Dos hechos contundentes. Una mujer de clase media, del pueblo común, agraviada por el asesinato impune de su hija Rubí y asesinada brutalmente a la entrada del Palacio de Gobierno de Chihuahua. Un encumbrado abogado y político, figura central en el partido gobernante, secuestrado durante siete meses por un grupo delincuente que exigió un rescate y aduce motivaciones políticas. Ambos, víctimas de la inseguridad y de la impunidad que, como nunca antes, alcanzan ya las orillas en que el Estado encalla a merced de delincuentes organizados, dentro y fuera de él.
En el epicentro de ambos acontecimientos está el derrumbe de la justicia en México por sus dos lados: la procuración y la impartición.
A Marisela Escobedo la mató la indiferencia y la arrogancia de las autoridades. Especialmente la del nuevo gobernador del estado, César Duarte, que eligió mirar para otro lado en vez de enfrentar la estulticia en que se hundió el caso por la ineficiencia y acaso complicidad del Ministerio Público bajo su responsabilidad.
Repasemos los hechos. El asesino confeso de Rubí fue puesto en libertad porque su confesión no se acompañó de evidencias adicionales que el Ministerio Público ha de presentar para fundar acusaciones, de acuerdo con la nueva ley penal que busca erradicar la tortura en la obtención de confesiones. Con criterio de mosquito, la jueza a cargo ordenó la liberación del acusado. Sucesivas instancias de apelación ratificaron la sentencia hasta que el tribunal de circuito derrotó el criterio y condenó al acusado, que ya se había dado a la fuga. Marisela continuó su exigencia de justicia, montó una protesta en la Plaza Hidalgo, frente a la sede del gobierno del estado, donde fue artera, brutal y, hasta ahora, impunemente asesinada de un tiro en la cabeza. Sospechoso principal: se ignora; sospechosos institucionales: la procuración y la impartición de justicia.
Fernández de Cevallos fue puesto en libertad tras siete meses de secuestro. Su prominencia no bastó, o fue el motivo para que el hecho se mantuviese en el sigilo. El silencio fue de tal proporción que pareció provenir de una ordenanza general. Facilitar la liberación del secuestrado fue la prioridad y así debía ser. Pagado el rescate, según todo indica, y conseguido el aparente objetivo político de los secuestradores, a saber, que la prominencia e impacto del secuestro hiciera llegar sus parcos (y simplificadores) mensajes al público, Diego fue liberado. Hay ahora expectación sobre si denunciará los hechos ante el Ministerio Público, haciendo honor a su palabra de valor, hombría, coraje y compromiso con su ideario político. Sospechoso principal: un grupo armado, por consiguiente delincuencial, con aparentes propósitos políticos; sospechoso institucional: un sistema de justicia que sucumbe a manos de criminales.
El crimen organizado ha adquirido las dimensiones de una fuerza mayor. STRATFOR Global Intelligence reporta un avasallador avance de los ocho principales cárteles de la droga sobre el territorio nacional, y afirma que la violencia experimentada en 2010 se debe a que la política del gobierno contra los cárteles rompió el balance preexistente entre ellos (EL UNIVERSAL, 21-12-10, p. A11). En el mapa que ilustra el reporte, se puede apreciar que controlan dos tercios del territorio y el resto está “en disputa”.
En entrevista a este mismo diario (23-12-10), Edgardo Buscaglia, investigador del ITAM, reporta que el crimen organizado ha avanzado en control territorial, pasando del 34% de los municipios en 2001, al 68% en 2009, es decir, duplicaron el control territorial por unidad municipal en 100%, en menos de una década. En los próximos dos años se estima que el avance llegue al 73%. De acuerdo con el investigador, el pivote de esta penetración son las policías y la infiltración de las campañas políticas por parte de grupos criminales que, según fuentes de inteligencia militar citadas por el académico, alcanzan al 55% o hasta el 65% de las mismas.
Paralelamente, se ha observado una continua indecisión (por no decir obstrucción) de diversos agentes para reformar el Ministerio Público y las policías del país. El año cierra sin reformas que cambien las policías. Suponiendo que la iniciativa de creación de los mandos únicos policiales se apruebe y rinda frutos, estos no se verán sino en el mediano y largo plazos, cuando se haya vuelto a cimentar la seguridad del Estado que dejaron en ruinas los gobiernos del partido hegemónico.
Pero el Ministerio Público y el Poder Judicial se ubican años luz atrás de procurar e impartir la justicia que requiere una democracia. La deuda no se ha cubierto. Nuevos Diegos y Mariselas serán emparejados, ya no por su condición social, sino por la indefensión a la que nos expone el deterioro de la más básica e importante función del Estado: hacer valer la justicia. Serán usados como evidencias por los partidarios de las dictaduras para justificar sus propósitos.