Enrique Méndez y Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Jueves 9 de diciembre de 2010, p. 29
La Cámara de Diputados citó a comparecer al director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, y al subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade, con objeto de explicar el uso y destino de 589 mil 525 millones de pesos (4.2 por ciento del PIB) que el gobierno destinará al subsidiar a los grandes empresarios y a un sector de servicios públicos en 2011.
Al reunirse la comisión especial para analizar los gastos fiscales, se determinó introducir en la ley de ingresos 2011 un nuevo paquete de evaluación del gasto del Ejecutivo, con objeto de cuantificar los beneficios sociales, indicar los sectores beneficiados y la factibilidad legal de aplicar el régimen de subsidio –a través de la consolidación– a ciertos sectores de la economía.
El órgano legislativo sostuvo ayer que el Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF) constituye un monto sumamente importante de los recursos que el erario federal deja de percibir, con el objetivo de impulsar el crecimiento y desarrollo de diferentes sectores económicos a través de tasas diferenciadas en impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales según en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal.
Para el ejercicio 2011 el Ejecutivo federal estima que el PGF ascenderá a 589 mil 525 millones 300 mil pesos. Con objeto de cerrar el paso a la opacidad gubernamental en el manejo de los recursos públicos, se incorporaron candados en el artículo 27 de la ley de ingresos de la Federación 2011, con objeto de incorporar la metodología utilizada para realizar la estimación del PGF; enunciar el sustento jurídico que respalde la inclusión de cada concepto o partida del PGF; indicar los sectores o actividades beneficiados por cada concepto, en su caso, y cuantificar los beneficios sociales y económicos asociados a los gastos fiscales.
Así, el gobierno calderonista se obligará a presentar ante la Cámara de Diputados, en junio de 2011, un documento con información suficiente del PGF para el ejercicio fiscal 2012, al cual se aplicará la siguiente metodología: Estimar que los gastos fiscales se sustenten en parámetros objetivos, cuantificables, que permitan dar un seguimiento a su ejercicio; identificar los márgenes de discrecionalidad de Hacienda para otorgar exenciones, subsidios y créditos fiscales, etc., que deben ser mínimos; analizar el espíritu de la normatividad que dio origen a cada concepto del PGF, a fin de determinar si los objetivos de la misma se han cumplido o si siguen siendo válidos; proponer reformas a las disposiciones fiscales que resulten necesarias.
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