Carlos Fernández-Vega
La buena nueva es que en octubre la tasa oficial de desempleo abierto en el país se redujo un poco menos de medio punto porcentual, indicio de que alrededor de 220 mil mexicanos lograron colarse al mercado laboral, aunque dos de cada tres lo hicieron en el sector informal de la economía; la mala, que a lo largo del calderonato dicho indicador reporta un incremento cercano a 70 por ciento, de tal suerte que cerca de 2 millones 800 mil paisanos esperan turno para darse de baja en el voluminoso ejército de reserva.
Resulta que el Inegi difundió ayer los Indicadores oportunos de ocupación y empleo correspondientes a octubre de 2009, durante el cual la tasa oficial de desempleo abierto se redujo de 6.41 a 5.94 por ciento de la población económicamente activa, lo que se traduce en que en dicho mes cerca de 220 mil mexicanos lograron emplearse. De ellos, sólo 80 mil fueron registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (6 de cada 10 en empleos eventuales). El resto, a la informalidad.
Qué bueno que esos 220 mil mexicanos lograran colarse al mercado laboral, aunque no lo hicieron con el mayor salario ni en las mejores condiciones. El 64 por ciento de ellos (140 mil) encontró un rincón en la informalidad, sin prestaciones de ninguna naturaleza, certeza jurídica ni garantía de permanencia. El otro 36 por ciento (80 mil personas) fue registrado en el IMSS, pero más de la mitad logró plazas eventuales. El organismo público aporta un dato espeluznante: en octubre pasado, 27.2 por ciento de los mexicanos desocupados no completó los estudios de secundaria; el 72.8 por ciento restante corresponde a los de mayor nivel de instrucción.
La tasa oficial de desempleo abierto en el país pasó de 4.32 por ciento de la PEA en diciembre de 2008 a 5.94 por ciento en el décimo mes de 2009, una diferencia porcentual que equivale a casi 800 mil mexicanos incorporados, adicionalmente, al ejército de reserva en esos 10 meses. Si se considera el periodo octubre 2008-octubre 2009, el indicador de desempleo abierto creció de 4.11 a 5.94 por ciento, con lo que en ese lapso el número de nuevos “reservistas” se aproxima a 900 mil. En las 32 principales ciudades de la República (aquellas con más de 100 mil habitantes), la tasa oficial de desempleo abierto fue de 7.04 por ciento en octubre de 2009, contra 4.86 por ciento un año atrás.
Por lo que toca al subempleo, el Inegi detalla que la población subocupada (la que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas) representó 8.3 por ciento de la población económicamente activa y 8.8 por ciento de la población ocupada. Estas proporciones son más altas que las del mismo mes de un año antes, cuando se ubicaron en 6.4 y 6.7 por ciento, respectivamente. Más hombres que mujeres presentaron “características de subocupación”: 10 y 7 por ciento, en cada caso, de la población ocupada.
Hasta allí el saldo del “presidente del empleo”, no sin recordar que la OCDE estima que el desempleo en México se mantendrá al alza cuando menos el primer semestre de 2010. A partir de entonces podría descender, siempre y cuando la economía nacional registre algún signo vital; es decir, todo lo contrario de lo sucedido en el último año: “un riesgo de baja en la proyección de crecimiento sería igual a un aumento más agudo y prolongado en el índice de desempleo”.
Aun así dice no entender el porqué de tanta crítica: reprobado en resultados económicos, capacidad de reacción frente a la crisis, efectividad y oportunidad de políticas anticíclicas, finanzas públicas, política energética, recaudación fiscal, transparencia y combate a la corrupción, generación de empleo, reducción de la pobreza, bienestar social, y un abultado inventario de etcéteras, el gobierno calderonista se retuerce ante los señalamientos y advertencias de organismos internacionales y de uno que otro premio Nobel de Economía.
Pero no nada más por ellos, porque a esa enorme canasta de fracasos la calificadora Fitch Ratings agregó el tema de la deuda pública, que “rebasa el promedio de países con calificación similar”, de tal suerte que decidió “degradar” su calificación en este renglón, y todo apunta a que otra de las grandes en esta actividad, Standard and Poor’s, seguirá la misma ruta. Así, “degradó las calificaciones de México, dado que la crisis económica y financiera global, así como la caída en la producción petrolera, han acentuado las debilidades en el perfil fiscal del país, incluida la alta dependencia de los ingresos públicos en el petróleo, una estrecha base fiscal no petrolera y una limitada flexibilidad fiscal. Estas debilidades reducen el margen de maniobra fiscal de México ante futuros choques en los ingresos petroleros. La moderada capacidad de México para implementar una sólida política fiscal contracíclica este año (en contraste con lo observado en otros soberanos con calificaciones similares) enfatiza también las debilidades fiscales estructurales subyacentes”.
No sorprende la decisión de Fitch, como tampoco la de uno de los jilgueros del inquilino de Los Pinos, Ernesto Cordero, secretario de Desarrollo Social, a quien de plano no le cae el veinte. Ayer consideró necesario “revisar con mucho cuidado las opiniones que se han vertido; son contribuciones muy importantes, muy valiosas, hay que ver mucho a detalle las consideraciones que hace la calificadora de riesgos ayer donde tiene ciertas consideraciones, ciertas preocupaciones con el déficit presupuestario, el déficit fiscal del país, hay que ser prudentes, tomarlo con calma y seguir actuando con responsabilidad y prudencia como lo ha hecho la Secretaría de Hacienda... se tiene que hacer un análisis de las causas que llevó a Ficth a tomar esa determinación”.
Lo anterior confirma que son el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y los organismos internacionales los que necesitan “leer más sobre México” (Cordero dixit), sino precisamente los que hoy dicen gobernar al país.
Las rebanadas del pastel
Transparencia, ante todo: amafiadas, las bancadas del PRIAN en San Lázaro cancelaron la posibilidad de presentar una controversia constitucional por la extinción de Luz y Fuerza del Centro, mientras en Los Pinos se niegan a fundamentar la legalidad del decreto del pasado 11 de octubre, o lo que es lo mismo, el certificado de defunción de la paraestatal, como exige la juez federal Guillermina Coutiño. Y en la tienda de enfrente, ¡sorpresa! (por si alguien tuviera dudas): la Comisión Federal de Electricidad tampoco tiene las “manos limpias”, y sus cochupos se ventilan en Estados Unidos.
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