Editorial EL UNIVERSAL..

De repente, en una carta publicada en los periódicos el lunes 14 de junio, el presidente Calderón cambió la terminología del conflicto armado que decretó en diciembre de 2006 contra el crimen organizado. Ya no sería la “guerra” contra el narcotráfico, sino la “lucha” por la seguridad. Buena idea. El problema es que el mensaje flaquea de congruencia. En los hechos, miles de mexicanos sufren esta “lucha” como víctimas en una zona de guerra, donde las reglas y las instituciones han dejado de funcionar.
El lenguaje bélico, habían señalado diversos especialistas, implicaba como objetivo la derrota de un enemigo, en vez de la consecución de un anhelo social como seguridad. Es bueno que el gobierno federal lo comprenda ahora, pero si desea convencer a la población de que esta “lucha” sirve de algo, los spots de televisión no serán suficientes.
Igual que en cualquier otra guerra en el mundo, en México las muertes permanecen impunes —95% de los crímenes no es investigado—, se asume que las muertes de civiles son “inevitables”, la actividad económica en las zonas de conflicto agoniza poco a poco, las autoridades quedan desplazadas frente a la fuerza de las armas y las voces opositoras son sospechosas de estar ligadas al enemigo.
Uno de los síntomas más cruentos de esta pugna, también una característica bélica, es el desplazamiento de civiles. Ahuyentados por la violencia deben abandonar sus hogares en busca de seguridad. Pueblos de Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Durango, por ejemplo, sufren este fenómeno. Hoy, en las páginas de este periódico pueden hallarse los testimonios del éxodo obligado.
La población ha padecido este conflicto no sólo en forma de bajas accidentales de un fuego cruzado, sino como objetivo directo de criminales y, peor aún, víctimas del dolo y la negligencia de las autoridades. Niños muertos en retenes, estudiantes confundidos con hampones, procesos penales basados únicamente en el dicho de criminales. ¿Es ésta la única opción para recuperar la seguridad? Si tal es la convicción del gobierno federal no habrá mucho qué discutir en el diálogo propuesto por el presidente Calderón tras la muerte del candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas.
Era urgente frenar la expansión de los cárteles, es cierto. Hay que hacerles frente sin titubeos, nadie lo cuestiona. Nunca debe pactarse con criminales. Son principios irrenunciables, pero para cumplirlos no hace falta una guerra. Instituciones confiables con mandos civiles, operaciones con respeto a los derechos humanos, juicios penales basados en el debido proceso. Mientras todo ello no ocurra, ésta seguirá siendo una cruenta guerra en la que, sin importar el resultado de las batallas, la población saldrá perdiendo.