Cuando un alcalde es asesinado las repercusiones se extienden mucho más allá de su muerte. Queda mal herida la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, pues la gente piensa: “¿a quién pedir ayuda cuando nuestra autoridad más próxima está vulnerable y temerosa?”. Ante ello los funcionarios de todos los niveles tienen que mantener un compromiso contra el crimen y fortalecer a los municipios para que sean parte de la solución y no del problema.
Los municipios son, quizá, las principales víctimas del crimen organizado a nivel institucional. A pesar de que en conjunto tienen más policías que los estados y que la Federación, sus corporaciones tienen en su mayoría menos de 100 elementos entre sus filas. Son más numerosos, pero también los más dispersos.
Los presidentes municipales, jefes de todos esos policías, no han podido cambiar la situación. El asesinato de 13 de ellos durante este año —algunos, según las investigaciones, a manos de sus propios policías— demuestra la debilidad de los ayuntamientos.
El alcalde de Santiago, Nuevo León, Bladimiro Montalvo Salas, relata los hechos posteriores al asesinato de su predecesor: “En un periodo de seis a ocho meses mataron a 16 policías, a un guardia municipal, al licenciado Edelmiro (el ex alcalde), y antes de eso la Dirección de Tránsito tiene a cinco o seis elementos desaparecidos. El municipio tuvo que pagar funerales y hospitalizaciones, y eso nos sacó de ritmo forzosamente. Impactó de una manera tremenda”.
Frente a esta realidad los munícipes demandan más presupuesto, en tanto el gobierno federal y varios gobernadores proponen la desaparición de las policías municipales para así crear un mando único policial. Sea cual sea la mejor opción, lo cierto es que cada autoridad en su ámbito y en sus circunstancias actuales podría hacer más con sus herramientas legales y materiales presentes, en favor de la seguridad.
El más reciente informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México pone el dedo en la llaga en cuanto a lo que se necesita mejorar en los municipios: mayor capacidad fiscal, ampliación de responsabilidad en proveer de servicios públicos, eficiencia administrativa y rendición de cuentas. Los municipios no pueden con su propia seguridad por la misma razón por la que carecen de capacidad recaudatoria, de organización de su territorio, de manejo de recursos y de transparencia: les faltan orden y criterios comunes de aplicación de políticas públicas.
Es ahí donde entran el gobierno federal y los gobiernos estatales. Sólo los tres niveles de gobierno, en conjunto, pueden homologar la calidad de la administración pública local. Eso daría más seguridad duradera a los municipios del país.
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