Por medio de Herminio Blanco, quien hizo carrera durante la implantación del Tratado de Libre Comercio, Ernesto Zedillo encomendó a la mafia la tarea de levantar un registro de vehículos automotores del país. En efecto, Ricardo Miguel Cavallo, director de la concesionaria Talsud, no sólo resultó terrorista, genocida y torturador, sino también anduvo involucrado en el robo de automóviles y en su comercialización. Hoy, en su país de origen, Cavallo cumple condena a prisión perpetua, en tanto que Blanco dirige una cosa llamada IQOM, Inteligencia Comercial, y se desempeña como integrante de consejos de bancos y de comités y cámaras de negocios. Cuando se divulgó el pasado de Cavallo, en las postrimerías del zedillato, Herminio Blanco, en vez de firmar su renuncia, se lanzó, con la insolencia característica de ciertos priístas, contra los periodistas que habían descubierto que el honorable empresario de Talsud era en realidad un militar asesino y un ratero de coches y los acusó de estar al servicio de grandes intereses. Ahí tienen, más de 20 años después, a Pedro Joaquín Coldwell, pidiendo que se investigue a los estudiantes que el viernes pasado repudiaron a Peña Nieto en la Ibero, en vez de investigar, él, los motivos por los cuales el candidato de su partido es infumable para grandes sectores de jóvenes conscientes e informados.
Sabrá Dios si algunos o muchos de los datos del Renave llegaron a compinches de Cavallo en el negocio del robo de autos. Oficialmente, el saldo más trágico del episodio fue el suicidio de Raúl Ramos Tercero –entonces subsecretario de Normatividad y responsable directo de la concesión del Renave–, quien el 6 de septiembre de 2000 se fue a La Marquesa, estacionó el coche y se cortó las venas.
Por ese entonces, el país estaba embobado con lo que parecía el inicio de una transición democrática y la inminente y novedosa transmisión de poderes de un priísta a un panista y no hubo energía social para investigar a fondo la inmunda concesión de una base de datos monumental y estratégica a una empresa privada que, para colmo, era propiedad de un criminal. Tampoco se conoció nunca la cantidad de dinero público que fue a engordar los bolsillos de Cavallo antes de que a éste le echaran el guante, en Cancún, para cumplir con una orden de a prehensión girada por el juez Garzón, y lo enviaran a una gira internacional de extradiciones.
Ya en plena usurpación presidencial calderonista otros genios tuvieron la idea de crear un registro nacional de teléfonos celulares, supuestamente para evitar o investigar secuestros y extorsiones en cuya perpetración se empleaba aparatos móviles: el Renaut. La aplicación del proyecto no sirvió de nada porque el trámite de registro había sido diseñado de manera tonta, si no es que facilitadora y cómplice. En las agencias de Telcel, Iusacell, Nextel y demás, se exigía identificación oficial como requisito para contratar una línea de celular, pero a nadie se le ocurrió hacer otro tanto en las ventas a mayoreo de chips (sims) telefónicos. Siempre fue posible comprar, en cualquier puesto informal, números de celular a nombre de Norberto Rivera, Carlos Slim o Felipe Calderón, insertar el sim correspondiente en un aparato, y luego dar de alta la línea con los datos de la CURP de cada uno de esos ciudadanos –o de otros–, tomados libremente de Internet.
Hoy, en un ambiente finisexenal, el Renaut repite la historia del Renave, aunque sin los componentes truculentos –hasta ahora– de aquel enjuage: la base de datos no sirvió para maldita la cosa y ahora la preocupación básica consiste en destruir toda esa información para impedir que llegue a manos de delincuentes o, cuando menos, de aquellos a los que merecen esa clasificación por parte del gobierno. El propósito es incierto, habida cuenta que, cuando la delincuencia organizada se lo propone, es capaz de conseguir hasta el expediente médico del sedicente constitucional, como supimos gracias a uno de los cables que Wikileaks entregó a La Jornada. El propio Calderón ha confesado, además, la verosimilitud de que policías vendidos al crimen sean los que contesten las llamadas de denuncia en las líneas telefónicas instaladas para tal efecto. No se extrañen si un día de éstos les ofrecen en Tepito memorias USB con la información del Renaut en un archivo de Excel. Ah, pero cómo se preocupa por nuestra seguridad el hombre de las manos limpias.
¿Y el dispendio? ¿Y la malversación? ¿Y los millonarios súbitos de esta otra disposición malograda? ¿Olvidaremos reclamar la información correspondiente?
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