En muy poco ayuda al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) el balance injustificadamente optimista que algunos dirigentes hacen del diálogo que sostuvieron con el Poder Legislativo en el Castillo de Chapultepec. Es comprensible que quienes conducen una movilización social quieran magnificar sus conquistas. No lo es que fuercen la realidad hasta extremos caricaturescos.
En un desplante verbal sin sustento alguno, un día después del diálogo, Emilio Álvarez Icaza publicó en El Universal una reflexión en la que aseguró: Hay elementos para pensar que la gente recuperó al Congreso de la Unión y que éste puede recuperar la confianza de la ciudadanía.
¿De verdad la gente ya recuperó al Congreso? ¿Será que ahora sí el Legislativo puede recuperar la confianza de la ciudadanía? ¿Por qué? ¿Porque el MPJD se reunió con ese poder y algunos legisladores accedieron de palabra a algunas de sus demandas? ¡Por favor!
Apenas un día después del escrito de Álvarez Icaza, José González Morfín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, lo desmintió y dijo que será en septiembre cuando el Congreso de la Unión ofrezca una respuesta concreta a los compromisos adquiridos.
Por lo pronto, no hay ninguna garantía de que el Congreso vaya a cumplir con los puntos verbalmente aceptados por algunos legisladores. En la reunión se negaron a firmar cualquier compromiso, argumentando que el verdadero capital de un representante popular es su palabra. ¿Acaso ya se olvidó lo que sucedió con los acuerdos de San Andrés? ¿Dónde quedó la iniciativa de la Cocopa –avalada por los legisladores– a la hora de la verdad?
Álvarez Icaza ha amenazado que, en caso de incumplimiento, el MPJD se cobrará la afrenta en las urnas. ¿De verdad? El MPJD es una movilización social ejemplar. Ha logrado en muy poco tiempo grandes conquistas, visibilizando el costo humano de una guerra absurda y fallida. Ha sentado a dialogar al Presidente de la República y al Congreso de la Unión. Ha impactado a la opinión pública, pero no la ha organizado. El MPJD no tiene, por lo pronto, ni la capacidad organizativa ni la convocatoria para presionar electoralmente a los partidos. ¡Ojalá y la tuviera!, pero no es así. El que diga lo contrario está blofeando. Y la clase política política lo sabe.
Buen ejemplo de la inutilidad de este tipo de chantajes es la movilización en favor del voto en blanco de los pasados comicios federales. ¿Dónde quedó? En ningún lado. La protesta, legítima como fue, no pudo transformarse en un movimiento sino, apenas, en una explosión de malestar sin continuidad. Desapareció una semana después de las elecciones.
Unos días antes del segundo diálogo del Castillo de Chapultepec, Javier Sicilia y un grupo de tuiteros se presentaron en el Congreso para presionar por la aprobación de la reforma electoral. Los medios registraron la iniciativa. El número de asistentes fue muy reducido. Quedó demostrado que una cosa es circular mensajes en las redes sociales y otra convocar ciudadanos a la acción, y que las redes sociales son utilizadas por todo mundo. Nadie representa a los tuiteros. Los políticos profesionales tienen tuiteros contratados para hacer labor en favor suyo en la red. La fuerza de Twitter en la política en México hoy en día está, en parte, en el enigma de quiénes son sus integrantes. Cuando algunos de ellos llaman a la ciudadanía a salir a las calles y su convocatoria fracasa, les sucede lo que a los enmascarados en la lucha libre: una vez descubierto su rostro pierden su magia y su encanto.
Más allá del impulso social que lo anima, el gran mérito del MPJD en el encuentro con el Congreso de la Unión fue aprovechar las contradicciones internas de los partidos en el Congreso. Manlio Fabio Beltrones tiene interés en que la reforma política aprobada por el Senado camine, pero la Cámara de Diputados, controlada por los legisladores afines a Enrique Peña Nieto, se opone. Josefina Vázquez Mota está en plena carrera por la postulación presidencial de su partido. Armando Ríos Piter, el coordinador de los diputados del PRD, que antes de desembarcar en el sol azteca perteneció al PRI y luego al PAN, necesita construirse un capital político propio y apoyar a su candidato Marcelo Ebrard. Todas esas contradicciones fueron adecuadamente utilizadas por el movimiento. Pero no van a durar. Los síes de los legisladores el 28 de julio tienen fecha de caducidad.
En septiembre deberá discutirse el informe presidencial y, más adelante, se tendrá que aprobar el presupuesto para 2012. La sucesión presidencial entrará a una fase definitiva. Personajes claves del actual Congreso estarán ya en otra cosa y en otro lado. El Legislativo podrá aprobar, sin demasiados problemas, algunas de las demandas del movimiento que no cuestionan mayormente la actual guerra contra el narcotráfico, pero lo más probable es que dejará de lado las centrales.
El segundo diálogo del Castillo de Chapultepec permitió dar al movimiento de las víctimas un gran paso adelante. El discurso inicial de Javier Sicilia puso las cartas sobre la mesa y señaló culpables y responsabilidades sin ninguna ambigüedad. Nuevamente, la voz de los afectados sonó fuerte. Sin embargo, todas esas conquistas se empequeñecen con el discurso triunfalista sin sustento de algunos de los dirigentes del movimiento.
El que algunas personas digan haber recuperado la confianza en diputados y senadores no significa, ni mucho menos, que la ciudadanía lo haya hecho. No hay una sola evidencia de que así sea. Y una valoración así no es un asunto de anteojeras ideológicas.
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