Comparto con ustedes mis preocupaciones sobre el avance de la militarización en México, tomando como base al estado de Baja California, combinando el Mando Único Policial y la presencia de los militares en las tareas civiles de Seguridad Pública bajo el falso discurso de que Tijuana es el "modelo" de seguridad que el país requiere.
La coyuntura que aprovecha el régimen de Felipe Calderón y del gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, es la próxima toma de protesta de los 5 alcaldes de los ayuntamientos del estado, todos del PRI, partido de "oposición", ofreciendoles recursos a cambio de que acepten todas las condiciones de control militar de la Seguridad Pública, irrumpiendo la autonomía municipal y el federalismo.
Envío artículo para su atenta consideración.
Atte:
RAUL RAMIREZ BAENA
Ex Ombudsman de Baja California y
Presidente de la
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC
(686) 172 7956
Mexicali, Baja California.
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BC, LABORATORIO DEL MANDO UNICO POLICIAL Y DE LA MILITARIZACION DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
Por Raúl Ramírez Baena*
Bajo una profusa campaña mediática pagada con recursos públicos, Tijuana ha sido presentada como el “modelo exitoso de seguridad” a seguir en todo el país. En el marco de los “Diálogos por la Seguridad”, Felipe Calderón y el alcalde Jorge Ramos, anunciaron los buenos resultados logrados en Tijuana en el combate a la delincuencia organizada y la depuración policíaca (600 policías suspendidos, pocos sentenciados).
“Gracias a la oportuna intervención del Gobierno federal, de las Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano y del gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, se estableció un modelo de coordinación que ha permitido regresarle a los tijuanenses la tranquilidad que se había extraviado y la posibilidad de creer que las cosas podían cambiar[1].
“Ha quedado claro, desde un principio, que la intervención de los militares en el combate al crimen organizado, y en apoyo a las fuerzas civiles, tendrá el carácter de transitorio, pero transitorio en tanto las autoridades civiles tengamos la capacidad, y asumamos la responsabilidad, de ponernos a la altura de las circunstancias que demanda la seguridad pública de los mexicanos”, subrayó Calderón (ídem).
Contradictoriamente, los crímenes, masacres, descabezados y colgados de todos los días en Tijuana auguran una cifra cercana a los 800 ejecutados en el año, 25% más que en el 2009[2]. En México, cuatro municipios concentran el 36% de la ejecuciones: Ciudad Juárez el 20%, y Culiacán, Tijuana y Chihuahua juntas el 16%[3].
Los alcaldes “de oposición”
El próximo 1 de diciembre tomarán la protesta de ley los cinco presidentes municipales de la entidad, todos ellos emanados del PRI, derrotando por primera vez al PAN desde 1989.
En reunión celebrada el pasado 16 de noviembre en las oficinas del ejecutivo estatal, cuyos temas fueron seguridad pública y finanzas (sugestiva combinación), los futuros ediles de los cinco municipios de BC (Mexicali, Tijuana, Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito), priístas todos, aceptaron del gobernador panista y de la cúpula militar someter el “palomeo” de los jefes policiales municipales al ejército y colocar a los titulares (salvo Mexicali) y a “subdirectores operativos” de extracción militar[4], así como la imposición del Mando Único Policial.
Peor aún, el 24 de noviembre, los mismos 5 alcaldes electos, haciendo papilla la autonomía municipal, se reunieron en la Cd. de México con Osuna Millán, el Secretario de Gobernación Francisco Blake Mora, el Secretario de la Defensa Guillermo Galván, el comandante de la II Región Militar Gral. Alfonso Duarte Mújica, el Secretario de Seguridad Pública estatal Daniel de la Rosa y el Procurador General de Justicia de BC, Rommel Moreno, “con el propósito de fortalecer la estrategia de seguridad pública integral”.
Se acordó protocolizar el acuerdo en materia de seguridad pública para el estado el 26 de noviembre en el cuartel del 28º. Batallón de Infantería en Tijuana, “donde además serán presentados los mandos municipales”[5], el mismo donde se arraigó y torturó a decenas de civiles y militares en 2009.
El caso más dramático y que indudablemente le acarreará serios dolores de cabeza a Carlos Bustamante Anchondo, próximo alcalde de Tijuana, es el nombramiento, según fuentes de prensa, del Cap. Gustavo Huerta Martínez como Secretario de Seguridad Pública Municipal (hoy Director de Policía y Tránsito), siendo uno de los señalados por policías municipales ante la ONU, la CIDH, la CNDH y el MP como responsable del delito de tortura junto con su jefe, el Tte. Cor. Julián Leyzaola (Secretario de Seguridad Pública Municipal) y personal de inteligencia militar, en el cuartel El Aguaje de la Tuna en Tijuana, en 2009. Gustavo Huerta es mencionado en la Recomendación 6/2010 de la PDH por los delitos de tortura, dando vista al Ministerio Público. Como si nada pasara.
De ser así, esto colocaría en situación extremadamente vulnerable a los ex policías denunciantes y a las defensoras Silvia Vázquez y Blanca Mesina, quienes tuvieron que huir de Tijuana ante las graves amenazas de muerte que recibieron por su coadyuvancia en la documentación y seguimiento de los casos de arraigo y tortura de civiles y policías en los cuarteles militares de Tijuana. El caso mereció una Recomendación al Estado mexicano por la CIDH y otra de la CNDH, que hasta la fecha no se han cumplido
Escalada militar y Mando Único
Colocar a militares como titulares de las policiales municipales y como directores de las policías ministerial y Estatal Preventiva, como ya sucede en BC, es contrario al espíritu y principios establecidos en el Artículo 21 Constitucional: “Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinario y profesional” (subrayados nuestros).
Por otro lado, sin que se hubieran realizado las reformas constitucionales de rigor y sin consultar a nadie, el Gral. Alfonso Duarte Mújica fue nombrado por el gobernador Osuna Millán como jefe del Mando Único Policial[6].
El mismo Gral. Duarte Mújica, hasta hace unos días comandante de la II Zona Militar con sede en Tijuana (en cuyos cuarteles se registró el mayor número de quejas por tortura en el país en el año 2009), recién ha sido promovido a comandante de la II Región Militar, con incidencia en Baja California, Baja California Sur y Sonora
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