MEXICO, D.F., 29 de septiembre (apro).- Además de ser señalado como inepto para frenar y esclarecer la matanza de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, el nuevo titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, tiene también en su expediente el estigma de haber encubierto a una banda de asaltabancos.
Al ratificarlo el jueves 24 a propuesta de Felipe Calderón, los senadores dejaron pasar el hecho de que Chávez Chávez, siendo autoridad en Chihuahua, ocultó información para proteger a una banda de delincuentes encabezada por Luis Humberto Prieto Tovalí, que en 1997 fue precandidato del PAN a diputado federal por la capital chihuahuense.
La compañera de fórmula de Prieto Tovalí era Leticia Macías Rodríguez, esposa de Carlos Borruel Baquera, el actual alcalde de Chihuahua, uno de los prospectos para ser candidato al gobierno estatal en 2010 y quien también participó en el encubrimiento de la banda, según una investigación del diario local El Norte.
De acuerdo con ese periódico, que publicó el reportaje en marzo de 1999 bajo la firma de Manuel Aguirre, Prieto Tovalí –ingeniero por el Instituto Tecnológico de Chihuahua– encabezaba una banda de asaltantes y había sido detenido en diciembre 1996 por robo y tentativa de homicidio, pero fue puesto en libertad.
La información al respecto fue ocultada por la Procuraduría de Justicia a cargo de Chávez Chávez, quien fue designado para el cargo por el gobernador Francisco Barrio Terrazas, actual embajador de México en Canadá.
Según policías judiciales citados por el diario, había suficientes datos para capturar a la banda, de la que desde hacía meses se sabía que era liderada por alguien cuya descripción correspondía a Prieto Tovalí.
Inclusive, el 19 de enero de 1996 se publicó al respecto una nota en el diario El Norte: “De acuerdo a la hipótesis, se trata de un grupo subversivo y este hombre podría ser quien adoctrina a los jóvenes integrantes de la banda… cuyas edades fluctúan entre 18 y 25 años de edad. Se trataría de jóvenes idealistas con formación universitaria”.
Fue hasta septiembre de 1997 que Prieto Tovalí, de 35 años, fue capturado después de asaltar una sucursal de Banca Confía en Ciudad Aldama, y al cabo de un enfrentamiento a balazos con agentes de la Policía Judicial estatal, en el que resultó herido.
Tras el asalto, cuyo botín fue de 120 mil pesos, se capturó también a Sergio Núñez, de 25 años, y Arturo Chávez Valdés, de 29, quienes tenían rifles AK-47 y pistolas. Ambos eran profesionistas como Prieto Tovalí, y portaban chalecos antibalas y equipo de radiocomunicación semejante al de la Policía Judicial.
De acuerdo con la ficha de interno de la Penitenciaría del Estado, de la que Proceso tiene copia, Prieto Tovalí nació el 19 de marzo de 1966, se hacía llamar también Sergio Núñez García y fue procesado por el delito federal de portación de arma de fuego exclusiva del Ejército, por el que se le dictó sentencia de siete meses de prisión y multa de 112.50 pesos.
La ficha también destaca: “El día 21 de septiembre de 1997 quedó bajo custodia, internado en el hospital regional a disposición del C. juez segundo de lo penal por los delitos de robo, homicidio en grado de tentativa, disparo de arma de fuego, ataque peligroso y portación ilegal de arma de fuego con relación a la causa penal número 239/97”.
Protección
La captura de la banda se efectuó el 18 de septiembre de 2007, tres meses después de que Prieto Tovalí fue precandidato del PAN a diputado federal, impulsado por la facción identificada con la agrupación ultraderechista de El Yunque.
Sin embargo, la información fue ocultada deliberadamente por decisión de Chávez Chávez, en acuerdo con el administrador de la dependencia, Manuel Soledad Villanueva, Carlos Borruel Vaquera y el vocero en la zona centro, Aurelio Meléndez.
“En una reunión sostenida por varios funcionarios de la procuraduría, se nos dio la orden de no dar a conocer absolutamente nada sobre esa banda de asaltabancos para no entorpecer las investigaciones. Yo no imaginé que se tratara de gente ligada a un sector del PAN”, reveló Hugo Valles Rivas, exvocero de la dependencia, quien confirmó que Chávez Chávez pidió de manera especial que los reporteros de los diferentes medios de comunicación no tuvieran acceso a los datos sobre la captura de la banda de Prieto Tovalí.
Según el exportavoz de la Procuraduría de Justicia, que también fue entrevistado por El Norte, él recibió órdenes precisas de no revelar nada sobre el líder de la banda de asaltabancos:
“Manuel Soledad Villa, el administrador de la procuraduría, y Carlos Borruel nos dejaron muy claro a Aurelio Meléndez y a mí que no podíamos sacar ninguna información al respecto. Yo, como responsable de la oficina de comunicación, atendí la orden como empleado y por la insistencia de que peligrarían las investigaciones si los periódicos publicaban algo.”
Valles aceptó en aquel momento darle a la información el tratamiento que le ordenaron, “pero ahora estoy viendo que pudo haber ahí otros intereses, pues resulta que Prieto Tovalí pertenece a un sector del PAN, de los conocidos como dhiacos”.
El exfuncionario reconoció que Prieto Tovalí y otros funcionarios de la procuraduría estatal eran socios en una empresa proveedora de esa institución, Servicios de Impresión del Norte, S. de R.L.
“Yo no lo relacionaba con funcionarios de la procuraduría, simplemente me llegaban las cotizaciones a la oficina de Comunicación Social y quien las autorizaba para su pago era Manuel Soledad”, explicó.
El Norte aseguró que en el Registro Público de la Propiedad consta que, desde 1995, Prieto Tovalí era accionista de la empresa Servicios de Impresión del Norte, S.de R.L., dedicada a fabricar artículos impresos, y sus socios eran Manuel Soledad Villanueva, administrador de la procuraduría estatal de Justicia, y Manuel Carreón Chávez, secretario general del PAN, identificados estos últimos como miembros de El Yunque.
El periódico El Norte solicitó reiteradamente entrevistas a Chávez Chávez, quien prefirió guardar silencio sobre esta información ampliamente conocida en Chihuahua y que no fue tomada en cuenta por los senadores de todos los grupos parlamentarios para ratificarlo como titular de la PGR.
Su principal impulsor en el Senado fue el también chihuahuense Gustavo Enrique Madero, coordinador de los senadores del PAN, en cuya empresa Electronic Publishing, S.A. de C.V., Chávez Chávez fue secretario del consejo de administración y, como tal, formalizó los contratos multimillonarios que obtuvo del gobierno de Vicente Fox, en los que presuntamente incurrió en tráfico de influencias (Proceso 1690).
Ahora Chávez Chávez promete que, como procurador, se someterá a un examen de honradez: “Todo el personal que integra la PGR, empezando por mí, se debe someter a exámenes de control de confianza muy rigurosos que le garanticen a la sociedad que nuestra responsabilidad va a ser desarrollada por personas honestas y comprometidas con su bienestar”.
Este texto se publicó en la edición 1717 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 27 de septiembre.
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