Hace unos días, en la radio, le preguntamos al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, sobre la reforma al sistema de justicia penal que en los próximos años, por obligación constitucional, tendrán que implementar todas las entidades federativas y la Federación misma.
La reforma, en su componente más profundo, da un giro de 180 grados a la manera en que se procura justicia en el país, y aunque en la mercadotecnia de sus entusiastas se haya reducido a los juicios orales, tiene mucho más que ver con una revolución en policías y fiscalías y ministerios públicos, así como en garantías procesales para los acusados y las víctimas.
Marcelo Ebrard hizo el mismo gesto que he visto en los últimos meses en otros gobernadores, jueces, y procuradores. Un gesto que dice no tenemos mucha idea, ahí vamos, no hay lana, y esto es muy complicado. Todo a la vez en un gesto.
En el gobierno federal hay una oficina dedicada a implementar la reforma, con poco presupuesto y menos poder político. Está cerca de no existir por irrelevancia.
El asesinato de Marisela Escobedo en Chihuahua, estado pionero en la implementación del nuevo sistema de justicia, ha atraído las miradas de críticos y apoyadores de la reforma. ¿Fue el nuevo sistema? ¿Fueron los jueces?
Lejos de Chihuahua, transcribo algunas consideraciones de Gustavo de la Rosa, hoy visitador de la Comisión de Derechos Humanos estatal, pero hace muchos años metido en asuntos de derechos humanos y justicia, como los explicó en El Universal:
“El problema fue que dejaron intacto el sistema de procuración de justicia. Se quedaron en sus puestos los mismos policías municipales, los mismos agentes investigadores y los mismos agentes del Ministerio Público. Es decir, se modificó el marco normativo, pero la maquinaria operadora que investiga y acusa sigue igual...”.
Resume lo que pasó con el presunto asesino de la hija de la señora Escobedo: “El tipo confió a un conocido común que él había asesinado a Rubí. Fue detenido e indicó el lugar donde había tirado el cadáver. Los agentes que lo acompañaron no reunieron las evidencias escritas, video grabaciones, declaraciones, constancias de haberle leído sus derechos al imputado, formalidades que el nuevo sistema penal exige, no se reunieron pruebas circunstanciales y tampoco se ampliaron las investigaciones. Marisela presentía algo, sentía que algo estaba mal, y había iniciado marchas solitarias exigiendo justicia para su hija.
“Así, cuando el acusado llegó ante los jueces, simplemente no habló. Y con tan escasos elementos probatorios, los jueces no se atrevieron a enjuiciar a Barraza y fue dejado en libertad”.
Ante los manotazos absurdos del gobernador Duarte que se fue contra los jueces, o el Presidente de la República que insiste en que él los agarra y “otros” los sueltan. Hace el siguiente recuento de lo patético: “Hay 13 fiscales y 22 agentes investigadores en Chihuahua para atender y dar seguimiento a más de 7 mil homicidios. Hay un agente del Ministerio Público federal en turno, y dos detectives de la delincuencia organizada para investigar y procesar a más de 5 mil tipos acuerpados en pandillas. Cuando llegan a detener a algún torvo asesino, no tarda en quedar en libertad”.
Me recordó que en febrero pasado, cuando estuve en Chihuahua, lo primero que te contaban los que saben es que la delegación de la Procuraduría General de la República no tenía ministerios públicos. Nadie quería trabajar ahí.
En los últimos días han salido a la luz terribles estadísticas de cómo en México las muertes ya no merecen siquiera una averiguación previa, ya no digamos una investigación para saber quién mató a quién.
Una eficiente fábrica de impunidad.
A principios de febrero del año que entra se estrenará, por fin en pantallas, el documental más premiado del cine mexicano de los últimos tiempos: Presunto culpable, del que ya hemos hablado en estas páginas.
Es la historia de un juicio en el Distrito Federal, por primera vez filmado. Aquí no hay juicios orales ni sistema acusatorio, y el desastre es monumental: la policía y el Ministerio Público ni investigan, ni arman casos, ni nada.
Esos policías y esos fiscales no sirven en ningún sistema. No sirven para nada. Como lo han comprobado, sin juicios orales, en los varios michoacanazos de este año, incluido que la Reina del Sur es inocente y el Vicentillo no hizo nada.
La lucha por la seguridad está destinada a fracasar sin un sistema de procuración de justicia del siglo XXI. Si no, todo se queda en balas y muertos.
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