Demanda a la Junta de Conciliación resuelva “a la brevedad” la validez de los comicios.
Los acuerdos fueron adoptados por mayoría, con la excepción del PAN; Nueva Alianza se abstuvo
Enrique Méndez y Roberto Garduño
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría –con excepción del PAN y de Nueva Alianza– exigir al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, “entregar de manera inmediata” la toma de nota a la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezada por Martín Esparza, y a la Junta de Conciliación y Arbitraje “resolver a la brevedad” la validez de los comicios en ese gremio.
Desde la tribuna, diputados de PRI, PRD y PT cuestionaron la estrategia gubernamental hacia el SME, se manifestaron por un respeto irrestricto del derecho de los trabajadores a definir la vida interna del gremio y criticaron la tolerancia con la que el gobierno de Felipe Calderón actúa frente a liderazgos como el de Elba Esther Gordillo en el SNTE.
El tricolor estableció que la Secretaría del Trabajo no puede constituirse “como abogado de una de las partes en conflicto”. Heliodoro Díaz Escárraga sostuvo que, en medio de la crisis económica y la frustración social, el gobierno federal “debiera evitar discusiones y enfrentamientos que sólo contribuyen a la crispación social”. La administración panista, expuso, no debe actuar bajo “falsas premisas de democracia sindical a ultranza, de dirigentes químicamente puros, de corrientes buenas y malas, y el PRI no puede avalar, de ninguna manera, acciones que vulneren los derechos y conquistas de la clase trabajadora”.
Porfirio Muñoz Ledo (PT), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, alertó que Lozano Alarcón pretende hacer caer a los electricistas en una doble trampa: “Negar la toma de nota y congelar los fondos sindicales. Lo que quieren es que el sindicato pierda la paciencia, se vaya a la huelga y requisar la empresa como antecedente para la privatización”.
Se trata, dijo, de buscar “la privatización por la vía del conflicto de intereses y la liquidación de los organismos defensores de la soberanía nacional” como el SME, que “sigue siendo un sindicato revolucionario y símbolo histórico”.
Muñoz Ledo exigió una investigación de la cesión para la operación de fibra óptica a la empresa WL Telecomunicaciones, en un mecanismo “similar al que se ha seguido desde 2000 en la transferencia de contratos de Pemex a parientes y amigos para precipitar la privatización. Fue el caso del secretario de Gobernación que murió trágicamente, (Juan Camilo) Mouriño”.
El PAN cuestionó los que llamó “excesos” de Martín Esparza, y el ex coordinador de asesores de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Gil, atribuyó al sindicato las deficiencias en el servicio y las altas tarifas en la energía eléctrica doméstica.
El punto de acuerdo fue anunciado desde el miércoles por el dirigente de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, al PRI, que lo analizó durante su reunión plenaria. Al principio hubo reticencias sobre el respaldo a Martín Esparza, pero terminó imponiéndose la postura en favor del SME, lo cual resultó en la postura que presentó Díaz Escárraga.
Marcha de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en defensa de su contrato colectivoFoto Carlos Ramos Mamahua
Al defender su propuesta, Hernández Juárez lamentó que Lozano Alarcón “mide a las organizaciones (sindicales) según sean aliadas o contrarias al gobierno, y rige su acción pública por sus preferencias y fobias personales, convirtiéndose en perseguidor de ciertas dirigencias, pero consiente simulaciones y negocios como los contratos de protección”.
El líder de los telefonistas se refirió expresamente a Ramón Gámez Ramírez, zar de ese tipo de contratos para empresas nacionales y trasnacionales que se dedican a la prestación de servicios, laboratorios, importación y exportación, cines, supermercados, almacenes comerciales, petroquímica, construcción y telecomunicaciones, pero que, acusado de abuso sexual contra una menor, hoy está libre.
En el caso del SME, sostuvo, la Secretaría del Trabajo comete un atropello a la ley al no concluir con el trámite de la toma de nota, y ello representa “un nefasto precedente de intervención en la vida sindical”.
Con los votos de Acción Nacional en contra, el exhorto se consideró de urgente y obvia resolución y se abrió el debate. Felipe Cantú (PAN), presidente de la Comisión de Energía, señaló que el papel de la Cámara no debe ser “defender a una facción para ponerla por encima del pueblo”.
El ex alcalde de Monterrey –al que se recuerda por la exhumación de cadáveres en el panteón municipal para dar paso a la ampliación de la avenida Ruiz Cortines– sostuvo que la discusión no debía centrarse en el liderazgo de Esparza, sino “en los excesos, en las duelas de bambú, de las condiciones de lujo que ya quisiera un magnate para un domingo, y que no se despilfarren los impuestos en los gustos exóticos de nadie”.
En contraste, Rodolfo Lara Lagunes (PRD) resaltó el hecho de que al PAN y a los empresarios “les irrite que los trabajadores del SME ganen buenos salarios y se jubilen en condiciones humanas, y quisieran que laboraran 12 horas, como los trabajadores chinos”.
Reprochó que si Lozano Alarcón está preocupado por la legalidad en los sindicatos, en el caso de Elba Esther Gordillo dejó pasar su relección sin haber convocado al congreso respectivo. “Vemos aquí la doble cara, la doble moral, y le exigimos al secretario del Trabajo que cumpla con la ley. Y queremos dejar muy claro: el SME no está solo”.
El punto de acuerdo fue votado por la mayoría opositora, y mientras los panistas rechazaban el exhorto, Reyes Tamez Guerra, coordinador del Panal –partido ligado a Gordillo– se abstuvo… mientras hablaba por teléfono.
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