Wikileaks en La Jornada
Imagen tomada de un video oficialFoto Luis Humberto González
Blanche Petrich
Periódico La Jornada
Martes 14 de junio de 2011, p. 2
La ciudad fronteriza de Matamoros resultó resumir lo peor de lo peor, incluso comparado con lo que ocurría en Ciudad Juárez y Tijuana en octubre de 2009, en términos de la falta de coordinación entre policías y militares para combatir al narcotráfico. Es la opinión del ex embajador Carlos Pascual, según expresa en un cable confidencial y vedado para extranjeros (clasificado como noforn con el número de identificación 09MEXICO3018), que integra el paquete de despachos diplomáticos entregados por Wikileaks a La Jornada.
Recién desempacado en México, el diplomático se embarcó en un recorrido por las ciudades de la frontera norte, donde el gobierno de Estados Unidos planeaba intervenir a fondo para obtener algunos éxitos inobjetables en la batalla contra los poderosos cárteles asentados en estas regiones. Tijuana y Juárez fueron sus primeras paradas. Matamoros fue la tercera.
En este despacho con fecha 19 de octubre de 2009, Pascual reprueba sin atenuantes la actuación de las corporaciones mexicanas en Tamaulipas, incluido el Ejército. En las condiciones imperantes en la frontera del noreste, asegura, esta lucha (contra el crimen organizado) es insostenible.
Después de reunirse e interrogar a un general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a un vicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar), al procurador estatal, al alcalde y a otros funcionarios, Pascual describe así la situación: El rendimiento de las fuerzas de seguridad es muy bajo. No generan información de inteligencia útil; no existe ninguna coordinación entre las diferentes agencias de seguridad, no patrullan en forma conjunta y, si lo hacen, no actúan de manera efectiva. No logran consignar a los delincuentes.
Agrega: No desarrollan medidas para proteger a la población ni para impedir que los ciudadanos se integren a las organizaciones del narcotráfico.
Sobre todo, los emisarios de Washington descubren que la llamada Operación Conjunta Noroeste (que abarca Nuevo León y Tamaulipas, involucra a más de tres mil militares y policías y actualmente sigue vigente) en realidad no tiene nada de conjunta. Los funcionarios civiles del estado con quienes se entrevistó Pascual describieron su relación con el gobierno federal como de muy bajo perfil.
En cuanto al sistema judicial y la capacidad de las autoridades de procesar delincuentes, el cable dice: Las fuerzas de seguridad rara vez logran integrar una escena del crimen. Una abrumadora mayoría de detenidos jamás llega ante un tribunal. El Ejército se limita a actuar en la escena del crimen. Las policías municipal y estatal no intervienen en estos casos porque el narcotráfico corresponde al ámbito judicial federal. Ante este panorama, según Pascual, un delincuente detenido en Tamaulipas tiene las siguientes opciones: O bien muere en un enfrentamiento, o confiesa en los interrogatorios militares o sale libre. Sin la posibilidad de que (los criminales) sean consignados y sentenciados, esta lucha es, al final de cuentas, insostenible.
Tres meses después de este encuentro (24 de enero 2010), el mismo Pascual redactaría el demoledor informe secreto, preparatorio para la reunión de alto nivel del Grupo de Trabajo de Defensa Bilateral, dirigido al general Paul Stockton, secretario adjunto de la Defensa para la seguridad interna y asuntos de las Américas. En este texto el embajador calificaba al Ejército mexicano de incapaz de enfrentar a las sofisticadas organizaciones del narcotráfico, hablaba de su aversión al riesgo, de los problemas de militares con el respeto a los derechos humanos de los civiles y de las profundas rivalidades dentro del equipo de seguridad del presidente Felipe Calderón.
Fuera del plan maestro
A final de cuentas, Tijuana y Juárez se convertirían en objetivos del plan maestro de Pascual, que tuvo como objetivo central hacer a un lado a la Sedena, comandada por el general Guillermo Galván Galván, y sustituir a los militares por policías federales. Pero Matamoros, y en general Tamaulipas (que comparte 15 cruces fronterizos con Estados Unidos, además de las aguas del Golfo de México), quedó fuera de la reingeniería en la estrategia estadunidense que Pascual vino a aplicar, con poca fortuna.
El mensaje al general Stockton, que una vez hecho público por Wikileaks fue recibido como una ofensa en las fuerzas armadas y en Los Pinos, fue una de las piedras con las que tropezaría Pascual en su misión mexicana y lo orillaría a renunciar al cargo en marzo de 2011, apenas 18 meses después de su llegada.
No fue el único cable incómodo para la Sedena. Este documento sobre Tamaulipas informa en particular sobre lo ocurrido durante una comida de trabajo que tuvo el embajador el 24 de septiembre de 2009 en Matamoros con autoridades de los tres niveles –municipales, estatales y federales–, altos mandos de la Sedena y de la Semar, y funcionarios de la embajada y el consulado en la ciudad al sur de Brownsville.
