MonexGateCassez
Ricardo Monreal Avila
(Intro: Cassez y monexgate son dos montajes de una misma ópera bufa, la partidización de la justicia mexicana. Son también la contracara de una tragedia inocultable: la creciente descomposición y putrefacción del sistema mexicano de justicia).
Los casos Cassez y monexgate no sólo quedaron vinculados en el tiempo, al ser resueltos el mismo día, sino ante todo por la forma como hicieron evidente uno de los grandes vicios institucionales de nuestra vida pública: la partidización de la justicia.
La esencia de un montaje es ocultar la realidad o ver “aquello que solo aparentemente corresponde a la verdad” (Real Academia Española). Y la realidad es que detrás del montaje jurídico con el que se resolvieron ambos casos hay todo un entramado político que se pretende ocultar, ignorar o desaparecer de la escena pública.
Caso Cassez: Todo mundo parece olvidar que la liberación de Florence se convirtió en una “Razón de Estado” en Francia, es decir, en un tema que unificó a conservadores, socialistas y liberales. La misma opinión pública está alineada en esa demanda: así como 85% de la población mexicana la considera culpable, para el 92% de los franceses es inocente. Por tal motivo, cualquier acercamiento o fortalecimiento de las relaciones México-Francia pasaba por la liberación de la ciudadana francesa.
Ese fue precisamente el ambiente en el que Peña Nieto llegó a Francia en octubre del año pasado, donde la petición central de la pareja del Eliseo (según las crónicas de la prensa francesa) fue sólo una: liberen a Florence. ¿Quieren nuestras inversiones, nuestro comercio, nuestro reconocimiento y nuestro aplauso? Suelten a Florence. No es necesario haber estado en la conversación privada entre ambos mandatarios para entender que la libertad de Cassez encabezó la lista de los planteamientos de Francois Hollande.
¿Cómo se operó ese “asunto de Estado” en México? De la misma manera que operan los ilusionistas de Eje Central: a la vista y en las narices de todo el mundo. La mira telescópica ha estado puesta en el cambio repentino del voto de la Ministra Olga Sánchez Cordero. Pero ella misma se ha encargado de explicar su giro: “Para mí fue una situación en materia de votación bastante incierta, pero cuando empezaron las intervenciones de los señores ministros, el ministro Zaldívar sostuvo su proyecto con el que yo estuve de acuerdo desde marzo del año pasado (liberación inmediata); el ministro Cossío también sostenía su posición original (amparo para efectos), al que se acercó el ministro Pardo Rebolledo, el ministro presidente, pero cuando el ministro Gutiérrez Ortiz Mena se decide por el proyecto del Ministro Zaldívar en términos muy generales, entonces yo retomo mi posición original de marzo pasado”. Es decir, el voto que inició el cambio de fichas y posiciones fue el del ministro recién incorporado a la SCJN.
Además de una sólida formación profesional, el Ministro Gutiérrez Ortiz Mena tiene dos característica distintivas: es el único de los once ministros que proviene de la administración pública federal, es decir, de la rama ejecutiva del gobierno al que se supone deberá fiscalizar, vigilar y hacer contrapeso; y, de acuerdo a diversas informaciones periodísticas publicadas durante el proceso de selección de noviembre pasado, fue presentado como la propuesta del “PRI y del presidente entrante”. Es decir, nadie mejor que él para hacer sentir en el pleno de la Corte la “razón de Estado” y el sentido de urgencia del Ejecutivo mexicano por liberar a Cassez.
Caso Monexgate: el nombre del Ministro Alfredo Gutiérrez nos conduce también al segundo ejemplo de partidización de la justicia. En su calidad de administrador general del SAT, esta dependencia, al igual que la CNBV y la secretaría de Hacienda, tuvieron obligadamente acceso a la información fiscal, bancaria y financiera que simularon las triangulaciones del Banco Monex en el fondeo de la campaña presidencial del PRI.
A pesar de la reincidencia del PRI-PVEM en la utilización de esquemas de financiamiento ilícito (Pemexgate en el 2000) y de los indicios sobre la utilización de recursos económicos privados, de procedencia desconocida, en el 2012, una mayoría de consejeros decidió no molestar al PRI y al PVEM ni con el pétalo de una multa. En cambio, sí sancionarán a la coalición de la izquierda y a su candidato AMLO, por haber rebasado presuntamente el tope de gastos de campaña en 60 millones de pesos. Ni la burla perdonan. Con esta doble vara para fiscalizar las campañas, el IFE viene a demostrar que se ha convertido en un apéndice del PRI. La independencia y objetividad que gozó en algún momento hoy ha sido sustituida por la impudicia y la sevicia.
Cassez y monexgate son dos montajes de una misma ópera bufa, la partidización de la justicia mexicana. Son también la contracara de una tragedia inocultable: la creciente descomposición y putrefacción del sistema mexicano de justicia.