 8 mil al inicio de Calderón a 20 mil en el presente año, según la SMG (Sociedad Mexicana de Guardaespaldas, citada como fuente por el GR), que en su página web señala que busca líderes para crecimiento explosivo. (Hablé a esta sociedad, 01 800 838 3088, y me negaron información sobre el número de elementos con los que cuenta.)

Lo anterior sería casi irrelevante de no ser porque Juan Antonio Zúñiga (La Jornada, 16/08/11) nos informa, basado en la Secretaría de Hacienda, que la tasa de aumento del personal que trabaja en tareas de seguridad pública y nacional triplicó al aumento medio del resto de los trabajadores de las dependencias y entidades de control directo en el periodo 2000-2011, el cual comprende las dos administraciones federales surgidas por Acción Nacional.

Con los datos disponibles se puede afirmar que tanto la seguridad privada como la pública han aumentado, lo cual es una incongruencia en sí misma y en relación con la escasa seguridad con la que contamos los mexicanos (y peor cuando esa policía pública, al igual que las fuerzas armadas, cometen atropellos contra ciudadanos y sus propiedades sin ninguna base jurídica y hasta realizando robos como les ocurrió a Efraín Bartolomé y Patricia Magaña en sus respectivas casas en el Distrito Federal).

Todos hemos sido testigos (y hasta víctimas) de la prepotencia de las escoltas privadas en las calles de nuestras ciudades. ¿Quién se mete con un grupo de guaruras armados cuando impunemente se nos cierran con sus camionetas con vidrios negros en una calle? Nadie, ni siquiera los policías de tránsito, a pesar de que se pasan los altos, circulan en sentido contrario, no usan placas, etcétera.

¿Para dónde hacerse en un país donde el Ejército, la Marina, los policías federales, los estatales, los municipales y los guardias privados (decenas de miles) violan las leyes impunemente y atropellan a los ciudadanos antes de averiguar si son delincuentes o pacíficos trabajadores? Y todavía así Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, ha rechazado que en México la violencia sea mayor que en otros países (La Jornada en línea, 15/8/11), como si esto nos debiera tranquilizar y poner muy contentos.

Estamos atrapados entre soldados, marinos, policías públicos y privados, guaruras, inspectores corruptos, gobernantes y sus funcionarios, igualmente corruptos además de arbitrarios; narcotraficantes, sicarios, asesinos, ladrones, violadores, carniceros, sicópatas menores y mayores de edad, y toda una fauna de personas que nos hacen difícil estar y convivir en México. Estamos sometidos al poder, legal y arbitrario, de los que pueden (valga la redundancia), sin ninguna luz al final de este dramático túnel, pues ni siquiera se ofrecen empleos, facilidades de inversión, mejoramientos en salud, educación, transporte, vivienda y más que se necesita para vivir con dignidad. ¿Habrá salida?

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