Que la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que encabeza el priista Ildefonso Guajardo, reconstruirá totalmente la minuta de la llamada ley antimonopolios que le devolvió el Senado, pues el proyecto sufrió “tanto manoseo” que ahora nadie sabe con certeza el alcance de los cambios aprobados por sus colegisladores.
Que los albergues de la Iglesia que atienden a migrantes llevan dos años pidiendo la protección de las autoridades, ante las amenazas de muerte de grupos criminales y hasta de funcionarios locales. La respuesta ha sido el silencio.
El Episcopado Mexicano ha enviado cartas al presidente Felipe Calderón y a la Secretaría de Gobernación sin que —hasta el momento— haya obtenido una respuesta concreta que garantice la integridad de sus misioneros.
Que la PGR tomó la decisión de manejar “con pinzas” el caso de los 50 migrantes secuestrados en Oaxaca.
El procurador Arturo Chávez no quiere comunicar los avances de la investigación para no poner en peligro a los indocumentados, pues, dicen en la procuraduría, saben de lo que son capaces Los Zetas, sus presuntos captores.
Que a pesar de las sanciones que el secretario de Economía, Bruno Ferrari, anunció contra molineros y tortilleros que suban los precios, este diciembre el kilo aumentó de 10 a 12 pesos en al menos 12 entidades, entre ellas el Edomex y algunas delegaciones del Distrito Federal.
La Cámara Nacional de Productores de Tortillas de Tlaxcala, Veracruz y Puebla considera que el alza es inminente ante el aumento de los insumos, como el combustible, ya que de lo contrario diversos establecimientos quebrarán.
Que Guadalupe Acosta Naranjo tiene complicada la candidatura del PRD a la gubernatura de Nayarit, pues, salvo su corriente (Nueva Izquierda), el resto de los grupos ya manifestó su respaldo a Martha García, esposa del ex gobernador de esa entidad, Antonio Echevarría.
Que será el 8 de enero cuando la Comisión de Seguridad Pública del Senado se reúna con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Juan Miguel Alcántara Soria, para evaluar la estrategia contra el crimen, a cuatro años de su aplicación.
Ahí, dice el panista Felipe González, se revisarán cifras de todos los niveles de gobierno, no sólo el federal, para determinar grados de cumplimiento.
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