RicardoMonrealDeudaPublica
La deuda pública del Estado mexicano, es decir, de los tres órdenes de gobierno y de los organismos públicos descentralizados, ascendió a finales del año pasado a 5.5 billones de pesos, de acuerdo a informes de Hacienda y de la ASF.
De ese monto, a estados y municipios corresponde únicamente 410 mil millones de pesos, es decir, el 7.5%. Sin embargo, la fama de irresponsables, de adictos a la deuda y de un peligro para las finanzas públicas la tienen los estados y municipios, y no la Federación.
La piramidación que se observa en la composición global de la deuda pública, se repite a su vez en los llamados “gobiernos subnacionales”: los gobiernos estatales han contratado el 89% de esos 410 mmdp, mientras que los municipios solamente el 11% (45 mmdp hasta la primera mitad del año pasado).
Y dentro del nivel municipal, la deuda pública a su vez experimenta otra distribución singular: el 65% de la deuda municipal se concentra en 40 ayuntamientos del país, mientras que el 35% restante se diluye entre las restantes 2 mil 370 alcaldías del país. Muchas de ellas, por cierto, operan con cero deuda, pero no por poseer finanzas sanas o por estar en jauja, sino porque no califican para ser sujetos de crédito.
El tema de la deuda pública de los tres órdenes de gobierno exhibe de cuerpo entero el tipo de federalismo que tenemos: descentralizado en las formas administrativas y políticas; hipercentralizado en las facultades económicas, fiscales y hacendarias.
El gobierno federal está poniendo el dedo en la llaga de la deuda de estados y municipios, por la posibilidad de un riesgo sistémico futuro. Y por ello prepara una iniciativa de ley que contempla topes de endeudamiento, transparencia en sus montos y contrataciones, régimen de sanciones para el desvío de recursos y mecanismos de control para la banca comercial.
Sin embargo, antes de estrenar una nueva vara para transparentar y controlar la deuda de los gobiernos subnacionales, el gobierno federal deberá aplicarse a sí mismo esos criterios. En efecto, si estados y municipios son un peligro futuro, la deuda del gobierno federal ya es una bomba de tiempo presente.
Si bien los poco más de 5 billones de pesos que adeuda únicamente el gobierno federal no son todavía un fardo para la economía (representan el 32% del PIB y no el 100% o más como sucede en Estados Unidos, España, Italia o Grecia), sí reporta un comportamiento tan alarmante como el de estados y municipios. Por ejemplo, la mitad se contrató en los últimos seis años (durante la administración de Felipe Calderón), no se destinó a infraestructura productiva, los términos de contratación no han sido transparentes y buena parte de ella (tres de cuatro pesos) se destinó a refinanciar pasivos o al gasto corriente.
Es decir, con los mismos argumentos que el comal de la Federación advierte a la olla de estados y municipios sobre los riesgos de una deuda descontrolada, éstos le pueden revirar a aquélla.
Si la deuda pública federal, 90 por ciento más pesada que la deuda de estados y municipios, no representa un riesgo estructural, ¿por qué la deuda subnacional está bajo la lupa? Por una estrategia con trasfondo político: por un lado, presionar a los gobiernos locales a que ordenen y reestructuren sus finanzas; por el otro, que apoyen y se alineen del lado de una reforma fiscal que les permita tener acceso a recursos frescos y nuevos.
“A ver ustedes, señores legisladores, gobernadores y alcaldes: ¿Quieren más recursos para sus estados y municipios? Sí? Pues bien, sólo hay un camino: apoyar y empujar una nueva reforma fiscal, ya que operaciones de rescate tipo Fobaproa son imposibles. ¿Quieren más presupuesto, pero no cobrar ustedes nuevos impuestos? Pues compartan con la Federación el costo político de la próxima reforma fiscal”. Votos por presupuesto. Apoyos políticos por ingresos fiscales. Esa es la trama de las muchas iniciativas que habremos de escuchar a medida que se acerque la presentación de una nueva reforma en la materia.
El gobierno federal está presionado fiscalmente para fondear su programa de compromisos de campaña y el mismo Pacto por México, cuya viabilidad depende en gran medida de nuevos recursos fiscales. Tan sólo uno de esos ofrecimientos, la seguridad social universal, involucra alrededor de 900 mmdp. ¿De dónde saldrán? Esencialmente de dos fuentes: de la privatización de Pemex y de una reforma fiscal confiscatoria del bolsillo de los mexicanos y de las pequeñas y medianas empresas, ya que la otra fuente tradicional de financiamiento del gobierno mexicano, la deuda pública, está restringida y vigilada.
Es así como el comal y la olla buscarán sacar adelante las reformas fiscal y energética, con cargo a la mesa y al bolsillo de los contribuyentes y de las pequeñas y medianas empresas, nunca con cargo a sus propias finanzas.