CURIOSO, CURIOSO, COMO SE PARECE A ZEDILLO.
Comparecencia del secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la UniónFoto María Meléndrez Parada
Cosas de su infancia en su natal Apatzingán, tal vez, pero el hecho es que a Salvador Vega Casillas, titular de la Secretaría calderonista de la Función Pública, desde niño le fascinó la canción yo tenía diez perritos. Pasó el tiempo, lo designaron en dicha posición político-administrativa (como sucesor del inefable Germán Martínez), y nunca perdió el gusto por aquella balada, aunque el panista sí le aplicó algunas variantes. Por ejemplo, en el obsceno caso del Arco del Bicentenario (o Estela de Luz, si se prefiere), el ex coordinador operativo de la campaña electoral del tal Jelipe, ahora canta que de los diez presuntos implicados en el trasiego y/o desvío de recursos públicos, incumplimiento de contrato, violación de las normas de licitación, asalto al erario y tantos otros desfalcos asociados al monumento conmemorativo, ahora, según él, sólo le quedó uno.
En juego –oficialmente– mil 223 millones de pesos (tres veces por arriba de lo originalmente presupuestado) propiedad de los mexicanos, nueve de los diez presuntos (una tristemente célebre cuan inhabilitada empresa privada y nueve entidades del gobierno calderonista, dos de ellas con todo y precandidato al 2012) involucrados en una serie de tropelías asociadas a este tenebroso caso de corrupción quedaron exonerados de facto por el sagaz secretario Vega Casillas, quien asegura que sólo la empresa paraestatal III Servicios es responsable de irregularidades en la construcción del Arco del Bicentenario, según explicó a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso, durante su comparecencia de ayer, a quienes informó etéreamente sobre una supuesta denuncia penal contra cuatro servidores o ex servidores públicos de esta empresa, pues la dependencia federal consideró que se acreditan conductas tipificadas en el Código Penal Federal.
En el trasiego y/o desvío de dichos dineros, y demás violaciones a la ley, metieron la mano tres secretarías del Ejecutivo (SHCP, SEP y la que encabeza el propio Vega Casillas); una empresa privada (GUTSA, cliente VIP del Fobaproa, que fue inhabilitada por la SFP para realizar negocios con el gobierno federal, pero que de todas formas se quedó con el contrato de la Estela de Luz); el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM); el famosísimo Turissste (¡Elba, allí te hablan!); la kilométricamente denominada Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana (creada, vía decreto, el 16 de junio de 2006, con las firmas de Vicente Fox y monseñor Carlos Abascal, y que cesó sus funciones el pasado 31 de diciembre); el Consejo Asesor de la propia Comisión; el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito), y la empresa paraestatal III Servicios, filial de Petróleos Mexicanos.
Diez en total, pero para el vertiginoso titular de la Secretaría de la Función Pública sólo la empresa paraestatal citada al cierre del párrafo anterior se sacó la rifa bicentenaria del chivo expiatorio, y dentro de ella sólo tres tristes funcionarios obtuvieron boleto: el director general, y los directores de administración y finanzas y el de jurídico, a quienes se les aplican acciones sancionatorias. Y ya que divulgó la información, antes de que la autoridad judicial proceda, Salvador Vega Casillas podrá seguir cantando su balada favorita: y el presunto implicado que me quedaba un día se marchó al campo, y de los diez ya no me queda ninguno.
El 29 de enero de 2010, la inhabilitada empresa privada GUTSA, que preside el empresario de negro historial Juan Diego Gutiérrez Cortina, firmó contrato (número IIISEST-COP-005-10, que no obtuvo por licitación) con la paraestatal III Servicios, con objeto de proceder a la “construcción del espacio conmemorativo y monumento Estela de Luz. Para tal fin, el monto total autorizado fue de 398.92 millones de pesos, y el 21 de agosto de 2010 fue la fecha oficial que se fijó para la terminación de la obra (por cierto, el área de III Servicios que firmó el contrato fue la Gerencia de Estudios, Proyectos y Construcción, cuyo responsable no aparece en la relatoría de Vega Casillas). Un año después, con un presupuesto tres veces mayor al originalmente autorizado, GUTSA informa que el avance de la obra es de apenas 53 por ciento, lo que ameritaría severas sanciones económicas del gobierno federal y la inhabilitación plena del consorcio privado. Pero qué más da. Total, son dineros de los mexicanos.
En fin, sólo una entidad de diez involucradas. Por ello es sano recordar lo detectado por la Auditoría Superior de la Federación. La memoria ayuda: “se detectaron un cúmulo de irregularidades cuya responsabilidad es atribuible en términos generales, y respecto de la muestra auditada, a la Secretaría de la Función Pública, al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, porque no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables a la gestión financiera del Fideicomiso del Bicentenario… Desde 2009 se detectaron diversas irregularidades en la operación del citado fideicomiso, además de que existió inobservancia de la ley en los procesos de adjudicación y de subcontratación, y se formalizaron contratos sin definir características específicas de los bienes o servicios, por lo cual se consideró necesario realizar una auditoría…
Se constató que Turissste, antes de contratar a la empresa que realizaría la construcción del Monumento Bicentenario Estela de Luz, erogó recursos por 31 millones 205 mil 200 pesos, por diversos conceptos innecesarios y que no se ajustaron a los criterios de economía, racionalidad y austeridad. Turissste subcontrató el 100 por ciento de los servicios con otras empresas; además, en nueve de los 11 contratos se observó que antes de la aprobación por parte del comité técnico del fideicomiso, ya se tenía contemplada la contratación por medio de esa entidad y ésta, a su vez, con otras empresas; las contrataciones se realizaron para eludir los procedimientos de contratación establecidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sin que se aseguraran al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Y desde 2009 la ASF notificó a la Secretaría de la Función Pública, pero de los diez sólo le quedó uno, con ganas de desaparecer.
Las rebanadas del pastel
La clásica dice que a los funcionarios priístas no los podían meter a la cárcel, porque los acusaban de ladrones, no de pendejos. En el caso de los funcionarios panistas parece que sí se puede proceder, pues las dos causales son aplicables.
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