Ha transcurrido más de un año desde que se instaló la 61 Legislatura de la Cámara de Diputados. En ella el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene 237 legisladores, es decir, cuenta con una holgada mayoría. Lo sigue, muy de lejos, el Partido Acción Nacional (PAN) con 143 diputados.
¿De qué ha servido al tricolor contar con la mayoría en San Lázaro? No se trata de una pregunta ociosa. Si, como algunos analistas señalan, es inminente su regreso a Los Pinos, su actual desempeño en la Cámara anticipa el rumbo que desea imprimir al país. Más aún si se considera que el control de este órgano legislativo lo tiene Enrique Peña Nieto, el más aventajado entre los aspirantes a la Presidencia de la República.
Para responder a esta pregunta hay que analizar el comportamiento del partido en seis asuntos centrales: a) la negociación del presupuesto de Egresos; b) la reforma política; c) la elección de consejeros del IFE; d) la definición de la presidencia de la Cámara, e) el caso del diputado Julio César Godoy Toscano y f) la historia de las diputadas juanitas. En todos esos rubros la posición que ha asumido ha sido errática.
El proceso legislativo sobre la Ley de Ingresos para 2010 tuvo tres elementos medulares: 1) la propuesta del gobierno federal de un impuesto de 2 por ciento para el combate a la pobreza; 2) el tránsito entre el debate sobre este gravamen y la discusión de incrementar el IVA de 15 a 16 por ciento, y 3) el acuerdo entre PAN y PRI para evitar la alianza del blanquiazul con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado de México con miras al proceso electoral local de 2011.
El impuesto para el combate a la pobreza fue enterrado, pero se sustituyó con una propuesta alterna: incrementar el IVA de 15 a 16 por ciento. El acuerdo fue negociado directamente por diputados priístas con el entonces secretario Carstens, pero los legisladores del tricolor intentaron no pagar el costo político. El trato incluyó el apoyo en paquete para la aprobación no únicamente del incremento en la tasa de IVA a 16 por ciento en el país –excepto en alimentos y medicinas–, sino de otros gravámenes.
La negociación precipitó un alud de inconformidades. Los senadores de ese partido lo objetaron e incluso amagaron con modificarlo. Sin embargo, fue aprobado. En la distribución de los recursos fueron favorecidos varios gobiernos estatales, muy especialmente el del estado de México.
Como resultado del acuerdo, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, renunció a su militancia en el PAN. Varios priístas atribuyeron la decisión al incumplimiento del blanquiazul de acuerdos concertados para aprobar el paquete económico a cambio de ceder en su propósito de entablar alianzas electorales con el PRD. Obligados por las evidencias, tanto Francisco Rojas Gutiérrez como el secretario Gómez Mont admitieron la existencia del pacto. Peña Nieto reveló que César Nava firmó el acuerdo con Beatriz Paredes.
Con mucho menos estruendo mediático que la negociación del Presupuesto de Egresos 2010, la discusión del paquete económico 2011 no escapó a la misma forma de operar observada un año antes. En ella pueden distinguirse al menos tres momentos distintos: el tránsito de la propuesta de reducción del IVA de 16 a 15 por ciento (y su posterior abandono) al Fondo de Reconstrucción. El cabildeo para otorgar más recursos a Sedena y su posterior declinación. Y la inconformidad y el pataleo de la CNC. En los tres casos, el papelón del tricolor fue mayúsculo. Al descubierto quedó la veleidosidad en la conducción de la fracción parlamentaria, el poco sustento de sus propuestas, y un enorme desgaste de la imagen del partido.
Eso sí, la bancada del PRI logró remontar el recorte de 50 por ciento que el gobierno federal pretendía imponer al presupuesto carretero del estado de México, entidad que recibirá reasignaciones por mil 600 millones de pesos, lo que representa el incremento más alto de los negociados para los estados.
En febrero los senadores priístas presentaron una propuesta de reforma política. Al poco tiempo los diputados de ese instituto político anunciaron que elaborarían un planteamiento distinto. Finalmente, la propuesta del PRI en la Cámara de Diputados, cuyo origen fue atribuido a Peña Nieto, se centró en la eliminación de la cláusula de gobernabilidad y en una confusa mezcla de temas judiciales y electorales, que precipitaron un alud de críticas.
Por ley, el 30 de octubre debió nombrarse a tres consejeros electorales del IFE. Esto no ha sucedido por falta de acuerdos. Más aún, se ha afirmado que el nombramiento podría no resolverse hasta 2011. El PRI mantiene su postura de imponer dos consejeros y dejar uno al PAN. El nombre de los candidatos impulsados por el tricolor es desconocido para la mayoría de los diputados del Revolucionario Institucional.
Al inicio de la legislatura, los coordinadores de todos los grupos parlamentarios convinieron en mantener la práctica de que la mesa directiva fuera presidida, cada año, por un diputado de las tres principales fuerzas políticas. El PRD argumenta que durante el segundo año le corresponde encabezar la presidencia en la Cámara. Sin embargo, el PRI negó la existencia del convenio.
Haciendo un papelón, el diputado Rubén Moreira Valdés, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, acompañó al controvertido Julio César Godoy Toscano –acusado de tener vínculos con el narcotráfico– en su toma de protesta como legislador federal por el partido del sol azteca.
En un lamentable espectáculo al que la prensa bautizó como el caso de las juanitas, entre septiembre de 2009 y febrero de 2010 al menos 19 diputadas federales pidieron licencia indefinida para estar en condición de ceder su lugar a sus suplentes varones, violentando así la cuota de género a que se encuentran sujetos los partidos políticos. Seis de ellas pertenecen al tricolor.
De querer, el PRI cuenta en la Cámara de Diputados con una mayoría suficiente para avanzar en la realización de reformas relevantes. En lugar de ello, camina de desatino en desatino, y de agandalle en agandalle. ¿Para eso quiere la Presidencia?
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