Los comensales eran, además de Pascual, el cónsul general Michael Barkin, el consejero de seguridad del consulado Michael Flynn y el ministro consejero John Feeley. Por Tamaulipas estaban: el ex alcalde de Matamoros Erick Silva, el ex procurador del estado general Jaime Rodríguez Inurrigarro, el comandante del sector naval militar vicealmirante Daniel Bozada y el general J.A. Sánchez (no se especifica su cargo).
Según el reporte enviado por Pascual a sus superiores en Washington, en esa convulsionada región la Sedena, la Semar y la Policía Federal no operan de manera coordinada ni conjunta –ni siquiera porque el nombre oficial de la campaña se llama Operativo Conjunto del Noreste–, sino de manera independiente, según las explicaciones que le dio al embajador el militar que representó a la Defensa en el encuentro.
Arrollador poder del narco
El general brigadier diplomado de Estado Mayor J. A. Sánchez, citado textualmente por Pascual, admitió que eventualmente las instituciones militares y policiacas se prestan servicios mutuos en caso de emergencia, pero no existe una coordinación día con día. El militar le aseguró a Pascual que Matamoros no es un frente de guerra y que los gánsters que operan en esa zona evitan confrontar a las autoridades, aunque –reconoció– sí están bien armados. (Gánsters es el término que usa el militar para nombrar al cártel del Golfo y a Los Zetas, que ya para entonces dominaban parte de Nuevo León y Durango, influían en muchos otros estados y extendían sus tentáculos hasta Centroamérica. Por su influencia y sus ramificaciones, los especialistas ya ni siquiera los denominan cárteles, sino organizaciones criminales transnacionales o TCO, por sus siglas en inglés.
Según le informaron al embajador, la base militar en Matamoros contaba con apenas 100 hombres. En caso de requerirlo, podría recibir refuerzos hasta de 300 soldados procedentes de los cuarteles cercanos en un plazo de una hora. Las instalaciones de la Fuerza Aérea más cercanas están en Reynosa. Por otra parte, seguridad pública municipal contaba con 615 policías, cuya función –le explicaron al embajador– se limitaba a mantener el orden, no involucrarse en la lucha contra el narcotráfico.
Este documento, que describe un entorno de instituciones judiciales y militares debilitado y dividido, lleva fecha 19 de octubre de 2009. Pero el gobierno de Estados Unidos se había involucrado a fondo en el submundo de los cárteles tamaulipecos y participaba en las estrategias contra la delincuencia organizada desde décadas atrás.
Juan García Ábrego, uno de los artífices del enorme crecimiento del cártel del Golfo (CDG), fue el primer delincuente en figurar en las listas de los más buscados por la FBI. Nacido en Matamoros y poseedor de doble nacionalidad, fue capturado y extraditado a Estados Unidos en 1995. Osiel Cárdenas, también matamorense, fue su sucesor como capo del CDG. Se le atribuye la alianza con Los Zetas, que inicialmente fueron el brazo armado de la organización, integrado por desertores del Ejército, muchos de ellos de la unidad de elite Grupo Aereomóvil de Fuerzas Especiales (Gafe). Capturado en 2003 y extraditado a Estados Unidos, purga una condena reducida a cambio de información.
En las listas de los más buscados de la DEA y la FBI figuran –con una promesa de millonaria recompensa por cada uno– cerca de 30 miembros de estas bandas, encabezadas por el capo actual del cártel del Golfo, Heriberto Lazcano El Lazca, ex jefe de sicarios de ese grupo, quien asumió el mando en 2008, y el jefe de Los Zetas, Jorge Enrique Costilla, El Coss. Ambos son desertores del Ejército y acérrimos enemigos.
Bajo el mando de El Lazca, Los Zetas rompen con el Golfo y construyen un cártel propio que reta el poderío de los jefes matamorenses. La ruptura desata una violenta guerra entre bandas que estalla justo en los días de la visita de Pascual a la frontera y que persiste hasta hoy.
Para la fecha en que Pascual llega a Matamoros, las señales de esa conflagración en vías de estallar estaban a la vista. Incluso en la prensa. Un reportaje de Gustavo Castillo publicado en La Jornada en marzo de 2009 cita informes de inteligencia que indican que la banda del Golfo había penetrado y participaba económicamente en 43 por ciento de los procesos productivos de la región. No sólo tenían ramificaciones en la extorsión y la prostitución, sino que –según el mismo trabajo periodístico– habían absorbido al menos a 14 de las organizaciones de traficantes de migrantes (polleros) que dominaban la productiva ruta hacia el sureste texano.
Dos años después, las listas de miles de viajeros desaparecidos y los hallazgos de casi 50 fosas con centenares de cadáveres, muchos de ellos de migrantes, hablan del horror que esto significó.
