Se encontró entramado de relaciones con varias empresas por 66 millones de pesos
Exculpa el IFE al PRI en el caso Monex pese a detectar triangulación de recursos
El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, durante la sesión de ayer del organismoFoto Carlos Cisneros
Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
Jueves 24 de enero de 2013, p. 11
Jueves 24 de enero de 2013, p. 11
El Instituto Federal Electoral (IFE) validó el dictamen de la unidad de fiscalización (UF) y exoneró al PRI-PVEM de incurrir en operaciones ilícitas en el financiamiento de su campaña presidencial. Se avaló el documento a pesar de detectar un entramado de relaciones entre el PRI con Alkino y otras empresas mercantiles por un monto de 66 millones de pesos distribuidos por medio de Banca Monex, el cual fue considerado legal.
En medio de fuertes acusaciones de PAN y PRD, que consideraron las operaciones priístas como una coartada para lavar dinero y financiar ilícitamente la campaña priísta, lo que dividió a los consejeros no fue el origen, sino el destino de los recursos.
Validada la legalidad del financiamiento, cuatro consejeros impulsaron una multa por 75 millones de pesos al PRI-PVEM por no acreditar el destino que tuvieron 50 millones de pesos del crédito mencionado en las campañas federales.
Largo debate suscitó esta propuesta, que incluso requirió dos rondas de votación, ya que en primera instancia el consejero Sergio García Ramírez se había abstenido de participar por mantener amistad con algunas personas involucradas en el caso Monex.
Tras un primer empate, se incorporó a la votación –previo aval del resto de consejeros–, con lo que se rompió el empate a favor del PRI, incluido el voto del consejero presidente, Leonardo Valdés, que nunca argumentó por qué validaba la actuación priísta.
En el proyecto se aprobó también dar vista a la Secretaría de Hacienda y a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República sobre presuntas irregularidades en las empresas más allá de lo electoral. La propuesta motivó la ironía de los partidos de izquierda: se pide al ex coordinador de campaña del Peña (Luis Videgaray) que ahora como secretario de Hacienda se investigue, y a Jesús Murillo Karam, quien encabezó la defensa jurídica del PRI en la calificación, también indague.
El panista Rogelio Carbajal cuestionó que el IFE validara una triangulación donde participaron empresas que ni siquiera tenían declaraciones fiscales en 2011.
Estamos ante un financiamiento paralelo del PRI, donde no se puede acreditar el destino del gasto, porque los recursos no emanaron, como dispone la ley, de las cuentas del partido, sino de las empresas. Por eso,
lo que estamos aquí pidiendo encontrar es eventualmente lavado de dinero, porque no sabemos efectivamente cuál fue el origen de los recursos.
Para el representante perredista, Camerino Márquez, el IFE se aprestaba a avalar la estrategia del PRI que involucraba recursos de
dudosa procedenciamediante una triangulación financiera con supuestos contratos con empresas mercantiles que la legislación prohíbe.
Las recriminaciones del PAN y el PRD sobre el origen ilícito del financiamiento (el crédito lo finiquitó el PRI la semana pasada a tasas de interés que reportaron pérdidas a las empresas que fondearon el dinero, según dijeron) no repercutieron en la opinión generalizada de los consejeros, siete de los cuales avalaron la operación crediticia y sólo Macarita Elizondo sugirió presunto financiamiento ilegal, aunque luego votaría contra multar al PRI.
Sería la consejera electoral María Marván la que definiría con mayor contundencia el entramado financiero de Monex:
el análisis del mapa del dinero nos da cuenta de que el dinero estaba en el sistema financiero. Las diligencias de la unidad de fiscalización logra revelar el mapa diseñado. Lo menos que habría que decir es que hay una obra maestra de ingeniería financiera.
Sin embargo, se sumó a los posturas de los consejeros Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova y Benito Nacif, quienes consideraron que el PRI no acreditó el destino del gasto de más de 50 millones de pesos en la campaña federal. Los cuatro consejeros construyeron una propuesta de multar con 150 por ciento del monto involucrado al PRI por esta irregularidad.
Hacer de cuenta que esto es legal estuvo bonito, fue reportado, se pudo aclarar, y no verlo como un financiamiento paralelo, en el que hubo la contratación de un crédito, es, sin lugar a dudas, romper la equidad de la contienda, sentenció Marván.
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