Año con año es lo mismo. Por estas fechas de fin de año comienza el masivo retorno a México de compatriotas que radican en Estados Unidos, quienes viven un verdadero viacrucis para llegar a sus destinos dentro de territorio nacional, temerosos de ser detenidos, extorsionados y asaltados, ya no sólo por bandas del crimen organizado, sino por los propios agentes de migración, que paradójicamente tendrían que estar encargados de su seguridad.
De igual manera, cada año se lanzan operativos oficiales de protección a los paisanos, con amplia difusión mediática y amables mensajes de bienvenida, que terminan siendo sólo aparatosas fachadas que enmascaran una cruda realidad, cuyos números están a la vista: de acuerdo con la Secretaría de Asuntos Internacionales de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), los paisanos que ingresan a territorio nacional pierden alrededor de 150 millones de dólares por extorsiones.
Este año se espera que vengan de vacaciones a visitar a sus familias 850 mil mexicanos residentes allende la frontera. ¿Cuántos de ellos serán víctimas de la inseguridad cíclica que los acecha por su condición de migrantes? Parece ocioso hacer, como cada año también, un llamado a la acción atingente y honesta de la autoridad. Hasta ahora los llamados a cumplir con la ley han sido ignorados.
Si bien útil, no basta organizar caravanas de visitantes, como acaba de sugerir la Secretaría de Gobernación, para conjurar la posibilidad de delitos. Parece también insuficiente que este año la Policía Federal despliegue un mapa carretero con posibles “focos rojos” para que los connacionales que regresan al país eviten convertirse en víctimas del crimen organizado. ¿Y de los representantes de la autoridad quién los protege?
Es preciso encarecer el delito a quien lo comete y se sabe impune. Ha crecido el número de organizaciones no gubernamentales encargadas de llevar registro y difundir las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de este tipo de viajero. Congresos locales como los de Durango, Zacatecas, Michoacán e incluso la Asamblea Legislativa del DF han abierto comisiones de seguimiento a este fenómeno, que han de dar resultados efectivos y no nada más ser receptoras de airadas denuncias cuando los delitos ya se cometieron. Una reforzada cultura de la denuncia debe contribuir a abatir el fenómeno, así como un efectivo control de mandos policiacos y militares, tienen qué ser la clave del blindaje efectivo de nuestros compatriotas.
Explotados en Estados Unidos y violentados en su país de origen, los migrantes viven en el peor de los mundos, ya que, o pierden allá o lo hacen acá.
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