Ese año el cártel del Golfo empezó a perder el control de parte de la zona conocida como la Frontera Chica y hacia el sur, ante la violenta expansión de Los Zetas. Poblados como Ciudad Mier, Miguel Alemán, Camargo, Valle Hermoso y Nueva Ciudad Guerrero se convirtieron en cotos de caza de las organizaciones rivales. Impera el terror. Y el silencio. De lo que pasa en esa extensa y estratégica zona nadie habla: ni los reportes de los estrategas de seguridad de Calderón ni los medios de comunicación (que no descubrieron la historia hasta noviembre de 2010).
Tampoco se habla de esto en los cables diplomáticos de los tres consulados que Estados Unidos tiene en Tamaulipas (Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa). Los despachos de los cónsules y el embajador nunca revelan lo que saben de lo que ocurrió en ese periodo, a pesar de que Ciudad Mier, situada a la entrada de la cuenca de Burgos y su riqueza de yacimientos de gas, comprometía las fuertes inversiones de la región de poderosas empresas estadunidenses, como Halliburton.
Por lo que ahora se sabe, en esos pueblos aparecieron Los Zetas desde 2009 (cuando Pascual visitó por primera vez el estado), arrollando todo indicio de civilidad. Con ellos, gradualmente fueron desapareciendo los policías (ejecutados), las autoridades (escondidas), los médicos, los maestros, los niños y el resto de la población, despojados de sus ranchos, sus casas, desplazados por el conflicto. Los militares no rinden cuentas de lo ocurrido.
En febrero de 2010 el cártel del Golfo, ahora aliado en la Nueva Federación con los cárteles de Juárez, el Pacífico y La Familia Michoacana, se lanza por la reconquista de sus bastiones perdidos. Mier queda justo en la frontera entre los dos grupos.
El 6 de abril de 2010, en la carretera conocida como La Ribereña, militares de un retén dispararon contra una camioneta que viajaba hacia la playa de Matamoros. Dentro viajaban siete niños. Dos, Martín y Bryan Almanza Salazar, de nueve y cinco años de edad, resultaron muertos. Dos adultos, el padre y un tío, heridos. El Ejército encubrió la acción de los soldados. El tema no figura en ninguno de los cables del paquete de Wikileaks.
Este incidente es apenas uno entre muchos hechos que enlutaron a miles de familias de la región.
El 24 agosto de 2010 un joven ecuatoriano que viajaba hacia Estados Unidos llegó malherido a una base de la Marina cerca de San Fernando (a medio camino entre Ciudad Victoria y Matamoros) y alertó a los marinos sobre una masacre recién ocurrida. En un rancho abandonado fueron encontradas 72 personas asesinadas, muchas con el tiro de gracia. La mayoría eran migrantes de Centro y Sudamérica. Los Zetas los habían interceptado en el camino. El testimonio del sobreviviente evitó que la matanza se presentara como un ajuste de narcos.
Las primeras indagaciones sobre esta tragedia revelaron un drama mucho más profundo que venía ocurriendo desde tiempo atrás sin que el gobierno lo abordara. Pese al alto número de desaparecidos, a la fecha no se sabe cuántos viajeros, migrantes y lugareños corrieron esa misma suerte.
En marzo de este año fueron encontradas nuevas fosas, ya no sólo en Tamaulipas, sino también en Durango, y más cuerpos. Hasta el 8 de junio, la Procuraduría General de la República informó que se han descubierto 47 fosas y rescatado los restos de 429 personas en los dos estados. De las víctimas, sólo han sido identificadas 14.
Sólo entonces (19 de abril) el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Ubaldo Tinoco Ayala, presentó su renuncia, sin rendir cuentas de nada. Es un general brigadier del Estado Mayor que antes había sido, entre muchos otros cargos, jefe de estado mayor de la entonces Policía Federal Preventiva y jefe de la policía estatal de Michoacán. Los tres mil soldados enviados al estado en el contexto del Operativo Conjunto Noreste estuvieron bajo su mando. Fue sustituido por un ex militar, Rafael Lomelí Martínez. Su renuncia apenas mereció una escueta nota de prensa.
El drama de Mier y sus alrededores salta a la opinión pública en noviembre de 2010, ocho meses después del estallido de la guerra entre el cártel del Golfo y Los Zetas. Ante el escándalo mediático, finalmente aparece el Ejército, se militariza la zona, las cámaras de las televisoras recorren la ciudad fantasma con sus reporteros empotrados en las columnas militares, al mejor estilo de los periodistas incrustados en las tropas de ocupación en Irak. Después, los camiones verde olivo y sus hombres bien pertrechados vuelven a desaparecer.
Sí, la situación en Tamaulipas resultó ser lo peor de lo peor, the worst of the worst, como anticipó Pascual.
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