Especialistas y políticos consideraron que en las campañas presidenciales rumbo al 1 de julio en México se utilizaron las encuestas como arma política y se reeditaron las llamadas campañas "negras".
En el marco del segundo día del foro "Las encuestas electorales: la experiencia de 2012", organizado por el IFE, se destacó que si bien los sondeos de opinión no influyen directamente en el electorado para cambiar el sentido de su voto sí influyen en las estrategias de las campañas políticas.
Ana Cristina Covarrubias, directora general de la casa encuestadora Covarrubias y Asociados, indicó que en la pasada campaña electoral "se reeditó la campaña negativa de 2006".
Sólo que ahora "con una virulencia mayor y apuntando al núcleo del nuevo discurso del candidato del Movimiento Progresista con la frase: hay personas que nunca cambian, cuando realmente lo que estaba haciendo Andrés Manuel López Obrador era tratar de demostrar que había cambiado", opinó.
Expuso que "en ese momento hubo un cambio estratégico total y toda la comunicación se dirige en ese sentido: la campaña prende entre los electores que lo habían rechazado en 2006 y que en la actualidad se debatían entre tener que aceptarlo con tal de que no regresara el PRI y que tampoco se quedara el PAN, y los resultados ya los sabemos".
Por su parte el director general de la Consultoría Buendía y Asociados, Jorge Buendía Laredo, acusó a los políticos de haber dimensionado de manera elevada la influencia de los ejercicios de opinión en la intención del voto.
"Los políticos lo han visto como propaganda y creen efectivamente que tiene resultados, y sé que esto es muy importante para entender la politización de las encuestas", señaló.
En tanto, en entrevista, el diputado federal Fernando Rodríguez Doval, del PAN, consideró que en el pasado proceso federal electoral la mayoría de las empresas encuestadoras "fracasaron".
A su vez Guadalupe Acosta Naranjo, consejero nacional del PRD y ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, expresó que se requiere regular a las empresas encuestadoras, sin que ello signifique atentar contra el derecho a la libre información.