Más allá de los desastres que en 2010 causaron y causan los políticos que dicen representar y cuidar los intereses de sus supuestos gobernados, las catástrofes naturales en América Latina afectaron a cerca de 14 millones de personas y arrojaron daños económicos que se aproximaron a 50 mil millones de dólares a lo largo del año que está por concluir, monto por demás considerable dado su impacto negativo en el desarrollo y el brutal efecto en el de por sí enclenque erario regional.
La de cierre de año es fértil temporada de balances de todo tipo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) decidió no excluirse, de tal suerte que divulgó el suyo en materia de Desastres y Desarrollo: el impacto en 2010, en el que subraya, si bien por el monto de los daños y pérdidas y por el número de personas fallecidas, que el impacto es disímil entre los países de la región, pero lo cierto es que Chile, Haití y Brasil resultaron ser los que más sufrieron en la región, aunque los costos económicos fueron considerables en términos absolutos para México, Brasil y Colombia, e incluso para Santa Lucía, en términos relativos por el tamaño de ese país.
El evento más dramático de 2010, evalúa la Cepal, fue sin duda el terremoto en Haití, que afectó a más de millón y medio de personas y causó la muerte de más de 220 mil, desplazó a más un millón 760 mil personas de sus lugares de vida normal y cerca de un millón 300 personas que hasta el día de hoy están en campamentos o refugios temporales con graves riesgos, como se constató con la incidencia de cólera, además de inseguridad alimentaria y carencia de servicios sociales y cobertura de necesidades básicas de agua y saneamiento. El costo económico para este país representó alrededor de 110 por ciento de su producto interno bruto.
A lo largo de 2010 se registraron eventos climáticos extremos, particularmente en el arco continental de la cuenca del Caribe (desde México a Colombia y Venezuela en la cuenca del Caribe) y en la región andina (particularmente en Ecuador y Bolivia), sobrepuestos a una reducida capacidad de las cuencas y ecosistemas frágiles: Laderas inestables y humedales y napas saturadas para poder asimilar el impacto excesivo y repetido de las lluvias y tormentas en la región, es decir, que se suma variabilidad y cambio climático a degradación ambiental para potenciar el riesgo y ocasiona los daños y pérdidas observados. Esta situación de riesgo incrementado –presente en otras regiones en desarrollo, particularmente en el sudeste asiático y en la zona subsahariana de África– ha llevado a la aplicación de la metodología de evaluación de desastres en numerosos casos en el marco de la asociación del sistema de Naciones Unidas con el Banco Mundial y la Unión Europea. Estos eventos han sido paradigmáticos y han definido cambios en la orientación política y deberían llevar a cambiar las políticas de gestión del riesgo mediante instrumentos de adaptación y mitigación, lo cual generaría sinergias con las medidas necesarias para enfrentar los procesos de cambio climático y deberían ser además consistentes y reforzar los objetivos de desarrollo económico y social.
En términos económicos, el mayor costo corresponde a Chile por el terremoto de febrero pasado: alrededor de 30 mil millones de dólares; para Haití la Cepal reconoce una pérdida superior a 7 mil 250 millones; en Guatemala casi mil 600 millones por la erupción del volcán Pacaya, la tormenta tropical Agatha y otras depresiones; en la isla caribeña de Santa Lucía, alrededor de 280 millones, monto representativo del 36 por ciento de su PIB. Para el caso mexicano el organismo regional anota pérdidas por 5 mil 300 millones de dólares, pero no precisa las causas.
De acuerdo con la Cepal, hay evidencia científica creciente que confirma que el cambio climático ha incrementado la intensidad de los ciclones y de las tormentas tropicales principalmente a través de su efecto sobre la elevación de la temperatura atmosférica y de la superficie del mar. Si este comportamiento se agudiza en las próximas décadas, los países de la región y muy particularmente Centroamérica, la región Andina y el Caribe, potencialmente enfrentarán eventos climáticos más devastadores. Este incremento de las amenazas pone de relieve las vulnerabilidades existentes en estas sociedades en los ámbitos social, económico y ambiental, ampliando sustancialmente el riesgo asociado a desastres naturales. Las causas de la mayor intensidad de estos fenómenos tuvieron su origen en procesos de industrialización de los países hoy desarrolladas, y a los que las naciones de nuestra región en su mayor parte han contribuido de manera mínima. Son, sin embargo, como Guatemala, muy amenazados por el propio cambio climático y muy vulnerables debido a insuficiencias en la institucionalidad para recuperar el desarrollo.
En periodos de crecimiento bajo o de crisis económica y reducida capacidad fiscal y de inversión en los países, los requerimientos para la recuperación y reconstrucción posdesastre se han dificultado o han sido postergados, y en términos generales han sido siempre incompletos y sin incorporar medidas necesarias para compensar las amenazas sufridas. La gestión del riesgo frente a las amenazas de eventos naturales, por tanto, ha sido por décadas insuficiente. Al sumarse a ello la tendencia de las amenazas a multiplicarse, hacerse más frecuentes y severas, las consecuencias económicas, sociales y ambientales se han elevado notoriamente. En términos cuantitativos el efecto acumulativo es realmente muy severo. De otra parte la heterogeneidad regional queda en evidencia al medir el impacto de los desastres en las distintas subregiones de América Latina y el Caribe evidenciando, en general, consecuencias más severas en las subregiones con países de menor tamaño, menor desarrollo relativo, mayor dependencia del medio ambiente para su producción y menor diversificación y tecnificación de la misma”. Por ello, desde el punto de vista nacional, los planes de desarrollo deben incluir como uno de los pilares fundamentales la gestión de riesgo para reducir la exposición tanto del capital físico y humano y hacer más fácil la recuperación a estos países.
Las rebanadas del pastel
Según el Banco de México, la inflación en la primera quincena de diciembre fue de 0.19 por ciento (la más baja desde 2004 para un periodo igual) y de sólo 0.12 por ciento en la canasta básica. ¿El doctor catarrito sería tan amable de indicar al respetable en qué planeta checa el movimiento de los precios?
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