En el contexto de un foro organizado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, señaló ayer que es hora de enderezar el rumbo social del país” y llamó a “la comprensión, el apoyo y el trabajo de la sociedad civil” para emprender un combate efectivo a la pobreza, un tema que –afirmó– constituye la “primera prioridad” de la presente administración.
Durante el mismo acto, el titular de la Sedeso, Ernesto Cordero Arroyo, indicó que, como consecuencia de la crisis económica, el número de personas en pobreza extrema en el país ascendió a 18.2 por ciento de la población –el mismo nivel de 2005–, mientras que 47 por ciento de los mexicanos se encuentra actualmente por debajo de la línea de la “pobreza patrimonial”, lo que significa que carecen del ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades mínimas de vivienda, vestido y transporte. A renglón seguido, el funcionario señaló que la reducción de esas carencias en México depende en buena medida de la generación de empleos y del fortalecimiento de la política social.
El pretendido interés del equipo calderonista por las afectaciones que la crisis económica ha causado al conjunto de la población y sus llamados a no ser “autocomplacientes” –como expresó ayer mismo el propio Cordero– ante los exasperantes rezagos sociales que recorren el país colisionan con la indolencia, la inacción y la falta de autocrítica que han caracterizado el quehacer gubernamental en meses y años recientes. Cabe recordar que, ante los primeros indicios de la recesión económica mundial, el calderonismo se dedicó a desestimar las advertencias lanzadas desde distintos sectores de la oposición política, la academia y la iniciativa privada en torno de los riesgos que encerraba el escenario en ciernes, descalificó dichas voces como “catastrofistas” y se empeñó en sostener que el país enfrentaría, a lo sumo, un “catarrito”. En los meses posteriores, el gobierno federal se dedicó a minimizar sistemáticamente los efectos devastadores de la crisis económica, mientras que éstos se expresaban en toda su crudeza en forma de desempleo, carestía, alza de precios, inseguridad, hambre y zozobra generalizada.
Por otra parte, las arengas calderonistas para iniciar un viraje en el rumbo social del país y erradicar la pobreza guardan poca o ninguna relación con algunas de las determinaciones adoptadas por el gobierno federal –como su decisión de echar a la calle a los más de 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y de castigar el consumo de la población con las alzas impositivas recientemente avaladas– y con la aplicación de un modelo económico que propicia la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, multiplica el número de indigentes, cancela la movilidad social, inhibe la reactivación de la economía y el mercado internos y obstaculiza el desempeño del Estado como motor del desarrollo y garante del bienestar colectivo.
Es claro que, sin el sustento de un viraje en lo económico, la concreción de un cambio en lo social como el propuesto por Calderón sería un mero acto de simulación, y que el fortalecimiento de las políticas en ese aspecto al que hizo alusión Cordero no serviría más que como un mero paliativo, en el mejor de los casos.
En suma, los elementos de juicio disponibles ponen de manifiesto una confrontación entre el discurso y la praxis del gobierno federal, que resulta por demás alarmante y riesgosa: en un momento en que lo que se requiere son hechos, no palabras, la propensión a gobernar desde una dimensión meramente formal y discursiva introduce elementos de irritación adicional en el conjunto de la población y resulta, por ello, sumamente riesgosa para la estabilidad política y social del país.
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