Después de más de cuatro meses de maniobras dilatorias de Javier Lozano Alarcón, finalmente la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), a propuesta de la dirección del Sindicado Mexicano de Electricistas (SME), aceptó reponer el proceso electoral en el que sólo votarán los trabajadores que no han cobrado su liquidación y aproximadamente 22 mil jubilados, todos agremiados al SME. Como se sabe, la negativa de toma de nota a la planilla triunfadora, encabezada por Martín Esparza Flores, formó parte de la estrategia de guerra de exterminio contra un gremio democrático como pocos en México, en tres tiempos tácticos: dividir, descabezar y destruir un sindicato precursor de los derechos obreros plasmados en el artículo 123, baluarte en la lucha contra la privatización eléctrica y articulador fundamental en la batalla por la democracia y el cambio social profundo en México.
Los planes para golpear al SME se forjaron desde el salinismo y su contrarreforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de diciembre de 1992, para privatizar el patrimonio nacional eléctrico en los contextos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, el proyecto salinista se estropeó bajo el empuje de la rebelión indígena del EZLN y tuvo que ceder a la demanda del SME para crear Luz y Fuerza del Centro (LFC), en 1994, pero sin alterar los mecanismos de descapitalización basados en la compra de energía eléctrica cara a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Zedillo lo intentó por la vía de una contrarreforma al párrafo sexto del artículo 27 constitucional, que fue desechada por el Senado de la República en 2002. Vicente Fox lo buscó mediante otra contrarreforma al artículo 27 constitucional que fue enviada a la congeladora legislativa; mientras el peso del capital privado en la generación eléctrica avanzó de manera acelerada en CFE, hasta alcanzar este año más de 40 por ciento del total generado.
El gran obstáculo seguía siendo el SME, pues con un contrato colectivo de trabajo forjado en décadas de lucha impidió, a diferencia del Suterm (Sindicato Únicto de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana) y CFE, la participación de empresas eléctricas privadas en la región de Compañía de Luz y luego de LFC. Para los neoliberales, particularmente Fox y Calderón, esto era inadmisible desde el punto de vista de los jugosos negocios en puerta, pues la región atendida por LFC concentra cerca de 40 por ciento del producto interno Bruto nacional y su fibra óptica ya estaba en los planes de las trasnacionales asociada a la burguesía burocrática.
Por tal razón, incapaz de lograr una contrarreforma al artículo 27 constitucional, desde comienzos de 2009 el gobierno alentó y auspició la formación de una planilla para contender en las elecciones internas para el cargo de secretario general. La intención del gobierno era sentar una cabeza de playa al interior del SME. Sin embargo, pese a los millonarios recursos invertidos en la campaña electoral de los judas opositores, el resultado electoral, a partir del voto universal, secreto y directo, dio el triunfo a la planilla de Martín Esparza Flores. En una apretada contienda en la que se emitieron más de 55 mil votos, la diferencia en su favor fue de 352 votos, que los escrutadores de la planilla opositora contaron tres veces y, finalmente, con su firma avalaron los resultados en las once divisiones sindicales del SME. No obstante, después de unas misteriosas llamadas telefónicas, se negaron a firmar el acta final electoral. Días después presentaron sendos recursos de queja y amparo en la Secretaría del Trabajo y en la JFCA, denunciando un inexistente fraude electoral. Acción nunca antes realizada desde la fundación del SME, el 14 de diciembre de 1914, abriendo con ello las puertas a la intromisión del gobierno en los asuntos internos del SME y violentando su autonomía y libertad sindical.
La intención de Javier Lozano era promover la división al interior del SME, sin embargo, frente a la intromisión del gobierno federal, miles de electricistas cerraron filas en torno al sindicato, rechazando la acción entreguista y traidora de unos cuantos. Para el 5 de octubre de 2009, cuando Lozano Alarcón hizo pública la negativa de toma de nota a la dirección electa del SME, los opositores se habían quedado prácticamente solos. El fracaso parcial de la negativa de toma de nota aceleró los preparativos calderonistas de exterminar al SME y su contrato colectivo de trabajo, que inicialmente habían calculado para el 16 marzo de 2010 y que adelantaron para la oscura noche fascista del 10 de octubre.
La heroica resistencia de miles de trabajadores del SME que con coraje y dignidad rechazaron las liquidaciones y sus generosos bonos y se incorporaron a la lucha, forma parte ya de los episodios más destacados de la gestas obreras en México y en el mundo. El proyecto exterminador de Calderón y Lozano está siendo derrotado por la conciencia gremial de resistir un día más que el gobierno federal, que sabe que su tiempo político está concluyendo, y como se verá en los próximos días, la reposición del proceso electoral por medio de uno de los pilares de la democracia sindical, el voto universal, secreto y directo de miles de trabajadores que no aceptaron su liquidación y de jubilados, permitirá al SME consolidar su unidad interna y fortalecer su autonomía y libertad gremiales, ratificando la representación legal que encabeza Martín Esparza y en la perspectiva de conquistar la figura de patrón sustituto, mediante una reforma a la ley eléctrica que será discutida antes del 15 de diciembre en la Cámara de Diputados.
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